La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión para el ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y cuatro años y medio para el ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, por un delito de apropiación indebida por el uso de las 'tarjetas black' por parte de consejeros y directivos de ambas entidades. Acusa a los 66 usuarios de las tarjetas por el mismo delito.
Además, solicita a Blesa una indemnización de 9,3 millones de euros por los gastos de todos los usuarios en el tiempo que él fue presidente, mientras que pide a Rato 2,7 millones de euros por el uso de las tarjetas de los directivos y consejeros de Bankia entre febrero de 2010 y mayo de 2012.
La Fiscalía ha presentado su escrito de acusación después de que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu haya concluido la investigación sobre las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia a las que directivos y consejeros cargaron, entre 2003 a 2012, 15,5 millones de euros en gastos personales cuando el medio de pago estaba concebido para gastos de representación de las entidades crediticias.
El magistrado proponía que se juzgue por administración desleal a los miembros del Consejo de Administración de la caja que aprobaron las tarjetas y por apropiación indebida a los miembros de la comisión ejecutiva y de la comisión de control de las entidades.
Entre los 66 imputados en el escándalo de las tarjetas black que Andreu propone juzgar se encuentran los expresidentes de Caja Madrid y Bankia Rodrigo Rato y Miguel Blesa y directivos como Matías Amat, Ildefonso Sánchez Barcoj o Rafael Spottorno, que fue jefe de la Casa del Rey con Juan Carlos I.
Las tarjetas opacas a Hacienda que recibieron los consejeros no estaban avaladas por soporte contractual alguno ni estaban previstas en los estatutos de la entidad.
Spottorno, dos años de prisión
Tanto para Sánchez Barcoj como para Spottorno, la Fiscalía solicita dos años de prisión, al igual que para los ex directivos Matías Amat o Juan Manuel Astorqui, entre otros. A José Manuel Fernández Norniella pide tres años de cárcel.
En el escrito de acusación, el fiscal explica que durante la etapa de Blesa en la presidencia, entre 1996 y 2010, autorizó la entrega a los miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control y a determinados altos directivos de unas tarjetas de crédito que "podían ser empleadas por sus usuarios para gastos de libre disposición, incluidos gastos propios de naturaleza estrictamente personal, ajenos al desarrollo de cualquier actividad de representación de la entidad o al desempeño de funciones o tareas al servicio de la misma".
De esta manera, y según el fiscal, "se consagró así una suerte de sistema retributivo que carecía de todo amparo legal, previsión estatutaria, soporte en los correspondientes contratos mercantiles o de trabajo o respaldo en acuerdos formalizados o decisiones adoptadas por los órganos de administración de Caja Madrid".
El papel de Barcoj
Para dotar de la "necesaria opacidad" a tales retribuciones, las tarjetas fueron emitidas al margen del circuito ordinario de solicitud, aprobación, emisión y cancelación de las tarjetas de empresa. A tal efecto, Blesa encomendó la gestión de las tarjetas al acusado Sánchez Barcoj, quien desempeñó varios cargos en la entidad bancaria. En ninguno de los puestos tenía atribuida funciones relacionadas con la gestión de las tarjetas de empresa, que correspondía al Comité de Medios.
No obstante, fue él quien, a través de sus secretarias, se encargó materialmente de dar las indicaciones correspondientes al Departamento de tarjetas para la emisión y cancelación de las mismas y las eventuales modificaciones de sus límites, sorteando así al órgano competente. "La opacidad del sistema retributivo se completó al establecerse que los destinatarios de las tarjetas no debían presentar justificación documental alguna acreditativa del gasto, de lo que expresamente se les advertía al entregarles la correspondiente tarjeta", recoge el escrito.
Tras la llegada de Rato a la presidencia, el 28 de enero de 2010, Sánchez Barcoj le explicó el uso de estas tarjetas y le hizo entrega de una, decidiendo el nuevo presidente mantener el sistema establecido por su predecesor. Al constituirse Bankia, Rato decidió que los consejeros ejecutivos y directores generales que procedían de Caja Madrid conservaran las tarjetas.