La libertad de Viloca deja en jaque el 'caso del 3%'

El tesorero de CDC, Andreu Viloca, ha quedado en libertad tras veinte días en la cárcel. La Audiencia Provincial de Tarragona ha entendido que no existe riesgo de destrucción de pruebas, a pesar de encontrarle contratos públicos de administraciones catalanas bajo sospecha en su trituradora y a pesar de que el juez que investiga el conocido como 'caso 3%' sostuviera que el responsable de las finanzas del partido que preside Artur Mas esconde documentación esencial para la causa.

Esa documentación que busca la Guardia Civil es clave porque se trata de posibles pruebas que demuestran la financiación ilegal del partido entre los años 2013 a 2015. Sospechosamente, en los registros del despacho y domicilio del tesorero se encontraron datos hasta 2012 y a partir de entonces es como si nada hubiese ocurrido. Se trata de la información más reciente sobre lo que podría cometer el partido actualmente pero ahora con Viloca en la calle se hace muy complicado hallar esta documentación.

La trascendencia de la decisión de la Audiencia Provincial de Tarragona tiene otra consecuencia grave. En las dos ocasiones que el juez del Vendrell, Josep Bosch, ha enviado a la cárcel a dos imputados, el tribunal le ha revocado el auto de prisión. El mensaje que lanza la Sala es claro: en esta causa no va a haber presos preventivos. Esto provoca que se paralice cualquier nuevo intento de enviar a la cárcel ningún otro sospechoso.

Dos presos que dejan libres

El caso sigue abierto y no se puede descartar que tras analizar toda la documentación incautada en los últimos registros, tanto en la sede de CDC, como en la de varias empresas, ayuntamientos y la propia empresa pública de Infraestructuras catalana se desprenda nueva información que lleve al juez, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, a adoptar nuevas medidas.

Sin embargo, el auto por el que Viloca queda libre tras pagar 250.000 euros, unido a la resolución por la que también dejó salir al empresario Jordi Sumarroca bajo fianza de 600.000 euros, ponen un muro difícil de traspasar al instructor, que no va a permitir que su superior le revoque otra prisión. Esto hace indicar que a partir de ahora la causa va a quedar descafeinada en aras a evitar otro varapalo de la Audiencia Provincial de Tarragona, que considera que no hay motivos para entender que ni Viloca ahora ni Sumarroca antes puedan destruir pruebas. Y todo esto, a pesar de que el tribunal reconoce en su resolución que en la causa hay indicios de que existe “un entramado organizado, entramado con una amplia capacidad económica, con contacto con diferentes personas de especial relevancia”.

El tribunal hace suyos los argumentos de Viloca

Los puntos cardinales del tribunal para negarse a dejar a ningún imputado en prisión son tres. Primero, que la investigación lleva abierta desde 2013 y los investigadores han tenido desde entonces tiempo suficiente para incautar toda la documentación necesaria. Además, hace suya la explicación del tesorero, que alegó que entre el primer registro, el 28 de agosto, y el segundo, el 21 de octubre, ha tenido tiempo para destruir todo, con lo cual ya es inútil pensar que queda algo por destruir.

Sin embargo, la Sala omite la explicación que ofreció la Fiscalía Anticorrupción en la vista celebrada este martes para estudiar el recurso de Viloca contra la prisión. En el acto, el Ministerio Público explicó al tribunal que aunque la causa se iniciara efectivamente hace dos años, en ese momento no iba dirigida hacia el tesorero de Convergencia, ni hacia el partido, ni hacia la fundación CatDem. El asunto se inició a raíz de una denuncia contra el alcalde de la localidad tarraconense de Torredembarra, Daniel Masagué, por conceder un contrato para la construcción de un aparcamiento a Teyco, la empresa de Jordi Sumarroca. Fue a raíz de la documentación incautada al empresario en julio de este año cuando los investigadores descubrieron que esta sociedad podría estar pagando comisiones ilegales para CDC a través de su fundación CatDem. Por tanto, el nombre de Viloca no comienza a salir hasta agosto de este año.

Causa prospectiva

El segundo punto al que se agarra la Audiencia es que ni el juez ni la Fiscalía concretan qué documentación está en peligro y ante esta inconcreción no tienen más remedio que dejar a Viloca en libertad. Es exactamente el mismo argumento que empleó la Sala para acordar la libertad de Sumarroca y es precisamente la base del recurso presentado por la defensa del tesorero. Sin embargo, el juez sí señaló exactamente la documentación que corre el peligro de ser destruida si Viloca está libre. Es más, la prisión del tesorero estaba supeditada únicamente a encontrar estos papeles. Una vez hallados sería puesto en libertad automáticamente.

El tercer punto es más preocupante porque el tribunal acusa a la Fiscalía Anticorrupción de llevar a cabo una investigación prospectiva. En su auto sostiene que la argumentación ofrecida por el Ministerio Público sobre el posible riesgo de destrucción de pruebas “se basa en el resultado de una investigación de naturaleza prospectiva sin alcanzar la concreción necesaria y exigible relativa a, actualmente, en el estado en que se encuentra la presente causa, cómo y que actuaciones judiciales instructoras se pueden comprometer con la libertad del hoy apelante”.