66 directivos y consejeros de Cajamadrid y Bankia entre 2003 y 2012 se sentarán en el banquillo por el escándalo de las tarjetas black si el fiscal u otras acusaciones presentan en 10 días escritos de acusación por delitos de apropiación indebida o administración desleal.
Ése es el plazo que les ha dado el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en una resolución conocida esta mañana, en la que da por concluida la investigación del uso de esas tarjetas opacas y abre la fase de preparación de juicio oral.
El instructor ha visto indicios de delito contra esos 66 directivos y consejeros de CajaMadrid y Bankia, entre los que se encuentran dos ex presidentes, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, y el ex jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno. Podrían ser acusados de delitos castigados con un mínimo de seis meses y un máximo de seis años de prisión.
De la 'dignidad' al expolio
Instauradas en 1988, las tarjetas black fueron creadas para "dignificar la función de consejero", en palabras del entonces presidente, Jaime Terceiro, que veía "inadecuado" el importe de las dietas establecidas, "no comparables con las de otras entidades, cajas o bancos", según figura en el acta del Consejo de Administración del 24 de mayo de ese año.
Aunque concebidas "exclusivamente para gastos de representación", lo cierto es que la investigación ha puesto de manifiesto que se utilizaron para "gastos personales y propios", ajenos por completo a las actividades de representación o profesionales.
La resolución judicial subraya que el uso de esas tarjetas se realizó sin soporte contractual, sin previsión estatutaria, sin decisión específica de los órganos de gobierno, sin necesidad de justificar los gastos y sin ser declaradas a Hacienda. Todo ello, además, teniendo en cuenta que, junto a las tarjetas black, los consejeros y ejecutivos disponían de otra tarjeta de empresa.
Se produjeron, así, gastos con cargo a Cajamadrid y/o Bankia por los importes récord de 484.192 euros en el caso del ex director general Ildefonso Sánchez Barcoj y de 456.522 por parte de José Antonio Moral Santín, directivo de la caja a propuesta de Izquierda Unida. El ex presidente Blesa se gastó 436.688 y su sucesor, Rodrigo Rato, 99.054. Spottorno se aprovechó de la tarjeta opaca en un total 235.818 euros.
Los posibles delitos
El juez aprecia la existencia de un supuesto delito de administración desleal "respecto de aquellos imputados que ocuparon cargo en los consejos de administración de ambas entidades" o de apropiación indebida en el resto de los implicados. El primer delito sanciona con prisión de seis meses a cuatro años (en la época de los hechos) a los administradores de una sociedad que "en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económico evaluable a sus socios".
La apropiación indebida que sería aplicable al momento de los hechos sanciona con prisión de seis meses a seis años a quien "en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero (...) que hayan recibido en depósito, comisión o administración o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos".