El diccionario para no perderse en la corrupción valenciana del PP

El pasado martes, el PP valenciano se despertó en medio de un tsunami. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, junto con fiscales anticorrupción dirigidos por el juzgado de Instrucción 18 de Valencia, desplegaron un operativo que les llevó desde la casa del expresidente de la diputación de Valencia, Alfonso Rus, en Xàtiva, a diversas empresas públicas, privadas y fundaciones. En total, 33 registros que acabaron con 24 detenidos y un partido tocado de muerte.

La macro-redada, la Operación Taula, ha acabado provocando la liquidación de la ejecutiva local del PP en la ciudad. Es la operación contra la corrupción del PP en la Comunidad Valenciana. Un caso más que se añade a la lista de causas abiertas en varias administraciones y que afectan a una retahíla de políticos y altos cargos de esta formación. Este es el abecedario, casi completo, de la corrupción del PP en la Comunidad Valenciana.

A. Álvaro Pérez, 'El Bigotes'

Es la persona a quien se le encarga dirigir la trama Gürtel valenciana a finales de 2003, cuando los actos encargados por el PP en Madrid comienzan a disminuir. Está al frente de Orange Market (una empresa que recibió adjudicaciones del gobierno valenciano) y está identificado como el interlocutor entre el PP y Pablo Crespo sobre los actos del partido en la Comunidad Valenciana.

La Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) le relaciona con la financiación ilegal del PP valenciano en las campañas de 2007 y 2008. La Fiscalía pide cárcel en la pieza sobre financiación ilegal al estimar que dirigentes del partido en la era Camps contrataron a Orange Market para actos de campaña y abonaron los servicios de modo irregular. El expresidente valenciano, Francisco Camps, se dirigió a él en unas grabaciones como “amiguito del alma”.

B. Brugal

Es el principal caso de corrupción en la provincia de Alicante. Nació hace casi diez años a raíz de las irregularidades en la concesión del servicio de recogida de basuras en Orihuela. La investigación ha derivado en una veintena de piezas separadas. Entre ellas destaca la centrada en el posible amaño del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante para favorecer al constructor Enrique Ortiz.

En esta pieza están imputados, además de Ortiz, los exalcaldes de la ciudad alicantina, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. En otra pieza, el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, llegó a ser detenido por la adjudicación de la recogida de basuras del sur de la provincia.

C. Cooperación

Es el caso que ha llevado a la cárcel al exconseller valenciano Rafael Blasco, condenado a seis años y medio de cárcel por desviar 1,6 millones de euros de los fondos de cooperación en Nicaragua a la inversión de pisos y garajes en Valencia. La causa tiene otras dos piezas -con Blasco también imputado-, en la que se investigan decenas de proyectos de cooperación del Gobierno valenciano, entre ellos la construcción de un hospital en Haití tras el terremoto de 2010.

E. Emarsa

El pasado mes de noviembre estaba previsto el comienzo del juicio del ‘Caso Emarsa’. Una causa en la que se investiga el saqueo de casi 24 millones de euros de la Entidad Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa), una sociedad pública encargada de la gestión de la depuradora de Pinedo, en Valencia. Entre los acusados (24 en total) está el exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo. El juicio, ahora suspendido, deberá determinar si el dinero saqueado fue a parar a pisos, coches de lujo, gasto en hoteles, etc.

F. Fabra

El ‘caso Fabra’ llevó al expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, a sentarse en el banquillo de los acusados por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales. La instrucción, que contó con nueve jueces y cuatro fiscales, duró nueve años. Fabra está en prisión cumpliendo condena de cuatro años de cárcel por otros tantos delitos fiscales al defraudar casi 700.000 euros. La sentencia no encontró explicación a ingresos de casi dos millones de euros (3,3 millones contando lo no declarado por su exmujer) en sus cuentas, que el expolítico no declaró, que no se correspondían con su patrimonio y que constituyeron para el tribunal una fuente oculta de dinero. Los peritos que analizaron sus cuentas definieron su modo de operar como “manual de blanqueo de dinero negro”. Fue absuelto de la acusación de cohecho y tráfico de influencias.

G. Gürtel

El gran caso de corrupción vinculado al PP y que cuenta con una importante ramificación en la Comunidad Valenciana. En la causa, dividida también en varias piezas, se investiga la adjudicación de contratos por la administración valenciana a empresas de la trama como Orange Market, un supuesto amaño en la adjudicación para las pantallas de la visita del Papa a Valencia y una presunta financiación irregular del PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008. Actualmente, se está juzgando en el Tribunal Superior de Justicia la pieza relativa a las adjudicaciones a la trama para el montaje del pabellón valenciano en la feria de turismo Fitur. Junto a Correa, Crespo y ‘El Bigotes’, están sentadas en el banquillo dos exconsejeras del gobierno de Camps.

H. Hernández Mateo

Pedro Hernández Mateo, exdiputado autonómico y quien fue alcalde de Torrevieja durante más de veinte años años, fue el primer cargo popular que ingresó en prisión. Lo hizo en julio de 2014 condenado a tres años de cárcel por prevaricación y falsedad de documento público en la adjudicación por casi 100 millones del servicio de recogida de basura. La condena motivó una campaña de recogida de firmas entre las filas populares para reclamar su indulto. Una movilización que se repitió, en menor medida, con Carlos Fabra.

I. Imelsa

Es el caso que ha derivado en la reciente Operación Taula en la que fueron detenidas 24 personas, entre ellas, el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y otras tres personas de su confianza. El juez investiga las irregularidades de la empresa pública Imelsa y su papel en una presunta red de cobro de comisiones ilegales. La investigación ha ampliado el foco a otras administraciones como el Ayuntamiento de Valencia, al grupo municipal popular, a una empresa pública de la Generalitat (la de construcción de infraestructuras educativas), así como posibles delitos de financiación ilegal del PP y blanqueo de capitales. El estallido del caso se ha llevado por delante a la ejecutiva del PP en la ciudad de Valencia.

J. Juan Cotino

Este político con una larga trayectoria en el PP dejó la presidencia de las Cortes Valencianas en octubre de 2014. Un mes después, un juez le imputó en la pieza de Gürtel que investiga el supuesto amaño que benefició a la trama de Correa al captar 7,4 millones de Radio Televisión Valenciana (RTVV) en contratos para la visita del Papa en 2006. También se imputó al ex secretario general de RTVV, Vicente Sanz, recientemente condenado por abusos sexuales a trabajadoras del ente. Cotino aparece como mediador para desbloquear contratos en unas grabaciones entre su sobrino Vicente Cotino y el empresario implicado en Brugal, Enrique Ortiz. El expresidente de las Cortes Valencianas también ha sido criticado por su papel en el accidente de metro que costó la vida a 43 personas después de haber sido apuntado por familiares de víctimas como la persona que ofreció trabajo y ayudas a cambio de no presentar denuncia.

N. Nóos

En el juicio sobre el caso Nóos está sentado en el banquillo de los acusados el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau. El Instituto Nóos se llevó de las arcas públicas valencianas (Ayuntamiento y Generalitat) unos 3,5 millones de euros por la contratación de eventos como las tres ediciones de Valencia Summit. El juez Castro pidió la imputación del expresidente valenciano Francisco Camps y la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá al considerar que ambos pudieron tener “participación delictiva” en la contratación ‘a dedo’ y sin controles del Instituto de Iñaki Urdangarín. El TSJ valenciano desestimó la petición. Recientemente, el juez Castro se pronunció públicamente y dijo no entender por qué los dos dirigentes no estaban sentados en el banquillo de los acusados.

O. Olivas

El expresidente de la Generalitat y de Bankia, José Luis Olivas, está imputado en el caso Bankia, por la quiebra de Banco de Valencia (del que también fue presidente), por la ampliación de capital del Valencia CF (mediante un préstamo de Bancaja avalado por la Generalitat) y por delito fiscal.

P. Púnica

La Operación Púnica también tiene su ramificación en la Comunidad Valenciana. En total, cinco ayuntamientos valencianos están siendo investigados por contratar con empresas del imputado Alejandro de Pedro a cambio de publicidad institucional en sus diarios digitales. Los consistorios implicados son los de Valencia, Castellón, Dénia, Gandía y Elche. La Guardia Civil llegó a irrumpir en estos ayuntamientos en busca de documentación.

R. Ritaleaks

La fiscalía investiga desde mayo del pasado año el conocido como ‘Ritaleaks’, gastos de 278.000 euros del Ayuntamiento de Valencia y de la exalcaldesa, Rita Barberá, en gastos de representación durante el último mandato. Las diligencias tienen su origen en una denuncia de Compromís, que publicó en una web facturas en gastos de hotel, comidas, regalos y viajes. La coalición denunció que la exalcaldesa habría pagado con fondos municipales desplazamientos suyos y de sus escoltas a actos del PP en otras localidades.

S. Sonia Castedo

La exalcaldesa de Alicante dimitió en diciembre de 2014 (a través de su página de Facebook) después de años imputada por corrupción urbanística. Castedo está imputada en Brugal por presuntamente amañar el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante a favor del empresario Enrique Ortiz. También está imputada en el caso Rabassa (pieza separada de Brugal) por supuesta prevaricación y tráfico de influencias en la tramitación de un gran plan urbanístico en la ciudad a favor también de Ortiz.

T. Trajes

La conocida como causa de los trajes surgió en 2009 como una derivada en Gürtel. En ella se acusaba al expresidente valenciano, Francisco Camps, por un presunto delito de cohecho impropio al recibir supuestamente regalos de la trama Gürtel. En una grabación a una extrabajadora del entramado de empresas se le escuchó decir que había pagado 30.000 euros en trajes para Camps. El caso persiguió a Camps un par de años hasta que resultó absuelto por un jurado popular, junto al ex secretario general el partido, Ricardo Costa. El exvicepresidente del gobierno valenciano, Víctor Campos, y el ex alto cargo de Turismo fueron condenados al autoinculparse.

V. Valmor

Es como se conoce a la causa abierta por la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia en la que está imputado Francisco Camps. Valmor Sports está considerada como una empresa pantalla que, según la Fiscalía Anticorrupción, utilizó Camps para organizar el gran evento y dar apariencia de que era en realidad una empresa privada la organizadora. La fiscalía sostiene que fue la Generalitat la que siempre corrió a cargo de los gastos millonarios. Un juzgado ha comenzado recientemente a recibir las primeras declaraciones en la causa.