Un grupo de policías dispone en estos momentos de documentos internos de la familia Bárcenas que nunca han sido entregados al juez. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a una batería de manuscritos, extractos bancarios e información contable que está siendo utilizada durante los últimos meses como arma arrojadiza por parte de una facción de la Policía contra otra. En el primer bando, el comisario Marcelino Martín Blas, ex responsable de la Unidad de Asuntos Internos. En el opuesto, el comisario José Manuel Villarejo, adscrito a la Dirección Adjunta Operativa.
Integrantes de la primera facción policial acusan de forma soterrada a los de la segunda de haberse apoderado ilegalmente de estas pruebas utilizando como coartada una operación encaminada a encontrar el dinero oculto del ex tesorero del PP. Este operativo fue bautizado en clave interna como Operación Kitchen. El segundo bando, por su parte, también atribuye al primero la comisión de estas ilegalidades con objeto de favorecer al Gobierno del PP.
Este periódico tiene en su poder parte de estas pruebas documentales y ha cotejado su veracidad con la familia Bárcenas. Sus miembros reconocen como suyos los documentos y coinciden en que se trata, en su mayoría, de material custodiado en su domicilio y que forma parte de su estrategia de defensa. Se trata, por lo tanto, de manuscritos e informes que nunca han visto la luz porque los Bárcenas no han querido utilizarlos judicialmente hasta la fecha.
En la reyerta policial se intenta atribuir la autoría de las posibles ilegalidades a Villarejo, al que se acusa de haberse extralimitado en la denominada Operación Kitchen. En dicho operativo fueron captados como informadores miembros del entorno de la familia. Entre el cruce de acusaciones hay que situar también la de que estas maniobras estarían dirigidas por altos cargos del PP.
El rastro de los nuevos papeles
El material en cuestión se encontraba en casa del ex tesorero durante el verano de 2013 y fue trasladado en al menos una ocasión en el vehículo particular de la familia. El coche lo conducía el escolta y chófer del matrimonio, que ha ingresado en la Policía Nacional.
La aparición de estas nuevas pruebas documentales constituye el último episodio de la guerra intestina que se libra desde hace más de un año en el corazón de la Policía y que mantiene a dos grupos claramente enfrentados. Las disputas estallaron públicamente hace poco menos de un año con motivo del denominado caso del Pequeño Nicolás.
Poco después de la detención por estafa por parte de Asuntos Internos de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, Martín Blas confeccionó un informe que destapó la caja de los truenos. En él situaba a Villarejo en el madrileño parque del Canal de Isabel II el mismo día y a la misma hora que el joven estaba allí. De esta manera intentaba vincular al policía con el presunto estafador y lo incorporaba a la investigación judicial.
Tras demostrarse que el identificado era un pensionista anónimo con cierto parecido al policía, Villarejo interpuso una demanda contra Martín Blas. En ella le acusaba de fabricar pruebas contra él y finalmente fue archivada. No obstante, la denuncia iba mucho más allá.
Explicaba que la identificación falsa, lejos de tratarse de un error casual, era una venganza urdida en el contexto de lo que denominó “gestiones de máximo secreto directamente para la dirección del PP”. Y que, recalcó Villarejo, son “ajenas a las funciones policiales”. Se refería, sin citarla expresamente, a la Operación Kitchen, bautizada así en alusión al término cocinero, utilizado como nombre en clave para referirse a los confidentes policiales que filtraban información sobre los Bárcenas.
Tras la fallida demanda de Villarejo, ha llegado el momento del contraataque por parte del primero de los bandos. La réplica ha coincidido con la aparición de los documentos personales de los Bárcenas.
El contraataque de Blas contra Villarejo
Altos mandos de la Policía han confirmado a este diario la existencia de un operativo policial destinado a la búsqueda del posible botín oculto del matrimonio. Sin embargo, estas mismas fuentes niegan tajantemente haber dado instrucción alguna a los agentes para robar documentación o para averiguar qué pruebas comprometedoras contra el PP atesora el también ex senador.
La guerra policial se ha recrudecido todavía más durante las últimas semanas al impulsar Martín Blas a través del Juzgado de Instrucción número dos de Madrid, en el que se investiga al Pequeño Nicolás, una nueva pieza secreta. Este mando policial intenta atribuir a Villarejo en este sumario otra actuación delictiva: la grabación de una conversación entre agentes de Asuntos Internos y miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
La charla, tal y como concluye la Policía Científica, fue registrada por alguno de los asistentes utilizando para ello su teléfono móvil. La cinta desvela interioridades de la investigación del caso del Pequeño Nicolás. En este procedimiento judicial han testificado durante las últimas semanas destacados miembros policiales, salpicando ya la guerra a la cúpula del Cuerpo.