El exjefe del PRI trabajaba para el cártel de los Zetas

El expresidente del PRI mexicano, Humberto Moreira, robó dinero público y lo movió después para el cártel de Los Zetas, una de las organizaciones criminales más importante del mundo. Esa es al menos la tesis de la Policía y Fiscalía española, que buscan las pruebas sobre la subordinación de Moreira a los señores de la droga. Los investigadores creen además que el hijo mayor del político, asesinado en 2012 a manos del clan de narcos, fue ajusticiado en una venganza. Un acto de presión sucedido cuando los miembros de Los Zetas detectaron que Moreira movía fondos a sus espaldas.

El exgobernador del estado de Coahuila fue detenido el pasado viernes en Madrid cuando regresaba a España en un vuelo procedente de su país. Fue la culminación a dos años de pesquisas, unas investigaciones abiertas en 2013 y que se iniciaron tras una comisión rogatoria remitida desde Estados Unidos.

En Texas, un arrepentido llamado González-Treviño acusó directamente a Moreira de encabezar una trama corrupta capaz de vaciar más de 260 millones de euros de las arcas públicas mexicanas. Según las revelaciones del empresario procesado en EEUU, el dinero salía de México y era invertido en distintos medios de comunicación en la zona fronteriza de Texas. La justicia estadounidense detectó además que parte de ese dinero fue a parar a cuentas en Bermudas. Depósitos controlados por altos funcionarios de la administración encabezada por Moreira. 

Un catedrático, su único vinculo español

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, la Fiscalía acusa a Moreira de utilizar en España 198.000 euros del dinero presuntamente blanqueado en EEUU. Según declaró el político mexicano tras ser detenido, los fondos provenían de sus ahorros personales. Sin más datos. En cualquier caso, los fondos eran ingresados en sus cuentas personales y servían para costear el alto nivel de vida de Moreira en España. El expresidente del PRI cursó un primer máster en la Universidad Autónoma de Barcelona y un segundo postgrado en la Universidad de Burgos. De hecho, en el momento de su detención, Moreira regresaba a España junto a su familia para defender su tesis doctoral en Burgos. 

Durante su comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, Moreira reconoció que no tiene arraigo en España. Explicó que la única persona con la que mantiene relación actualmente es con un catedrático de Burgos. Esta falta de arraigo fue uno de los motivos por los que el magistrado acordó su ingreso en prisión incondicional.

El ex dirigente mexicano será este viernes trasladado desde la prisión madrileña de Soto del Real hasta la Audiencia Nacional para que el juez que ha llevado a cabo toda la investigación le tome declaración. Tras el interrogatorio, lo previsible es que la Fiscalía Anticorrupción solicite su permanencia en prisión mientras que la defensa pida que quede en libertad.

Revisión de su prisión

Pedraz tendrá que analizar si existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas por parte de Moreira. Es decir, si en caso de que quede en libertad puede huir de la Justicia española para evitar que sea juzgado. Actualmente está siendo investigado por los delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal. Otra de las opciones es que el magistrado le deje en libertad pero con medidas cautelares, como la prohibición de salir del país y la retirada de pasaporte, si entiende que su libertad no pone en peligro la investigación.

Tras su detención el pasado viernes, Moreira mantuvo en todo momento que el dinero llegó a sus manos de forma legal, aunque los investigadores consideran improbable que consiguiera ahorrar esos fondos con su sueldo como responsable público o como profesor. Los agentes se interesaron además en el papel jugado por su hermano, Rubén Moreira, que le sucedió en el cargo de gobernador de Coahuila. El responsable del PRI aseguró entonces que la relación con su hermano es muy mala, hasta el punto de que ni siquiera acudió al entierro de su hijo, fallecido en noviembre de 2012.

En la declaración de este viernes, el ex gobernador mexicano tendrá la opción de negarse a declarar y no contestar a las preguntas del juez y la Fiscalía. Sin embargo, desde su defensa se mantiene que las transferencias investigadas tienen un origen lícito y son por trabajos realmente realizados y podrían presentar los documentos para conseguir que el instructor acuerde su libertad o le fije una fianza económica que le permita quedar libre.