El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha tomado declaración en calidad de imputado al dueño del Grupo Globalia (compuesto por Air Europa, Halcón Viajes, Viajes Ecuador y tubillete.com o Travelplan), Juan José Hildago, por un delito de fraude de subvenciones que habría cometido en la obtención de ayudas del Ministerio de Fomento para que los residentes de Canarias e Islas Baleares puedan volar a la península.
Según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes de la investigación, el magistrado ha admitido a trámite la querella interpuesta por la Fiscalía contra Juan José Hidalgo por haber defraudado, supuestamente, 13,5 millones de euros de fondos públicos estatales entre los años 2009 a 2013. La imputación se centra en haber obtenido ilícitamente más subvenciones que las que les corresponderían.
Secreto de sumario
Velasco mantiene la causa bajo secreto de sumario porque tiene pendiente la realización de diligencias. En el marco de la investigación, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional interrogó este lunes a Hidalgo en calidad de imputado por el supuesto engaño que habría llevado a cabo durante cuatro años.
24 horas después de comparecer como imputado, Hidalgo se dispuso a preparar un viaje a Roma, donde tiene previsto ser recibido por el Papa Francisco.
Según fuentes de la investigación, Air Europa tenía fijadas unas tarifas por los billetes entre las islas y la península. Fomento subvenciona el 50% de los billetes emitidos a residentes. El problema surge cuando las empresas del grupo Globalia empiezan a aplicar descuentos a determinados grupos por debajo de la tarifa y, sin embargo, a Fomento le seguían reclamando el 50% de la tarifa completa subvencionada, no el 50% de la tarifa rebajada. El Estado habría pagado durante cuatro años la mitad de miles de billetes a un precio superior al real.
"No sé nada"
Las fuentes consultadas han señalado que el interrogatorio del instructor se centró en cómo se compone el precio de los distintos billetes. La respuesta de Hidalgo fue que "no sabe nada" porque no se ocupaba de esa materia.
El juez le reclamó documentación que Globalia va a entregar de forma inmediata. Además, Velasco tiene previsto llamar a declarar a otros directivos que tendrían conocimiento de cómo se fijan los distintos conceptos del precio de un billete.
Hace varias semanas, en todo caso antes de ser citado a declarar, el propietario de la segunda aerolínea española devolvió a Fomento la integridad de la cantidad reclamada por el Ministerio y, por tanto, el asunto se da por concluido en la vía administrativa. Paralelamente a la investigación abierta en la Audiencia Nacional, el Ministerio que dirige Ana Pastor le había abierto un expediente de reintegro tras una denuncia interpuesta de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV).
Según fuentes conocedoras del asunto, Fomento analizó billete por billete cada uno de los emitidos en los cuatro años que se centra la investigación y cifró en 13,5 millones de euros la cuantía. Se reclamó la cantidad a Hidalgo y éste en 24 horas, según estas fuentes, abonó la cantidad sin ningún tipo de negociación ni acuerdo por su parte. Fuentes de la compañía, sin embargo, sostienen que han estado en negociaciones para pactar un acuerdo.
La UDEF investiga más
De esta manera, el grupo confiaba que no prosperase la querella interpuesta por la Fiscalía que dirige Javier Zaragoza. Sin embargo, el Ministerio Público optó por presentarla y el juez Velasco la ha admitido a trámite. Por ahora, se está llevando la investigación junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF), que está analizando el fraude por si la causa puede continuar por otras vías.
El artículo 308 del Código Penal establece que "quedará exento de responsabilidad penal, en relación con las subvenciones, desgravaciones o ayudas, el que reintegre las cantidades recibidas, incrementadas en un interés anual equivalente al interés legal del dinero aumentado en dos puntos porcentuales, desde el momento en que las actuaciones de inspección o control en relación con dichas subvenciones, desgravaciones o ayudas, o en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante de la Administración autonómica o local de que se trate interponga querella o denuncia contra aquél dirigida".
El precepto permitiría la exención de responsabilidad penal o la aplicación cualificada de una circunstancia atenuante. Pero en caso de que juez y fiscal opten por continuar el proceso e ir a juicio, Hidalgo podría enfrentarse a una pena de hasta cinco años de prisión y una multa de hasta seis veces el importe defraudado.