Desde que comenzó la crisis en España “hemos constatado una destrucción de 5 millones de puestos de trabajo” que no se han canalizado por la vía del despido objetivo individual o del despido por razones económicas, sino que “la mayor vía de extinción de la relación de trabajo ha sido la contratación temporal y la segunda, el despido disciplinario”, ha explicado este miércoles María Emilia Casas. La catedrática de Derecho del Trabajo y presidenta emérita del Tribunal Constitucional ha presentado las conclusiones del trabajo elaborado por un grupo de expertos en el seno de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (Fide).

Los especialistas consideran que la contratación temporal es "un mal endémico que está absolutamente enraizado en la cultura del país. Y la utilización del despido disciplinario también lo es". A su juicio, hay que caminar hacia un modelo en el que "el despido económico sea el 80% de los despidos”, afirma Casas.

Tales objetivos “han sido perseguidos por el legislador español desde hace tiempo, pero lo que el grupo ha detectado es que no lo ha perseguido con habilidad y eficacia. No se lo ha creído suficientemente o incluso se han llegado a utilizar normas que han ido contra de esos objetivos al fomentar la contratación temporal como estímulo del empleo”.

A ello se une “la ineficacia del funcionamiento de las medidas instaladas desde 1984” y la no aplicación de otras herramientas “más difíciles” de implantar como la flexibilidad interna (a través de una reducción del salario o de la jornada), que no consigue convertirse en la alternativa al despido o hacer de éste la última opción.

Los problemas

Los problemas detectados por los expertos son:

- “La complejidad de la regulación de otros mecanismos no anima a su correcta utilización y, en cambio, promueve la utilización indebida del despido improcedente, el despido injusto, el despido disciplinario sin causa”. “En toda Europa el despido injusto es indemnizable. Un despido sin causa tiene que tener un coste”, subraya Casas.

- La aceptación de la contratación temporal como mecanismo ordinario de contratación, en lugar de como mecanismo extraordinario para atender necesidades reales de carácter coyuntural.

“Si la actuación se centra en una contratación temporal como la solución de todos los males empresariales, el empresario no necesita medidas de flexibilidad interna. Si todo se resuelve con un despido disciplinario improcedente no hay que tramitar un ERE (expediente de regulación de empleo) ni ir al despido objetivo individual, que tiene una complejidad mayor. Al final ocurre que el mecanismo de despido disciplinario improcedente, es decir el despido por una infracción grave y culpable del trabajador, no es residual”, explica.

En su opinión, “tenemos que hacer una separación entre la contratación temporal natural y la fraudulenta. Con la primera se atienden las necesidades empresariales, pero con la segunda hay que ser verdaderamente contundentes. Con el despido lo mismo. Un despido disciplinario improcedente es un mecanismo de extinción que no es correcto”.

- Es preciso diseñar cauces funcionales y coherentes para el despido económico, modificando su actual regulación.

Propuesta a los partidos

La propuesta de trabajo de FIDE se presenta como un reto para los partidos políticos en campaña y para la próxima legislatura, sostenida por el peso influyente de quienes han planteado esta “nueva ordenación consensuada en un pacto político y social” de las relaciones laborales y el mercado de trabajo en España, ha señalado María Emilia Casas. Entre ellos, representantes de reconocidos despachos de abogados, magistrados del Tribunal Supremo, directores de grandes empresas, profesores universitarios muy activos en estos foros y representantes sindicales y empresariales.

Se trata de una propuesta que va más allá de un sí o un no a la última reforma laboral del Partido Popular y que aborda conclusiones que ofrecen bastantes pistas en cuanto a asuntos clave: la contratación temporal, el régimen de despido, la flexibilidad interna o la negociación colectiva.

El grupo de trabajo tiene intención de seguir funcionando cuando se forme el próximo gobierno, “sea del color que sea”. “La conveniencia de una nueva regulación legal no se plantea como otra (la enésima) reforma laboral más, vinculada a una determinada opción política”. La propuesta recoge “una reforma en profundidad de la regulación vigente que se pretende consensuada, clara, integral y estable en sus líneas e instituciones básicas”.