El juez da un paso más y apunta a contratos públicos como el origen de los fondos de Pujol en Andorra

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata empieza a cerrar el círculo del origen de la familia Pujol. Hasta ahora había dos hechos claros, que el hijo mayor del ex presidente catalán había ganado mucho dinero por contratos sospechosos con empresarios y que la versión de la herencia familiar con la que se justificaron los fondos escondidos en Andorra era inconsistente. Sin embargo, el magistrado ya pone negro sobre blanco el origen de los fondos.

De la Mata hace varios apuntes. El hijo mayor del ex presidente catalán, Jordi Pujol Ferrusola, facturó 11 millones de euros por trabajos no justificados. El “denominador común” de los empresarios cómplices con los Pujol tienen como principal negocio concursos en el sector público, especialmente de tipo urbanístico.

Jordi Pujol i Soley es el titular real de una cuenta en Andorra en la que se ingresaron 307 millones de las antiguas pesetas (1,8 millones de euros) en efectivo en el año 2000. En esa fecha, Pujol era presidente de la Generalitat, y dicho patrimonio “no consta que se justifique con los ingresos ordinarios que hubiere obtenido por razón del cargo público que ostentó durante 23 años”. Y la supuesta herencia de su padre alegada por Pujol no ha sido acreditada.

A lo largo de varios autos judiciales dictados por el magistrado, en los que cita a declarar en calidad de investigados -imputados, antes de la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal- a Pujol i Soley y su mujer Marta Ferrusola, se insiste en que “muchas empresas que suscribieron contratos con Pujol Ferrusola y que realizaron pagos directamente o mediante testaferros, tienen en común que han sido y son adjudicatarios de contratos de servicios y obras públicas”.

Jordi Jr tenía el rol de gestor dentro de la familia, es decir entre sus hermanos y sus padres. Él gestionaba el dinero cobrado por los adjudicatarios públicos a través de empresas suyas y de su mujer, Mercé Gironés, que luego se desviaba a través de diversas formas a varios paraísos fiscales, como Andorra, Panamá, México, Luxemburgo o Islas Vírgenes.

FCC y EMTE, en el foco

Los empresarios, plenamente conocedores de la “organización” que formaba la familia Pujol pagaron por facturas falsas. De la Mata se centra particularmente en FCC y EMTE, respecto de quienes el instructor apunta indiciariamente “a la existencia de ventas simuladas por servicios inexistentes” a entramados societarios utilizados por Pujol Ferrusola, “y también a que algunas compañías, entre las que aparentemente estás FCC y EMTE, han realizado transferencias de dinero a estas empresas, con destino a Pujol Ferrusola, justificándolo mediante facturas falsas en España”.

Esas “enormes cantidades” de dinero obtenido por los empresarios de obras públicas en Cataluña posteriormente se distribuía entre miembros de la “familia/organización, sin causa aparente, con causas improbables o con explicaciones y/o coartadas no justificadas mínimamente”.

En el cuadro sobre el entramado delictivo de la familia Pujol, De la Mata hace otro apunte a reseñar. El dinero oculto en Andorra por la familia Pujol que justificaron como una herencia de Florenci Pujol, que habrían regularizado ante la hacienda española en julio de 2014, y el dinero pagado por adjudicatarios catalanes es lo mismo y, por tanto, debe investigarse conjuntamente, lo que enfatiza aún más en que el trasfondo de la fortuna son pagos a cambio de adjudicaciones públicas en Cataluña.

Pujol lo niega

Ante esta avalancha de información, el ex presidente catalán niega la mayor. Según fuentes de la defensa consultadas por EL ESPAÑOL, “ni existe, ni existirá fundamento para la incriminación del presidente Pujol en blanqueo de capitales, pues ni existe, ni existirá conexión del patrimonio familiar con ejercicio desviado o torcido de la gestión pública”.

Mientras que la defensa insiste en la legalidad de los fondos obtenidos por la familia, De la Mata acusa al hijo mayor de “faltar claramente a la verdad” al negar cuando declaró como imputado en la Audiencia Nacional que poseía cuentas en varios lugares, como después se ha demostrado.

El instructor va más allá y apunta a una operación de blanqueo para alzar bienes y evitar ser bloqueados por la Justicia, comprando una “shell company” en Panamá, traspasando todos sus saldos a ésta en Andorra, para luego transferir todo el dinero a México. De esta manera, evitó que la justicia española embargara cautelarmente 2.435.000 euros.

Este movimiento lo justificó como un préstamo pero sin embargo a Andorra entregó documentos que estaban “desfasados” temporalmente. Todos estos hechos, el juez los califica de graves, además de apuntalar su “trascendencia social” y la “intensidad” de los indicios existentes.