La Policía y Fiscalía Anticorrupción acaban de irrumpir en una de las sociedades utilizadas por el hijo menor del ex presidente catalán, Oleguer Pujol Ferrusola, en busca de las comisiones ilegales movidas a través de varias empresas pantallas para evitar su declaración al fisco español. Se trata de una operación ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga al pequeño del clan por ocultar parte de la venta de las oficinas del Banco Santander.
Según ha podido saber EL ESPAÑOL, los investigadores están detrás de la sociedad Marway, a través de la cual Pujol habría pagado al menos 6,2 millones de euros en comisiones. El Ministerio Público busca la identidad del destinatario real de estos fondos, que fueron percibidos bajo el concepto oficial de asesorías inmobiliarias.
El pago realizado por el hijo menor del ex presidente autonómico catalán se enmarca en una de las mayores compraventas llevadas a cabo durante la historia reciente de España: la mastodóntica adquisición de 1.152 oficinas del Banco Santander por nada menos que 2.040 millones de euros.
A falta de esclarecer la gran incógnita sobre la que pivotan las indagaciones judiciales (cuánto dinero de origen ilícito pudo llegar a introducir el hijo pequeño del ex presidente autonómico catalán en sus compraventas), se interpone ahora un nuevo interrogante. ¿Por qué exigió Oleguer el pago de esa comisión a una sociedad instrumental holandesa denominada Marway concebida para ocultar la identidad real de su propietario? ¿Se trata realmente de un pago a un intermediario por conseguir el negocio inmobiliario o los fondos persiguen otro destino con tintes políticos? Y, sobre todo, ¿quién se oculta detrás de la misteriosa Marway?
Según las investigaciones, Oleguer Pujol habría desviado parte del dinero obtenido por la venta de las oficinas del Santander a varias sociedades instrumentales. Se desvió 5 millones de euros a través de la holandesa Ard Choille y 6,2 a través de Marway. Según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el hijo del 'ex molt honorable' habría llevado a cabo una “utilización instrumental” de esta sociedad holandesa. Es más, los agentes sospechan que el propietario de Ard Choille, Jacob Broers, ha puesto en otras ocasiones su empresa al servicio de otros clientes, principalmente en Cataluña, “para que pueda ser utilizada como sociedad pantalla”, como ocurrió en el 'caso Pretoria'.
Con la misma operativa se desvió a través de Marway B.V 6,2 millones de euros. Es más, las dos sociedades tienen un vínculo común, ITPS Group (propiedad de Jacob Broers, dueño de Ard Choille). La Policía y Fiscalía sospechan que tanto Ard Choille como Marway fueron utilizadas como sociedades pantalla con el fin de dificultar la identificación de las personas físicas perceptoras de las comisiones derivadas de la compra de los inmuebles del Banco Santander y que esta utilización contó con la imprescindible colaboración y asesoría de Jacob Broers y John Willekes Macdonald (uno de los empleados) a través de los servicios prestados por ITPS Group.
El uso de Marway como sociedad pantalla no se habría limitado en la operación de la compra de sucursales del Banco Santander. En el servidor de la sociedad utilizada para llevar a cabo la venta de las sucursales, Drago Capital -incautado tras la entrada y registro llevada a cabo por la Policía- aparece cómo se habrían desviado comisiones por la compra de activos inmobiliarios del Grupo Prisa a través de Marway, con la firma de un contrato con otra sociedad, Longshore.
Pedraz ha ordenado llevar a cabo este registro para averiguar quien está detrás de estas operaciones de movimiento de dinero, con qué propósito, y seguir su rastro. El magistrado tiene imputado a Oleguer Pujol por posibles delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, tras una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción. Desde que en octubre del pasado año, el magistrado ordenó la entrada y registro de sus domicilios y despachos, la Policía ha estado analizando la ingente documentación incautada. Todavía no han sido interrogados ante el juez, que les llamará una vez se analice la nueva documentación incautada. Además, está por ver si Pedraz decide inhibirse de la causa en favor de su compañero, José de la Mata, que tiene imputado a tres hermanos de Oleguer, y está a punto de asumir el caso abierto al ex presidente y su mujer, Marta Ferrusola, por la ocultación de fondos en Andorra.
En busca de los socios
Tras disponer de indicios de que el entramado de Oleguer se puede deshilachar definitivamente por esta pequeña parte del todo, la Agencia Tributaria solicitó hace ya tres meses al Juzgado de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional el envío de una comisión rogatoria a Holanda para determinar “los beneficiarios y destino” del pago. Tras la preceptiva traducción de la misma, la documentación llegó la semana pasada al fiscal holandés, que dio el visto bueno.
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) confeccionó un escrito en el que explicaba que esta compra millonaria, realizada el 23 de noviembre de 2007 por la sociedad Samos Servicios y Gestiones SLU, se saldó con el pago de al menos 6,2 millones de euros a la sociedad holandesa Marway BV, “domiciliada en Laan Van Meerdervoort 1224 2555 CD’S Gravenhage”. Agrega que figuran como administradores oficiales tres ciudadanos holandeses y que la compañía “durante los ejercicios 2008, 2009 y 2010 sólo ha tenido un empleado”. Es decir, todo apunta a que la empresa es una mera tapadera.
Tal y como detalla la ONIF en relación a Marway, “se desconoce quiénes son sus socios, por lo que se han remitido varios requerimientos de información al Registro Mercantil de los Países Bajos”. No obstante, subraya que existe constancia de un apoderamiento otorgado por Oleguer Pujol a los tres administradores holandeses, por lo que se sospecha que dichos fondos se encuentran bajo su control.
Hacienda propuso al juez Santiago Pedraz que solicitara a las autoridades holandesas todos los movimientos de una cuenta de esta sociedad instrumental en el ING Bank de Amsterdam y que “identifique a las personas físicas y jurídicas que figuran como titulares o autorizados” de esa cuenta. El fisco se interesa por los movimientos que superen los 20.000 euros y quiere conocer el ordenante, el beneficiario y las cuentas bancarias de origen y el destino de los fondos.
Por último, exige los “movimientos de las cuentas bancarias” abiertas por Marway, BV en cualquier entidad de crédito establecida en Holanda desde su apertura y pide que identifique a las personas físicas y jurídicas que figuran como titulares o autorizados” de esas cuentas.
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