Dos empleados de la empresa T-Systems, que diseñó la aplicación informática utilizada para la consulta independentista del 9-N, aportaron este jueves al instructor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nuevos datos que apuntan a que la Generalitat no acató deliberadamente la resolución del Tribunal Constitucional que suspendió la votación.
Ambos trabajadores comparecieron ante el magistrado Joan Manel Abril a petición del fiscal a la vista de la documentación aportada el pasado noviembre por T-Systems. De ella se desprende que esta mercantil, que venía prestando distintos servicios al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, recibió en octubre de 2014 el encargo de realizar un registro informático de acceso público para la inscripción de voluntarios que colaborasen en la consulta y un segundo registro, que se instaló en los ordenadores portátiles usados el 9-N, para anotar a las personas que votaban y hacer el recuento de votos.
Los dos testigos afirmaron que los trabajos realizados por su empresa en relación a esos dos encargos se prolongaron "hasta el día mismo de la votación". Incluso varios informáticos de T-Systems estuvieron físicamente en la sede del CTTI el 9 de noviembre prestando soporte técnico y resolviendo las incidencias que surgían. Un centro oficial dependiente de la Generalitat estuvo, pues, en servicio para el desarrollo de una consulta que había sido paralizada cinco días antes por el TC.
135.000 € por los registros de la votación
Los trabajadores de T-Systems declararon que los empleados del CTTI que trabajaron ese domingo en el centro eran "voluntarios" pero ellos no: su empresa facturó las horas y los trabajos realizados. De acuerdo con la documentación aportada, el total cobrado por la mercantil por el diseño de esos dos registros ascendió a 135.254 euros.
Los testigos -el jefe de gestión del encargo y el técnico que diseñó el software- no dieron una versión coincidente en cuanto a la procedencia de los datos que se introdujeron en el registro de participantes en la consulta para impedir que pudieran votar dos o más veces. Ambos dijeron que la base de datos de los votantes se les entregó por el CTTI. El jefe de gestión del encargo negó que esa base de datos se cargara con datos extraídos del Servicio Catalán de Salud (SCS). Mientras que el técnico no lo descartó porque él había elaborado la base de datos del SCS y observó que la utilizada para la consulta del 9-N era similar: nombre y apellidos, DNI y dirección.
Tampoco coincidieron en la fecha en la que las aplicaciones quedaron terminadas y entregadas al CTTI. El técnico declaró que la finalización del encargo se produjo una semana antes de la votación, pero el jefe de gestión aseguró que la entrega a la Generalitat fue el viernes 7 de noviembre. Según este testigo, dio tiempo a que las empresas contratadas para instalar el software en los ordenadores lo hicieran en menos de 48 horas.
"Es un asunto sensible"
Lo que en el procedimiento aparece acreditado es que, cuando el Tribunal Constitucional acordó suspender la consulta el 4 de noviembre, aún quedaban trabajos por realizar y T-Systems se dirigió al CTTI alarmado por las consecuencias que podía tener continuar adelante.
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El jefe de gestión ha declarado este jueves en el Tribunal Superior de Cataluña que estuvo al tanto de la decisión del TC y se dirigió a sus superiores para preguntarles por el asunto. El mismo 4 de noviembre, los responsables de T-Systems enviaron un escrito al CTTI en el que pedían que se les confirmara que los trabajos pendientes (que especificaban) "no resultan afectados" por la resolución del Tribunal Constitucional "y, en caso de estarlo, que se nos den instrucciones detalladas respecto a cómo hemos de proceder".
La mercantil urgía al centro tecnológico de la Generalitat una "respuesta rápida" en tanto que "éste es un asunto sensible para nuestra organización, comprometida con el cumplimiento estricto de la legalidad a la vez que con una excelente prestación de servicios".
El escrito de T-Systems tuvo entrada en el CTTI a las 10:17 horas del 5 de noviembre. Dos días después, el director general del Centro, Jordi Escalé, trasladó a la empresa la respuesta de la Generalitat de que podían seguir continuar con el encargo ya que "la opinión de los servicios jurídicos de la Generalitat de Cataluña es que ninguna de las actividades [pendientes de realizar] resultan explícitamente afectadas por la resolución del TC".
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La contestación es del todo chocante, ya que el Constitucional suspendió de forma expresa "los actos impugnados [la "convocatoria a los catalanes, las catalanas y las personas residentes en Cataluña para que manifiesten su opinión sobre el futuro político de Cataluña el día 9 de noviembre"], así como las restantes actuaciones de preparación de dicha consulta o vinculadas a ella".