Los condenados por el más relevante macroproceso de corrupción municipal juzgado en España, el caso Malaya, deberán ingresar este miércoles en prisión para cumplir las condenas que les impuso el pasado julio por el Tribunal Supremo.
Aunque algunos implicados como el empresario José Ávila o el cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, conocen desde hace años lo que significa estar entre rejas, esta situación será novedosa para muchos de los condenados, entre ellos la ex alcaldesa Marisol Yagüe; la ex teniente de alcalde Isabel García Marcos (en su día considerada un 'azote contra la corrupción') o Montserrat Corulla, testaferro de Roca.
El caso Malaya estalló en Marbella (Málaga) en 2006 y llevó al banquillo a 95 personas, de las que 86 fueron finalmente acusadas tras un juicio oral que se prolongó de septiembre de 2010 a julio de 2012.
La Audiencia Provincial de Málaga absolvió a 32 de los acusados (otros dos fallecieron antes de la sentencia) e impuso a los restantes 52 un total de 125 años de cárcel.
El Tribunal Supremo revisó las penas en julio de 2015. Agravó algunas de ellas -fue el caso de la de Roca, elevada de 11 a 17 años de cárcel-, pero disminuyó otras. La condena de Yagüe pasó de seis a cinco años y medio de prisión y las de García Marcos y Corulla se redujeron de cuatro años a tres y medio.
El Supremo confirmó que en el Ayuntamiento de Marbella se instauró a principios de la década de los 90, con la llegada al consistorio de Jesús Gil, un sistema de corrupción política y económica "generalizada" mediante la realización de operaciones urbanísticas ilegales que dejaron en los bolsillos de los condenados pingües beneficios.
Isabel García Marcos
La corrupción y el descontrol en las cuentas municipales llegó hasta tal extremo que, por primera vez en España, un Ayuntamiento tuvo que ser disuelto, nombrándose a una junta gestora hasta la celebración de elecciones.
El pasado 11 de enero, la Audiencia de Málaga ordenó la entrada en prisión de los condenados pero 12 de ellos recurrieron. El tribunal ha dictado este martes una nueva resolución en la que, rechazando todas las alegaciones, advierte de que "los penados que no ingresaren en prisión en el plazo de 10 días concedido, que expira el 27-1-16, sin haber obtenido dispensa expresa de la Sala, se le pondrá de inmediato en situación de busca y captura".
La Audiencia señala que el hecho de que los condenados hayan recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional no impide ejecutar el fallo y será el TC el que, en su caso, lo deje en suspenso.
También rechaza las peticiones de no ir a prisión "por razones humanitarias, edad, salud o familiares, sin perjuicio de que sean valoradas por el servicio médico de la cárcel y pudieran incidir en el tratamiento penitenciario".
Los jueces malagueños tampoco han aceptado suspender el ingreso en prisión por el hecho de haber pedido el indulto o de haber cumplido prisión preventiva, "debiendo solicitar la libertad condicional, en su caso, ante el juez de vigilancia penitenciaria".