El "impuesto revolucionario" académico de la UPV

La Universidad Pública Vasca (UPV) sufrió con intensidad los años del terrorismo de ETA. En sus aulas se mezclaron quienes jalearon la violencia y quienes la rechazaron y una mayoría que trató de esconder el terror bajo la apariencia de normalidad que se extendía al conjunto de la sociedad. Profesores amenazados tuvieron que dejar la docencia y abandonar el País Vasco y otros soportaron un duro exilio interior sintiéndose abandonados y menos apoyados que la banda y sus presos. El trato "de favor" recibido por los reclusos sigue siendo objeto hoy de denuncia, tanto pública como ante los tribunales.

La europarlamentaria de UPyD Maite Pagazaurtundua, ex presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, ha elaborado un amplio informe donde expone la repercusión en la UPV de la estrategia de socialización del sufrimiento adoptada por ETA en 1994.

El documento, Los profesores de la UPV-EHU frente a ETA, de 80 páginas, recopila las situaciones que tensaron la vida universitaria y recuerda a los profesores que alentaron movimientos ciudadanos, como Foro Ermua y Basta ya!, y se enfrentaron a la banda siendo perseguidos por ello. Cuatro años después del cese de la actividad armada, su autora asegura que "sigue haciendo falta su discurso, contra las mentiras, contra el blanqueamiento de la imagen de los asesinos, contra el nuevo lobby del entorno de ETA". UPyD les rinde hoy un homenaje en un acto en San Sebastián, donde intervienen también el filósofo y fundador del partido, Fernando Savater, y la presidenta del Colectivo de Víctimas del terrorismo del País Vasco, Consuelo Ordóñez.

Bajo el apartado La corrupción académica Pagazaurtundua recoge "los beneficios" concedidos hasta 2003 a los reclusos matriculados en la Universidad, en sintonía con la última acción judicial iniciada por Covite contra 76 miembros de la organización por utilizar documentos falsos para redimir condena. En su iniciativa, que acaba de ser admitida a trámite por la Audiencia Nacional, el colectivo argumenta que los afectados falsearon la documentación necesaria para ingresar en la UPV y la UNED con el fin de obtener titulaciones universitarias y acogerse a beneficios penitenciarios que redujeron en algunos casos hasta la mitad su estancia en prisión.

Sigue haciendo falta su discurso, contra las mentiras, contra el blanqueamiento de la imagen de los asesinos, contra el nuevo lobby del entorno de ETA

Desde las primeras denuncias a comienzos de los 2000 la concesión de "privilegios" a los presos de ETA persigue a la UPV, cuyos rectores han negado siempre las acusaciones. En 2013, y tras ocho años de investigación judicial y 36 imputados iniciales, los dos únicos profesores procesados quedaron absueltos. Muchas irregularidades, certificadas por la juez, habían prescrito y otras estaban amparadas por la libertad de cátedra.

Ahora Covite dirige la acción judicial contra los miembros de la banda, no contra los docentes, mientras el Parlamento Vasco (PNV, PSE y EH Bildu) se escuda en la absolución de los profesores para negarse a la petición de PP y UPyD de investigar el tema en el Parlamento.

Seis razones para estudiar en la UPV

La eurodiputada sostiene en su informe que en los ochenta y en los noventa -en 2003 el Gobierno de Aznar modificó la situación con un cambio legislativo- más del 95% de los reclusos de ETA se matriculaba cada año en la UPV, aunque la enseñanza era en teoría presencial, en vez de cursar sus estudios por la UNED. Alude a seis razones, avaladas por testimonios de profesores publicados en diferentes medios de comunicación.

1.- Ayudas Económicas.- A los presos se les concedía la gratuidad de la matrícula, derecho a tres libros de texto gratis por cada asignatura y el Gobierno vasco les ingresaba en sus cuentas "174, 30 euros" para material didáctico. Terroristas huidos de la justicia, como Belén González Peñalba, llegaron a cobrar la cantidad estipulada. "Ni los hijos de los asesinados por ETA, ni ninguna víctima del terrorismo tuvieron ayudas semejantes", sostiene Pagazaurtundua.

2.- Mejores notas.- "Mientras que a cualquier preso le cuesta muchos años hacer una carrera y con notas muy mediocres, en los expedientes de los presos de ETA se disparan los nueves y los dieces", explicó hace ya más de diez años la profesora de Sociología Gotzone Mora en El Mundo. Puso como ejemplo el expediente de Francisco Múgica Garmendia, Pakito, [condenado a más de 2000 años de cárcel por el atentado del cuartel de Zaragoza], que en el último curso de Piscología acumulaba "3 suspensos, 13 notables y 11 sobresalientes y 38 no presentado, que es el recurso de muchos profesores para no calificar un examen en blanco y evitar que al alumno le corra la convocatoria". Según sus datos, referidos a 2002, el 93,75% de los presos de ETA habían superado las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años, frente al 42,85% de los reclusos comunes y el 43,63% de los alumnos fuera de prisión.
El profesor Carlos Martínez Gorriarán, diputado de UPyD, que prologa el documento sobre la Universidad, cuestionó en un artículo en 2003 que se pudiera "evaluar con ecuanimidad" desde el profesorado a quienes actuaban como "verdugos" de una parte del claustro.

3.- Asignación de tutores de HB y su entorno.

4.- Trabajos sin control.- Pagazaurtundua cita en este epígrafe la experiencia de Savater como profesor de Filosofía: "Cada curso se nos presentaba un alumno o alumna como el 'delegado de presos' (…). Les dábamos bibliografía y alguna orientación general y no volvíamos a verles hasta fin de curso, para pedirnos "el examen de los presos"(…). Luego nos traían el supuesto examen, hecho en condiciones académicas ignotas y cuyo contenido a veces no tenía nada que ver con lo preguntado. ¿Cómo calificar aquello? A veces no hacía falta, porque encontrábamos que alguien había puesto la nota de esos alumnos en las actas (…)".

5.- Prácticas sin realizar.- La profesora Mora denunció que los presos aprobaban asignaturas sin efectuar las prácticas obligatorias de laboratorio.

6.- Trabajo en el sector público.- Joseba Mikel Garmendia, acusado de ser miembro de la estructura financiera de ETA, obtuvo en 2003 estando en prisión la plaza de profesor titular de la UPV. De nuevo Mora, que definía la actuación de la Universidad como el pago de un "impuesto revolucionario académico", alertaba contra la estrategia de la banda de "garantizar" a sus presos un puesto de trabajo tras la obtención de una o varias licenciaturas.

La profesora de periodismo Ofa Bezunartea explicó cómo se movían en la Universidad para conseguir sus objetivos. Primero operaba "una red abertzale" en las secretarías de algunas Facultades, como Humanidades, Periodismo, Magisterio, Letras y Psicología, que matriculaba al miembro de ETA según entraba en prisión, todos ellos con DNI "falsos". Después una segunda red "de profesores afines, cuando no miembros de la izquierda abertzale", copaba las comisiones encargadas de las tutorías.

El testimonio del rector de la UPV entre 2000 y 2004, el constitucionalista Manuel Montero, fue menos tajante: "Entre los profesores que examinaron a alumnos presos había algunos de HB y otros que no". El ex rector ampliaba el abanico y culpaba también "al ambiente general", al estamento judicial que no se preocupaba por esas "minucias" y al Estado, "que no existía ni en los 80, ni en los 90".

Las “víctimas” silenciadas

Tanto Montero, como Savater, Mora y Bezunartea, al igual que los también profesores Paco Llera, José María Portillo, José Manuel Susperregi, Mikel Azurmendi, Jon Juaristi, Edurne Uriarte, Mikel Iriondo y Carlos Fernández Casadevante, puestos en la diana de ETA, sufrieron violencia de persecución y se vieron obligados a marcharse. Pagazaurtundua relata las circunstancias de cada uno de estos exiliados forzosos, coincidentes en amenazas, atentados, escoltas y sensaciones de impunidad y abandono.

Suma en su homenaje a quienes se quedaron, pero fueron igualmente perseguidos, como Aurelio Arteta, Juan Antonio Rivas, Ignacio Martínez Churiaque , Enrique Echuburúa y Francisco Doñate. Hubo momentos en que para garantizar la protección de los profesores amenazados la única solución fue que dejaran de acudir a dar clase.

La eurodiputada de UPyD menciona que según datos policiales 65 profesores estuvieron amenazados por ETA en España y que en el País Vasco el número se sitúa en la treintena, "aunque cuesta identificarlos a todos". Recurre a la clasificación del catedrático de la Universidad Complutense de Madrid Antonio Elorza para encuadrarlos en el "tercer círculo" de víctimas, tras los anteriores formados por los asesinados y sus allegados. Un eslabón compuesto por "quienes durante años pudieron pensar con sobrados motivos que se encontraban en la lista de espera para ser asesinados".

Hubo momentos en que para garantizar la protección de los profesores amenazados la única solución fue que dejaran de acudir a dar clase

La época más dura en la UPV transcurrió entre 1997 y 2006, cuando los profesores que abanderaron el Foro de Ermua y Basta Ya! fueron percibidos, según se afirma en el informe, "como los enemigos intelectuales de ETA".

Pagazaurtundua alude a la "ambivalencia de la institución en su conjunto" frente a la "resistencia democrática" de esos docentes que tampoco "gustaban" al nacionalismo institucional y que se enfrentaron a numerosos casos de "violencia simbólica y física" tras levantar la voz contra la "extorsión del mundo de ETA en la Universidad". Pintadas, dianas, notas con amenazas de muerte, simulacros de bombas, incendios de coches, paquetes con explosivo como el dirigido a Edurne Uriarte… La europarlamentaria recuerda con los nombres y apellidos de sus destinatarios aquellos hechos que los convirtieron en víctimas por oponerse a que la izquierda aberztale se "apropiara" de la Universidad para "iniciar" también desde allí "la construcción nacional" de Euskal Herria...

“Artificiosa neutralidad”

Cada uno de los hitos de la batalla librada por esa "minoría" de profesores son objeto de su atención, desde el primer comunicado colectivo suscrito en 1996 hasta la creación de la Plataforma Profesores por la Libertad de 2002, a la que se adhirieron 253 docentes, un porcentaje muy inferior al 10% del total. Su portavoz, Gotzone Mora, y otros seis docentes que comparecieron encapuchados para evitar represalias, denunciaron al año siguiente en Bilbao la concesión de una plaza en la UPV al preso de ETA Joseba Garmendia.

Pagazaurtundua repasa cada uno de esos pronunciamientos minoritarios. dentro del contexto en el que se produjeron: la socialización del sufrimiento, la llegada al Gobierno del PP, el largo pulso a la Universidad de los profesores no numerarios vinculados a la izquierda abertzale y las coacciones que impusieron a sus compañeros, el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el espíritu de Ermua y el pacto de Lizarra y "la radicalización" del PNV. Hasta que en 2003 la ilegalización de Batasuna , con la oposición frontal del nacionalismo no violento, "supuso un cambio histórico en la lucha contra ETA".

La UPV sufrió una ofensiva terrorista sin precedentes

Los años peores en el ámbito universitario los resume Martínez Gorriarán en el prólogo como un cruce de dos voluntades: "una agresiva, de dominación, que buscaba poner la universidad pública al servicio del nacionalismo totalitario sin que importara el precio, y otra de resistencia empeñada en preservar el carácter científico pluralista y abierto atributo de la universidad moderna, incompatible con el fanatismo etarra y con el nacionalismo obligatorio que avanzaba a su rebufo de miedo y complicidad".

La confrotación se impuso con una finalidad política clara. "La UPV sufrió una ofensiva terrorista sin precedentes porque atrajo sobre ella un doble objetivo: conseguir el control y la supremacía ideológica y eliminar a los movimientos cívicos que estaban disputando la calle y el relato", asegura el diputado de UPyD.

Martínez Gorriarán señala a quienes adoptaron "una neutralidad artificiosamente argumentada”, no comparte los intentos del rector Montero, también amenazado de muerte, por su "afán de [aparentar] normalidad" y de "minimizar la trama de los privilegios" otorgados a los presos y denuncia la "insensible" actuación del actual equipo rectoral, dirigido por Iñaki Goirizelaia. Éste conminó en 2013 a seis profesores "exiliados" por culpa de ETA a volver a su actividad laboral, "como si se hubiera tratado de una baja laboral por enfermedad o un largo periodo sabático", sin reconocimiento alguno al papel jugado en defensa de las libertades.

Una de las personas concernidas, Sara Torres, ya fallecida, se negó a aceptar ese regreso. A ella, profesora de Estética de la UPV, se debe la compilación de artículos y viñetas periodísticas, muchas de de ellas publicadas en Deia, e incorporadas por Pagazaurtundua a su informe para explicar la "dureza extrema" del nacionalismo institucional hacia los perseguidos durante la vigencia del Pacto de Lizarra.

Su viudo, Fernando Savater, que cierra el trabajo llevado a cabo por la diputada de UPyD, revisa en su epílogo el comportamiento de sus colegas en los años más duros, cuando ahora muchos reconocen que "miraron para otro lado".

En sus conclusiones no ahorra adjetivos sobre "los que niegan o minimizan lo que pasó, los que dicen que no hay pruebas de que se favoreciese constante y torticeramente a los terroristas presos para convertirlos en pseudoestudiantes modélicos, los que afirman que ellos llegaron después – en ocasiones beneficiándose de los puestos que dejaron libres los que tuvieron que marcharse- y que por tanto no saben nada de nada, esos son los rentistas de la coacción y la violencia del pasado, los encubridores de los peores, unos perfectos sinvergüenzas".

Savater se despide con una apelación a los "justicieros" programas de televisión como Salvados o Las mañanas de Cuatro, instándoles a airear "los favores culpables que se hicieron a los terroristas" desde la UPV. "¿Se van a ocupar los artistas de la recuperación de la Memoria de estos asuntos? No se preocupen, nosotros vamos a seguir haciéndolo y no pensamos arriar la bandera", promete finalmente el filósofo.

Covite , el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, ha vuelto a poner sobre la mesa el pasado menos glorioso de la Universidad pública vasca (UPV) con su denuncia admitida a trámite en la Audiencia Nacional contra 75 presos de ETA por utilizar documentos académicos falsos para la redención de años de condena.