El PSOE llevará en su programa electoral el bloqueo de las puertas giratorias durante cinco años a quienes salgan de la política. De los dos años actuales, proponen ampliarlo a cinco y para todo cargo público, no sólo los altos cargos. Esta será una de las medidas de regeneración democrática que presentará este fin de semana el PSOE en la conferencia política en la que dará a conocer sus propuestas para el 20-D.
Este cónclave no será más que la puesta en escena y la foto del programa con el que los socialistas intentarán ganar en las urnas, ya que los grandes compromisos ya se debatieron y cerraron el pasado fin de semana en las comisiones sectoriales.
Esta propuesta, defendida por el PSOE andaluz en la Comisión de Regeneración Democrática, podría quedar más o menos redactada así: "Se regularán de manera exhaustiva los conflictos de intereses para evitar el fenómeno de puertas giratorias, fijando un periodo de incompatibilidad de cinco años posteriores al desempeño del cargo público para quienes pretendan incorporarse ex novo a empresas del sector sobre el que hayan tenido responsabilidades de regulación o gestión”. Lo que falta por saber es si esa limitación al final será también aplicable para los altos funcionarios.
Estos cinco años de barbecho político incorporados al programa electoral supone que el PSOE se corrige a sí mismo, porque en su código ético no dice nada a este respecto. La única incompatibilidad que se recoge en ese documento, que fue aprobado hace justo un año, es que los expresidentes de gobiernos autonómicos o de España tendrán que renunciar a sus retribuciones y beneficios de la condición si optan por ejercer alguna actividad profesional de forma continua. Esta medida electoral podría implicar una revisión de este código, que quedaría obsoleto. También tendría que ser de aplicación en otros ámbitos, es decir, el local y el autonómico.
Crispación por la puerta giratoria
A medida que mayor crispación levantaba el fenómeno de las recolocaciones políticas en la empresa privada, el PSOE ha ido endureciendo su postura. Meritxell Batet, que coordina el programa electoral para las generales, dijo en abril de 2014 que la regulación de las puertas giratorias no podía ser de “brocha gorda”. La número dos del PSOE por Madrid consideraba que habría que ser “muy finos” para evita la “muerte civil” de quienes se dedican transitoriamente la política.
Sin embargo, meses después, en octubre del pasado año, el PSOE ya adelantaba una propuesta con 30 medidas para que se incluyera en el proyecto de ley del alto cargo en la Administración General del Estado, y entre ellas se apuntaba a esta limitación de los cinco años.
Aunque el PSOE lo lleve en su programa electoral, ya hay quien se le ha adelantado. En la Comunidad Valenciana, a propuesta de Compromís, el Consell dio luz verde este martes a una proposición de ley para regular el régimen de incompatibilidades de altos cargos en el que establece el mismo periodo de cinco años.
Una larga lista
La lista de políticos que han saltado de la actividad pública a la privada es amplia. El sector energético ha sido uno de los principales mercados de recolocación. Algunos respetaron los dos años reglamentarios, como Felipe González en Gas Natural y el ex ministro de Economía Pedro Solbes, antes de ingresar en Enel y en Barclays Bank.
Felipe González en el 30ª aniversario de la entrada de España en la UE.
Otros no esperaron, como Elena Salgado, que a los dos meses de soltar la cartera ministerial se colocó de directora de la filial chilena de Endesa, Chilectra. Coló por no ser un mercado nacional y por pedir permiso al Gobierno, como también hicieron Cristina Garmendia o Miguel Ángel Moratinos.
Son pocos los que volvieron a mancharse los dedos con tiza en la universidad, como Alfredo Pérez Rubalcaba; a ponerse la bata blanca, como el ex alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, o a ser funcionarios, como al parecer hará Jesús Caldera en su puesto del Ayuntamiento de Ávila.
El paquete de propuestas defendidas por el PSOE andaluz en la reunión del pasado fin de semana fue aprobado al completo por la Comisión de Regeneración Democrática. En este paquete hay otra medida de calado, pero que este caso, sí tiene su reflejo en el código ético del partido. Se trata de la prohibición de los indultos en los casos de corrupción, tanto en su concesión por parte del Gobierno como en la petición. Según recoge el código ético del PSOE, ni se propondrá ni se apoyará al cargo público que lo pida, ni se solicitará para uno mismo, en caso de delitos ligados a corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, o comisión delitos graves.