La comisión de investigación de los fondos de formación en el Parlamento andaluz se va a convertir casi en un revival, en un reestreno de la comisión de los ERE de hace casi cuatro años. A la vista del listado de comparecientes presentados por los cinco grupos parlamentarios, muchos de ellos volverán a hacer el paseíllo, entre ellos, los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a los que ahora se sumará Susana Díaz gracias al voto de Ciudadanos, que se une a Podemos y PP.
A pesar de ser quien la aupó para su investidura, la formación naranja también quiere que Díaz sea “la primera en acudir”. “Ya que vamos a poner en cuestión y a juzgar la labor del Gobierno andaluz, deberíamos darle la oportunidad de que se explique el primero”, ha afirmado Marín, a sabiendas de que a los socialistas no les va a hacer “mucha gracia” su petición.
El líder de C’s en Andalucía no quiso en un principio que Díaz fuera interrogada, sin embargo, fue Albert Rivera quien defendió que era “sano” que comparecieran quienes puedan informar si conocían o no el sistema irregular de las ayudas.
A Díaz, Griñán y Chaves se suman los nombres de quienes estaban en la cúpula de las consejerías de Empleo, Hacienda y Educación, además de interventores, funcionarios, empresarios beneficiarios y sindicatos, en un amplísimo listado (Ciudadanos bate el récord con 145 solicitudes, seguido por el PP con 96) que se cribará en una votación que habrá el próximo viernes para que salga el listado definitivo. Ahí se medirán estrategias, porque Ciudadanos parece haber virado el rumbo en este caso.
Piden interrogar al que fuera vicesecretario general del PSOE-A
El giro no sólo es apreciable por pedir la asistencia de Díaz o por acelerar unas comparecencias que previamente había ralentizado para que esquivar la campaña del 20D, sino porque también se une al PP en la petición de interrogar al que fuera vicesecretario general del PSOE-A, Rafael Velasco, y al que luego sucedería Susana Díaz como secretaria de Organización.
Velasco puso fin a su carrera política, en la que se veía la regeneración del PSOE impulsada por Griñán, dejando su escaño y dimitiendo como número del partido de manera fulminante en 2010.
Lo hizo por “motivos personales”, ante lo que él definió como “una campaña de difamación, de injurias y de calumnias”, cuando se hizo público que su mujer había recibido 730.000 euros en subvenciones de la Junta para los cursos de formación.
Velasco volverá seis años después al Parlamento, siempre y cuando Ciudadanos y PP sumen votos suficientes para su propuesta, que ni de lejos será del agrado del PSOE.
Fátima Báñez sí, Eduardo Zaplana
Entre quienes también está previsto que comparezcan está la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez. El PP ha criticado con dureza el juego de Ciudadanos, porque no entiende que si en esta comisión se investiga lo que ha pasado con estos fondos desde el año 2002, no se interrogue a otros extitulares de esta cartera durante los gobiernos de Rodríguez Zapatero, obviando que si se toma como referencia esa fecha, también tendría que hacerlo el ex ministro popular de Trabajo Eduardo Zaplana (también declaró en los ERE).
A la espera de ver cómo queda la lista definitiva, si esta no se aligera, esta fase de interrogatorios podría eternizarse si se sigue el mismo esquema que se tuvo en el caso de los ERE.
En aquella ocasión fueron un total de 31 los comparecientes: una primera tanda de 21, a los que hubo una segunda en los que se incorporaron ocho personas más, entre ellos, la ex ministra socialista Magdalena Álvarez, y que cerraron Chaves y Griñán. Fue necesario un mes para que todos y cada uno de ellos declarara en el Hospital de las Cinco Llagas.
La única manera de agilizar el proceso es que los interrogatorios no fueran tan largos. En la comisión ERE consistieron en una hora como máximo de intervención inicial del compareciente, 20 minutos de preguntas por cada grupo parlamentario, una segunda ronda de preguntas de 10 minutos por grupo y una intervención final de 30 minutos.
De acuerdo con este esquema de trabajo, y ante el número de comparecientes y que son cinco grupos parlamentarios, van a tener que buscar otros mecanismos si, tal y como está planteado el calendario del grupo de trabajo, se quiere tener un dictamen final para el mes de julio.