El 'caso Acuamed' alcanza dimensiones hasta ahora desconocidas. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado la prisión incondicional para cinco personas, entre ellos altos cargos de la empresa pública de Aguas de las Cuencas Mediterráneas. Pero lo relevante es que apunta directamente a altos cargos del Ministerio de Agricultura en los años 2015 y 2016, cuando la titular era Isabel García Tejerina, quienes habrían pactado con FCC contratos por valor de 40 millones de euros para compensar unas pérdidas que la empresa iba a tener en otra obra, debido a una inundación. El magistrado destaca que el precio pactado estaba recogido en los Presupuestos Generales de 2015 y después en los de 2016.
Velasco señala concretamente a personas de "muy alto nivel del Ministerio de Agricultura" por haber pactado con FCC la adjudicación de obras. Tras la inundación de la desaladora de Almanzora, los contratistas y el director general de Acuamed acordaron, en contra de lo estipulado en el contrato, cargar el 40% del coste de la reparación a la empresa pública. El otro 60% se pagaría a FCC a través de la adjudicación de otras obras por un valor total de 40 millones de euros.
Para llevar a cabo este plan, altos mandos del Ministerio acordaron cubrir en "compensación indebida" a través de los Presupuestos Generales de 2015, fijando un monto de diez millones de euros, más 20 millones para llevar a cabo la descontaminación del pantano de Flix, que se iba a adjudicar a FCC, fijando precios irreales para llevar a cabo esa compensación.
Según recoge el auto, esta compensación no llegó a ejecutarse tras conocer la existencia de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que originó la causa que acabaró con la detención de trece personas este martes. Aún así la idea se mantuvo, pues se consignaron cerca de 36 millones de euros en los Presupuestos Generales del pasado año, “manteniéndolos sólo que reducidos en los de 2016 a una compensación de ocho y catorce millones”.
Instrucciones emanadas desde la Superioridad
En el caso de la descontaminación del pantano de Flix, el magistrado señala que la facturación debida se cuantificó en 3,5 millones de euros y, sin embargo, se intentó justificar con 40 millones de manera ficticia en expedientes paralelos, metiendo conceptos extraordinarios que no existían. Todo esto se hizo para convalidar el gasto de 32 millones, "causando un perjuicio a la Administración de 40 millones de euros para compensar" a FCC siguiendo instrucciones emanadas desde la Superioridad.
En el auto, el juez acuerda el ingreso en prisión incondicional para cinco de los 13 detenidos por el fraude en los contratados de Acuamed y prisión eludible bajo fianza para el resto. El magistrado les imputa los delitos de organización criminal, fraude, malversación en caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, maquinación para alterar contratos públicos, falsedad documental y prevaricación. El resto de los detenidos en la 'Operación Frontino' eluden la cárcel tras pagar fianzas de entre 12.000 y 50.000 euros. A parte de Arcadio Mateo, los otros cuatro detenidos que van a prisión son María Gabriela Mañueco, Francisco Javier Gómez Pastor, Pablo Martín y Nicolás Steegmann.
Implantes de pelo y viajes
Según el auto, al menos desde mediados de 2014, el director general de la Empresa Pública Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto, "ha urdido un conjunto de actuaciones, dolosas, imperativas, conscientes y queridas (se habla de “presiones”) para imponer en el seno de Acuamed numerosas irregularidades en contra de los intereses públicos y ciudadanos, con el correlativo beneficio injusto (pero también querido), retribuido en parte en regalos en especie para él y para otros -implantes de pelo, viajes a Turquía…- a favor de diversos contratistas de obra pública".
Estos contratistas, beneficiarios de tales regalos, son adjudicatarios de obras en diversos puntos de la cuenca mediterránea y en los que los contratistas ayudaban y cooperaban a la perpetuación de estas irregularidades.
El instructor habla de presiones a los directivos de Acuamed para que incidieran sobre los subordinados para cometer falsedades e irregularidades. En caso de que no acataran las órdenes del director general eran destituidos y así lo hicieron a pesar de ser “conscientes de que ello conllevaba el correlativo perjuicio en los dineros públicos que sin embargo por supuesto tenían que defender”.
El auto refleja seis contratos bajo sospecha: una desaladora de bajo Almazora en Amería, con Abengoa y FCC como adjudicatarias; descontaminación del pantano de Flix, cuyos contratistas fueron una UTE de FCC; una presa en Valencia, adjudicada a las empresas Sogeosa y Torrescámara; un proyecto de desaladora Marina de Torrevieja, la mayor de Europa, adjudicada a Acciona; conducciones y tuberías de la desaladora de Campello en Alicante, adjudicada a Altec-Altyum; el cerro colorado de Murcia adjudicado a Altec; y la presa de Antiavenidas del Río Serpis, también a Altec-Altyum.
Obras fraudulentas
Según la investigación, la empresa estatal Acuamed habría adjudicado fraudulentamente obras y falsificado certificaciones y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las empresas adjudicatarias, entre las que se encuentran Acciona, FCC y otras ocho compañías.
Las investigaciones se iniciaron en septiembre de 2014 tras una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción. Las obras objeto de la presente investigación se encuentran relacionadas, entre otras, con la creación de conducciones acuíferas terrestres, acondicionamientos de cuencas de ríos y contención de embalses, construcciones de desaladoras y tratamientos químicos para la descontaminación de embalses.
Entre los arrestados destacan el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, y la directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco, que han sido destituidos este martes por la "pérdida de confianza y la alarma social" causada, y quienes han sido enviados a prisión incondicional. Algunos de los detenidos están pagando ahora las fianzas.