La resolución del Parlamento catalán que declaró el inicio del proceso de ruptura con España, de forma unilateral y sin hacer uso del mecanismo previsto para cambiar la Constitución, tiene los días contados. Los magistrados del Tribunal Constitucional pretenden examinar de forma inminente, incluso en el pleno señalado esta semana, la impugnación del Gobierno de Rajoy contra el acuerdo secesionista, de cuya inconstitucionalidad no se alberga duda alguna.

El ponente de la sentencia, Andrés Ollero, y un equipo de letrados constituido ad hoc para redactar el proyecto de respuesta del tribunal están trabajando full time desde el pasado 11 de noviembre en un texto que se quiere no muy extenso pero sí "claro" y "contundente".

Ese día el TC admitió a trámite la impugnación del Ejecutivo contra la resolución aprobada 48 horas antes (y por nueve votos de diferencia) por el Parlamento de Cataluña, en la que se declara el comienzo del proceso de 'desconexión' con el resto del Estado para constituir una república independiente.

En el pleno del día 11 los magistrados ya hablaron de dar una respuesta sobre el fondo del asunto en el tiempo más breve posible, un objetivo que el TC se ha marcado en otras ocasiones sin conseguirlo pero que esta vez lleva trazas de ser verdad. A ello contribuye, desde luego, la notoria contradicción del acuerdo parlamentario con la Constitución y también el hecho de que el caso haya recaído en un ponente al que le gusta resolver los asuntos de forma expeditiva y con agilidad.

La idea es hacer un primer examen del proyecto de sentencia a lo largo del pleno de esta semana y, si no da tiempo a terminar, prolongar el debate al siguiente pleno de diciembre. Sería, de esta forma, la sentencia más rápida de la historia del Tribunal Constitucional: alrededor de un mes desde que el asunto entró en el registro y hasta que se dicta el pronunciamiento de fondo.

Una suspensión respetada

La celeridad del TC no es ajena a la entidad del órdago a la Constitución que representa la resolución secesionista que han sacado adelante los diputados de Junts pel Sí y la CUP (72) frente a los de Ciudadanos, PSC, Catalunya Sí que es Pot y PP (63). En cuanto recibieron la impugnación del Gobierno, los magistrados fueron unánimes en decretar la suspensión automática del acuerdo parlamentario en términos insólitos: por primera vez, el tribunal acordaba una notificación personal a los miembros de la Mesa del Parlament y a los del Govern en funciones y les advertía, bajo apercibimiento de responsabilidad penal, de su deber de respetar y hacer respetar la suspensión de la resolución independentista.

Los emplazados han cumplido hasta ahora escrupulosamente. El Parlament, incluso, se ha personado -el último día del plazo- en el proceso. En otras palabras, se ha sometido a la jurisdicción del tribunal, de lo que más de uno tenía reservas. El reto ahora es acertar en los términos de una sentencia que se quiere, de nuevo, unánime y, sobre todo, saber cómo hacer frente a los futuros pasos del independentismo catalán.

"Lo complicado va a venir después de la sentencia", consideran fuentes del TC, en alusión a la réplica que tendrá que dar el tribunal en el supuesto de que se desobedezca su pronunciamiento. En la institución encargada de hacer que la Constitución se respete no hay duda de que, llegado el caso, el tribunal contestará. Pero hay un rechazo generalizado a la expectativa del Gobierno de Rajoy de que el TC se convierta en una especie de primera fuerza de choque mientras los inquilinos de la Moncloa permanecen resguardados en palacio, sin articular respuestas políticas.