El PP ha avisado de la cuenta atrás para que prescriba un “macroexpediente” del escándalo de los fondos de formación para el empleo que podría llegar hasta los 8 millones de euros. En este expediente, según los 'populares' andaluces hay dos claves: UGT, que fue quien impartió los cursos de formación para parados, y que el marido de Susana Díaz, estaba en nómina como administrativo de estos cursos.
Los populares avisan de que faltan tan sólo cuatro días para que el expediente caduque y quieren saber qué está haciendo la Junta para evitarlo. La respuesta oficial: el PP miente y aún quedan dos años por delante.
Aunque la Junta haya dado ese plazo, el PP no ha sido informado. Con preguntas por escrito y orales en comisiones parlamentarias, han estado interesándose sobre ese expediente desde el pasado mes de julio. En todas estas ocasiones han querido respuestas claras sobre la situación en la que está el expediente, que está “plagado de irregularidades”, según el PP. La Fiscalía Superior de Andalucía también tiene bajo lupa dicho documento.
Comparecencia ante el Parlamento
El PP tiene claro que, como poco, son 204.868 euros los que se tienen que devolver por corresponder a unos importes no justificados. Un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía que así lo avala. En mayo de 2012, el órgano de fiscalización realizó una propuesta de reintegro por esa cantidad por importes no justificados.
Con los documentos que obran en poder del PP, y a la vista de que ese expediente aparece el nombre del marido Díaz, el portavoz parlamentario del PP, Carlos Rojas, cree que es un caso “gravísimo” que afecta directamente a la presidenta y que, por tanto, esta debería comparecer en el Parlamento para despejar las dudas.
Con su denuncia, el PP quiere evitar que el PSOE y Díaz salgan indemnes del caso de los fondos de formación en esta campaña electoral. Desde la Consejería de Empleo se ha calificado “miserable” la estrategia de los populares ante la cercanía de unas elecciones.
Aparte de los dos años de plazo, lo que la Junta ha explicado es que en la tramitación de los expedientes de subvenciones se está siguiendo un criterio cronológico en su liquidación. El fin que se persigue es garantizar así el control sobre el uso de los fondos públicos, atendiendo primero a los expedientes más antiguos para evitar que se produzca su prescripción.
Para el PP, la respuesta de la Junta es claramente insuficiente porque sigue sin despejar las cuestiones que han planteado.
"Hay miedo a que las cosas sean transparentes"
Como ya hiciera Podemos, el PP también se ha sumado a la petición de que se convoque de manera urgente la comisión de investigación del fraude de los fondos de formación para intentar reactivarla. Los expedientes están depositados en cajas en una habitación cerrada bajo llave, con vigilancia y no se puede ni fotocopiar ni escanear, sólo se puede consultar con papel y bolígrafo.
Esto último también ha sido denunciado por Podemos. El juez Juan Pedro Yllanes, que encabeza la lista de la formación morada por Baleares y que iba a juzgar el caso Nóos, se reunió con la líder andaluza, Teresa Rodríguez, y criticó duramente las condiciones en las que se está llevando la investigación en la Cámara andaluza.
Yllanes consideró muy sintomático que la documentación no se pueda escanear y aseguró que si se hubiese denegado digitalizar la documentación del caso Nóos, habría habido “serias dificultades” para ordenar el juicio, además de permitir que los plazos fueran más cortos. La única explicación que el juez ha encontrado a la actitud de la Junta es que “hay miedo a que las cosas sean transparentes”.