En los círculos militares es difícil olvidar la Pascua militar celebrada en 2006, en la que se habló, y mucho, del Estatuto de Cataluña que entonces se estaba fraguando. José Mena Aguado, teniente general del Ejército de Tierra y general jefe de la fuerza terrestre, se refirió a "las graves consecuencias que tanto para las Fuerzas Armadas como institución como para las personas que las integran podría conllevar" la aprobación del texto "en los términos" en los que se planteaba. Acto seguido, recordó el artículo 8 de la Constitución, en el que se recalca que los Ejércitos deben defender la integridad de España y garantizar su soberanía.

Un día más tarde, el 7 de enero, José Bono ordenó su arresto domiciliario y pocas jornadas después el Consejo de Ministros lo cesó de su cargo por "pérdida de confianza".

Son más levantiscos los registradores de la propiedad que las Fuerzas Armadas

Alguien que vivió muy de cerca aquellos acontecimientos considera que ahora, casi diez años después, el escenario es muy diferente: "Son más levantiscos los registradores de la propiedad que las Fuerzas Armadas". Una afirmación de la que discrepan algunos sectores de los diferentes cuerpos militares: "Quizá nos vendría bien que alguien con voz autorizada pronunciase ahora un discurso similar, que dejase claro nuestro papel en caso de que quieran romper el país", apunta, sin elevar demasiado la voz, un alto cargo del mismo Ejército.

Corrillos militares

Estas afirmaciones, no obstante, se mantienen en pequeños corrillos. Los militares recuerdan cómo, aunque entonces no trascendió, algunos de sus compañeros se jugaron el arresto. Es el caso del teniente general del Ejército de Tierra Emilio Pérez Alamán, que entonces era jefe del mando de Canarias. El militar se disponía a rubricar un documento, junto a otros compañeros, en el que manifestaba su apoyo a José Mena Aguado. El texto no llegó a firmarse y no hubo que dirimir responsabilidades.

Esta situación no evitó que cinco generales y 55 altos mandos de las Fuerzas Armadas firmasen otro documento que se publicó en La Razón bajo el título "En apoyo al general Mena": "Las palabras que pronunció públicamente […] son un fiel reflejo de la opinión, la inquietud y el sentir de muchos de los mandos y subordinados de las unidades a sus órdenes".

"Esta es la situación que ahora mismo estamos viviendo", asegura un oficial de la Armada en conversación con EL ESPAÑOL. "Hay muchos efectivos que viven con inquietud esta situación, pero que no alzan la voz para no incumplir el principio de que un militar no debe hacer declaraciones políticas -añade el oficial, remitiéndose a la Ley Orgánica 9/2011 de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas-. No me extrañaría que, antes o después, alguien hiciese algún comentario al respecto".

"El artículo octavo de la Constitución lo deja bastante claro", agrega otro oficial del Ejército de Tierra. "No encuentro el problema a que alguien lo recuerde -considera-. En su día se sacaron de quicio las declaraciones de Mena y muchos pensamos lo mismo de lo que ahora pasa en Cataluña". "No sé si la situación es la misma, pero nuestro deber es apoyar sin reservas al Gobierno de España en cualquier decisión que tome".

Una solución jurídica

Antonio Suárez-Valdés, abogado especialista en Derecho Militar, considera una "obviedad" que la misión de las Fuerzas Armadas pasa por defender la integridad de España: "Así lo recoge la Constitución". "En el caso de que esto desembocara en un conflicto de otra envergadura, que ninguno queremos que llegue a ocurrir, sería el ministro de Defensa el que tomaría la decisión de movilizar a los Ejércitos", señala Suárez-Valdés.

¿Debe cundir el alarmismo ante esta posibilidad? "Entiendo que no -responde el abogado-, porque la solución que se le va a dar a esta situación va a ser jurídica". Según su criterio, el Gobierno "se va a limitar a ejecutar" la resolución del Tribunal Constitucional de este miércoles, en la que suspende por unanimidad la resolución secesionista. "Si el Gobierno funciona como todos esperamos -prosigue-, se ejecutará y aplicará la resolución. Si hay una señora presidenta del Parlamento catalán que desobedece al TC [en referencia a Carme Forcadell], lo normal será que sea detenida e inhabilitada. Si existe un presidente de Cataluña que hace lo mismo, seguirá el mismo proceso".

He oído veladamente algo sobre el uso de los Ejércitos en el tema de Cataluña

Para el subteniente Jorge Bravo Álvarez, que preside la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), el discurso que José Mena pronunció en aquella Pascua militar sonó más a una "amenaza": "El artículo 8 de la Constitución al que él se refirió puede estar sujeto a varias interpretaciones. Yo creo que las Fuerzas Armadas nunca se podrán ni deberán utilizar contra ningún español. Y los catalanes lo son", señala Bravo.

Además, el presidente de la AUME aboga por exprimir "todas las vías del Estado de Derecho" para resolver el problema: "No he visto nada escrito, aunque sí he oído veladamente algo sobre el uso de los Ejércitos en el tema de Cataluña -reconoce el subteniente-. Espero que a nadie se le ocurra decir algo parecido. Que alguien reclame o diga que un territorio es independiente, no va a serlo. La integridad territorial sigue vigente y el Ejército no debería tener nada que ver con eso".