El desvío de fondos públicos al bolsillo del duque de Palma

Pocas veces el autor de un supuesto delito entrega él mismo ante el juzgado la pistola humeante con la que ha perpetrado sus fechorías. Y muchas menos veces ocurre que el arma delatora acabe en manos de unos periodistas que cierran con ella una investigación iniciada años antes. Los astros se alinearon a nuestro favor en un momento complicado de nuestras peripecias profesionales y Urdangarin, cómodamente afincado en el barrio de Bethesda de Washington, se volvió a cruzar en nuestras vidas casi por sorpresa.

Uno de los máximos conocedores de la Justicia balear y de sus intrincados vericuetos así como uno de los funcionarios anónimos que más ha hecho por la regeneración ética del archipiélago durante los últimos años me contaron por separado durante el mes de agosto de 2011 en Mallorca que sobre la mesa del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma languidecían montañas de facturas de los foros organizados por Iñaki Urdangarin años atrás en la Isla.

Ya casi ni me acordaba de aquello, pero se me volvió a despertar la misma curiosidad de antaño y me recorrió la sensación de que nunca llegamos a saber exactamente qué ocurrió entonces. Supimos que el yerno de don Juan Carlos se había llevado más de un millón de euros por cada ciclo de conferencias de apenas 48 horas de duración y que justificó el cobro con conceptos disparatados. Pero muy poco más. Siempre intuimos que el asunto tenía mayor calado por la contundente reacción de la Jefatura del Estado pero ésta también se podía explicar por la alergia de la institución a aparecer en la prensa con informaciones que dañaran su prestigio.

El juez José Castro había abierto diligencias sobre este asunto tras encontrar tangencialmente en uno de los registros del denominado 'caso Palma Arena' documentación sobre los denominados Illes Balears Fórum. Las pesquisas, en forma de pieza separada, llevaban ya meses incoadas, el magistrado tomó declaración casi por cubrir el expediente al ex socio de Urdangarin, Diego Torres, y no albergaba demasiadas esperanzas en el devenir de aquel afluente de un procedimiento en el que realmente se investigaba el posible enriquecimiento ilícito del ex presidente balear Jaume Matas.

La entrega de la pistola humeante

Sin embargo, antes de dar carpetazo definitivo al sumario, Castro requirió a Torres que le acreditase el destino de los fondos públicos que les había entregado el Gobierno balear. Había pasado ya mucho tiempo y lo más normal era que la defensa de Torres se escudase en que no conservaba la documentación. Simple y llanamente porque no tenía obligación legal de custodiarla.

De haberse aplicado la lógica más elemental, el procedimiento judicial se hubiera zanjado de golpe sin posibilidad alguna de reabrirse. Sin embargo, aquel sumario incipiente fue revitalizado con inusitada fuerza por el hasta ese momento principal implicado.

El extravagante abogado de Torres, Manuel González-Peeters, entregó de golpe al juez Castro cerros de facturas desordenadas. Sólo la plena convicción de que el volumen de aquellos legajos espantara al magistrado y le disuadiera de profundizar en ellos podía explicar su entrega. Porque ahí estaban precisamente las grandes pruebas de que Iñaki Urdangarin y Diego Torres no sólo habían cobrado cantidades exorbitantes por sus foros utilizando para ello una entidad supuestamente sin ánimo de lucro. Lo verdaderamente relevante de aquel yacimiento residía en que acreditaba con pelos y señales que el dinero público había sido desviado en proporciones quirúrgicas a los bolsillos del duque de Palma y de su socio. Pero también, y era lo que resultaba más impresionante de todo, de la propia infanta Cristina.

Esas pruebas documentales convertían el asunto de Urdangarin en un monumental escándalo de malversación de fondos públicos que tenía como protagonistas al yerno y a la hija del Rey Juan Carlos. Conseguí copia de la montaña de facturas y nos sumergimos Eduardo Inda y yo, en la soledad de las que hasta hacía bien poco habían sido las oficinas de Veo 7 Televisión, que acababa de ser clausurada con nosotros dentro, en un amasijo de papeles entre los que refulgían facturas libradas al Instituto Nóos por la sociedad Aizoon. Es decir, por una empresa en la que figuraban como socios al 50% los duques de Palma.

En un momento profesional complicado -corría el mes de septiembre de 2011, Eduardo había dejado la dirección de un exitoso diario Marca y yo la subdirección de El Mundo en Baleares que acababa de tumbar a la todopoderosa Maria Antònia Munar para embarcarnos en el proyecto televisivo más efímero que vieron los tiempos-, nos encontrábamos recién incorporados al periódico en su sede central para montar un equipo de investigación. En la práctica, sin embargo, estábamos en tierra de nadie y esa montaña de papeles se nos presentaba como una tabla de salvación que, bien administrada, podía convertirse en nuestro particular desquite periodístico.

Un examen minucioso de aquellas pruebas arrojaban un resultado muy esperanzador. Había facturas millonarias libradas por Urdangarin a Nóos por el supuesto diseño de las conferencias y hasta recibos que contemplaban el supuesto cobro de “comisiones futuras”. Pero lo más hilarante llegó al toparnos con facturas de los foros organizados por Nóos en Valencia que fueron colados para intentar acreditar los cobros recibidos en Baleares.

Nunca habíamos visto torpeza semejante por parte de la defensa de un imputado, sentenciando a su cliente de una manera tan estúpida y poniendo en la picota a la primera institución del Estado. Tal sorpresa nos causó la retahíla de documentos que recuerdo habérselos exhibido a Juan Luis Ortega, nuestro abogado, amigo y ángel de la guarda, para que comprobara hasta dónde podía llegar una estrategia de defensa errática.

La ruptura de la urna de cristal

Verificado el contenido de aquello, quedaba por comprobar cómo respondería El Mundo ante un desafío informativo que abriría una guerra abierta con la Casa Real. Se planteaba con aquella documentación si había llegado por fin el momento de romper la urna de cristal que protegía a la institución y el pacto de silencio que se prolongaba desde la Transición en los medios para no difundir informaciones que afectaran a la Corona. Todo ello, como primera piedra de toque. Si nos poníamos a investigar, que fuera a lo grande, pensamos heridos en nuestro orgullo.

Hicimos una selección de los documentos más ilustrativos, la secretaria Dolores Orozco nos compró unas carpetas de piel que no desmerecían en absoluto su contenido, y subimos al despacho de Pedro J. en la primera planta del edificio con la munición bajo el brazo.

Los escalones de la escalera que comunicaba con el sótano los recorrimos entre apuestas sobre cuál sería su respuesta. Reconozco que era una de los ejercicios que más nos divertía, el de hacer quinielas sobre la extensión o tratamiento que otorgaría a nuestras informaciones, que, eso sí, nunca dejaron de ser publicadas.

Entramos con una sonrisa pícara y desplegamos nuestra mercancía sobre la mesa redonda de su despacho como quien enseña un valioso ajuar y planteamos abiertamente la posibilidad de distribuir en cómodas entregas nuestros hallazgos.

Tras varios carraspeos, alguna objeción y largos silencios, el director emplazó en su despacho a Miguel Ángel Mellado, entonces vicedirector del periódico y responsable del suplemento Crónica, para que habilitara la portada del siguiente domingo para una gran historia que sirviera de contenedor a todos nuestros abalorios. Se nos quedó la sensación de malgastar tanta munición en un solo disparo, pero nos congratulamos de que finalmente saliera publicada.

'Anatomía de un pelotazo'

El título de la primera bola de nieve que comenzó a rodar por una ladera hasta entonces ignota lo puso personalmente Pedro J.: 'Anatomía de un pelotazo'. Con ese encabezamiento y una fotografía del duque de Palma con una pelota de tenis y una raqueta salimos en pleno mes de septiembre con una doble página que goza todavía de absoluta vigencia y constituye la columna vertebral del escándalo. No encontramos obstáculo alguno en la cúpula de Unidad Editorial ni recibimos indicación alguna para que miráramos para otro lado. Ésa es la verdad.

“Urdangarin tiene un problema”, apuntábamos en el subtítulo, poniendo a prueba con la difusión pública de los documentos a la Fiscalía Anticorrupción, al juez instructor, y al resto de medios que, de una u otra forma deberían hacerse eco en algún momento de la existencia de esas facturas en manos de un magistrado.

Después de aquel reportaje, que enviamos por correo al juzgado de Palma para intentar facilitar las pesquisas, se hizo el silencio. Muy pocos periodistas se atrevieron a romper la temida Línea Maginot que preservaba a la Corona. Federico Jiménez Losantos contribuyó decisivamente a la difusión del escándalo en la radio y contrarrestó con su ingenio al coro de defensores de los indefendible.

Antonio García-Ferreras, Julio Ariza y Carlos Cuesta hicieron lo propio en televisión e Ymelda Navajo abrió con fuerza el frente editorial. Pero muy pocos más se atrevieron entonces a cruzar la línea. Frente a ellos, una legión organizada de tertulianos comenzó a esgrimir por doquier que nos encontrábamos ante un “tema ético pero no penal” o que los hechos “ya estaban prescritos”.

Aquellas dos frases se convirtieron en una suerte de estribillo que comenzó a ser repetido por algunos de nuestros compañeros de profesión como una cansina letanía que se acrecentaba a medida que el procedimiento judicial avanzaba a golpe de nuestras revelaciones periodísticas. Porque aquel reportaje de Crónica dio paso a una minuciosa investigación en torno al origen y destino del dinero de Nóos hasta encontrar con no poca sorpresa que parte del dinero público desviado a Aizoon había sido destinado a sufragar las obras del famoso palacete de Pedralbes.

Llegamos a documentar en vídeo -gracias al trabajo de Mark Wieting- cómo los proveedores explicaban que los duques de Palma habían exigido los mejores materiales y que la factura la pagó siempre su empresa instrumental.

La maquinaria judicial, en marcha

El gabinete de control de daños mediático se encontró de pronto con unos inesperados enemigos. José Castro, el fiscal Pedro Horrach, la Policía Judicial y la Agencia Tributaria de Baleares se convencieron de la trascendencia del asunto -el ex delegado especial Raúl Burillo sentó unas sólidas bases- y acordaron en noviembre de 2011 la entrada y registro en las oficinas de Nóos en Barcelona.

Aquella decisión, que ya no pudo ser esquivada por ningún compañero de la profesión, suponía cruzar el Rubicón. Constituía un punto de inflexión que desembocaría, en vísperas de la Navidad, en la imputación de Iñaki Urdangarin por malversación de caudales públicos.

Los investigadores se formularon la pregunta de si debían tratar a Urdangarin como a un ciudadano cualquiera y se respondieron a sí mismos que, a la vista de la contundencia de las pruebas, no quedaba más remedio. Recuerdo que la frase de uno de ellos antes de la citación del duque de Palma fue que la decisión se tornaba ya “inevitable”. “Otra cosa es la de la Infanta”, que se antojaba todavía demasiado prematura.

Asimismo, existía el convencimiento por parte del magistrado y del fiscal de que la sangre no llegaría al río y de que el matrimonio Urdangarin-Borbón daría un paso adelante, consignaría el dinero supuestamente malversado y cauterizaría la herida. Pero, sorprendentemente, ese paso no llegaba. Y nada hacía pensar que pudiera llegar a suceder a medida que avanzaban los días. La posición de enroque de la pareja quedó clara con un comunicado que hicieron a EFE en el que lamentaba el daño que “los medios de comunicación” estaban ocasionando a la institución. Ni rastro de la más mínima admisión de culpabilidad.

Cada día que pasaba aportábamos el nombre y el importe de un nuevo empresario o Administración pública que se había tragado el anzuelo de Urdangarin y había pagado por informes repletos de vaguedades o directamente copiados de Internet. Y sembramos, con la publicación del tríptico del Instituto Nóos, en el que figuraba la infanta Cristina como suculento señuelo, la gran tormenta que descargaría todo su aparato eléctrico meses después.

Los acontecimientos se desarrollaron de manera tan vertiginosa, las pruebas eran tan contundentes, la Casa Real demostró carecer de plan de emergencia alguno para una situación de estas características, que casi no dio tiempo a que se desataran presiones para evitar lo inevitable.

Muy pronto se dio por amortizado a Urdangarin -letal para él fue nuestra portada en la que revelamos que utilizó a una fundación de niños discapacitados para distraer fondos públicos- y se concentraron todos los esfuerzos en establecer un cortafuegos inexpugnable en torno a la figura de doña Cristina. Porque el duque de Palma había traspasado ya la frontera, como nos dijo nuestro compañero Fernando Más ese mismo día, que separa a “un jeta de una mala persona”.

El rey don Juan Carlos puso la guinda a esos meses trepidantes con su discurso de Nochebuena, en el que dejó claro que “la Justicia debe ser igual para todos”. Aquellas palabras marcaron para siempre el destino de su hija, que empezaba ya a escribirse con minuciosos renglones que se torcerían progresivamente para ella con el paso del tiempo.

ASÍ DESCUBRIMOS EL 'CASO URDANGARIN' (I)