El Partido Popular se muestra orgulloso de su particular forma de luchar contra la corrupción. En la presentación del primer bloque de su programa electoral, La España que queremos, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal; la vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el ministro de Justicia y número 1 por Cuenca, Rafael Catalá, han presumido de que “hoy la corrupción es más difícil que ayer porque hemos cerrado espacios a la opacidad y fijado más controles que nunca”. En la declaración de intenciones del grupo conservador se recoge que los corruptos pagarán “incluso con su propio patrimonio hasta devolver lo robado, para que vuelva a revertir en la sociedad”. Nadie ha mencionado ni a Luis Bárcenas ni a Francisco Granados, dos pesos pesados del partido que hoy están entre rejas acusados de sendos delitos de corrupción.
Desde que EL ESPAÑOL publicase los 'papeles de Rosalía', que dejan en evidencia que altos mandos policiales robaron material sensible de casa del matrimonio Bárcenas Iglesias, nadie del PP se ha atrevido a pedir explicaciones a los supuestos ladrones ni la Fiscalía ha tomado cartas en el asunto. Mientras los implicados miran hacia otro lado, la cúpula del partido acusado por su ex tesorero de cobrar en negro dice hoy que “exigiremos ejemplaridad a los que han sido o son cargos públicos de nuestro partido”. Hace tan solo quince días, dieron el beneplácito para que José Ignacio Llorens, el popular que invertía en chalés de lujo con Bárcenas, ocupara el primer puesto al Congreso de los Diputados por Lérida.
Ante este escenario, el PP se mete de lleno en la precampaña electoral reconociendo que “la corrupción daña la confianza en las instituciones y en la propia democracia”. Así, piden a la Justicia que sea contundente para garantizar que “quien la hace, la paga”. Sobre el papel, el mejor antídoto para los populares contra la corrupción es “las transparencia en cada euro que se gasta, así como el refuerzo de los mecanismos de control”. Pese a los múltiples casos de corrupción donde el PP ha mirado hacia otro lado, ahora se comprometen a “aumentar los medios materiales y personales para ser más eficaces en la lucha contra la corrupción y aprobar reformas legales para mejorar los mecanismos de prevención, control y sanción”.
Otra de las promesas que venden ahora es que “las personas y empresas condenadas por delitos relacionados con la corrupción tienen prohibido por ley volver a contratar con el sector público”. A su juicio, “ahora hay más controles a la financiación de los partidos a través de una ley que, por primera vez, prohíbe las donaciones de las empresas a las fuerzas políticas y pone fin a las condonaciones de las deudas de los partidos políticos con entidades financieras”.
El segundo gran bloque que el PP ha presentado este domingo en Madrid giraba en torno al terrorismo. Cospedal, Levy y Catalá se han felicitado de que hoy, cada vez más, se hable de ETA “en pasado. Lo hemos logrado desde la unidad de los demócratas, con el imperio de la ley y la eficacia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado” y reconocieron que España tiene “un compromiso con las víctimas del terrorismo”. También hubo tiempo de hablar sobre el terrorismo yihadista, uno de los mayores retos globales de nuestro tiempo y el Partido Popular se comprometió a que “utilizará todos los medios al alcance del Estado de Derecho para reforzar la seguridad de todos”.
Reformar la Constitución
En relación al desafío soberanista que sigue sin resolverse, el PP se compromete también a garantizar “siempre que ni España ni la soberanía nacional van a ser troceadas. Aplicaremos todos los recursos y todos los mecanismos que la Constitución nos habilita para plantar cara a los que quieren que una parte de España deje de serlo”. Para conseguir que Cataluña no se desconecte de España, el PP propone “un refuerzo institucional y una mejora de nuestra calidad democrática acorde a los principios que nos son comunes”.
Mariano Rajoy abre la puerta a una reforma de la Constitución “que es de todos y para todos”. Así, abre la puerta a “seguir avanzando en cuantas reformas permitan ganar calidad y madurez a nuestra democracia, reforzando el papel de las Cortes Generales, la representación de los ciudadanos, el pleno respeto a sus intereses y decisiones y el incremento de los ámbitos y mecanismos de participación pública”.