"Fuimos a una protesta pacífica porque se nos hizo creer que iba a haber un acto de exaltación del independentismo", ha asegurado esta mañana el militante del partido de extrema derecha Democracia Nacional Pedro Chaparro, uno de los 15 acusados del asalto al centro cultural Blanquerna que se produjo el 11 de septiembre de 2013 durante la celebración en Madrid de la Diada.

Según las acusaciones, las 15 personas que desde esta mañana se sientan en el banquillo irrumpieron violentamente en Blanquerna para impedir la conmemoración del día de Cataluña, golpearon al entonces diputado de CiU Josep Sánchez Llibre y al delegado de la Generalitat, Josep Maria Bosch, y al marcharse esparcieron gas mostaza.

Chaparro lo ha contado exactamente al revés: ellos fueron convocados a través de las redes sociales para "protestar" por un acto en el que "se iba a hacer una exaltación al independentismo" y fueron los asistentes a esa celebración los que "se caldearon" y "se pusieron violentos", de modo que "nos marchamos porque no hacía falta responder a sus provocaciones".

Ni Chaparro ni los tres acusados que han declarado tras él se dieron cuenta de que el grupo asaltante rompió la puerta de Blanquerna, centro cultural situado en la sede de la Generalitat en Madrid, empujaron a Sánchez Llibre, golpearon a otros invitados y lanzaron gas mostaza. Juan Luis López García, que se definió como simpatizante de Falange, dijo que "alguien" comentó que el gas mostaza fue esparcido "por los escoltas" de las autoridades catalanas.

Un "escrache"

"Fue lo que se ha denominado un escrache", declaró ante la Audiencia de Madrid Sergio Reguilón, secretario nacional de comunicación de Falange, marcando un paralelismo entre lo sucedido en Blanquerna y las protestas que en la misma época protagonizaban los movimientos de izquierdas contrarios a los desahucios y que, pese a alguna denuncia de la Fiscalía, no fueron perseguidas penalmente.

La consideración de la actuación llevada a cabo en Blanquerna como manifestación del ejercicio de la libertad de expresión está siendo esgrimida como estrategia esencial de la defensa durante una vista en la que los acusados se autocalifican de "patriotas" preocupados por la consulta soberanista que habían sido puesta en marcha en Cataluña. "Lo que se iba a celebrar era un acto de la Generalitat para reafirmar el llamado derecho a la ruptura de España", manifestó Reguilón.

Chaparro, que se encaró en varias ocasiones con el letrado de la Generalitat, resumió su estado de ánimo diciendo que "el amor a España es lo que a mi me mueve. Si me tocan el amor a España me vuelvo muy impulsivo. Es que soy así desde que nací".

Todos los acusados, incluidos aquellos que se han dedicado durante años a la actividad política en Falange, han negado que supieran quién era Sánchez Llibre. Esto es relevante porque las acusaciones tienen que probar que los asaltantes conocian la condición de diputado en el Congreso del ex parlamentario de Unió, que resultó zarandeado durante el incidente.

El delito de atentado es el principal cargo que pesa sobre los acusados y además por partida doble. Las acusaciones particulares solicitan 5 años de prisión por el ataque a Sánchez Llibre y otros tres años por el acometimiento a Josep María Bosch, que también tenía la condición de autoridad.

En total, las acusaciones reclaman 15 años y nueve meses de prisión para 14 de los acusados y 16 años y nueve meses de cárcel para Jesús Fernando Fernández Gil por tener antecedentes penales computables.

El fiscal, que ha modificado un error del escrito de acusación provisional, solicita penas de dos a cinco años y medio de cárcel.