El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha pedido este lunes al Tribunal Constitucional que active las medidas legales establecidas para obligar al cumplimiento de sus sentencias y advierta a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y a los miembros de la comisión de estudio del proceso constituyente de que "se abstengan" de cualquier actuación en relación con esa comisión, incluida su misma puesta en funcionamiento.

En un incidente de ejecución promovido por la Abogacía del Estado, el Gobierno considera que la comisión del proceso constituyente, creada formalmente en el Parlamento de Cataluña el pasado jueves 28 de enero, "tiene un objeto coincidente" con la resolución independentista del 9 de noviembre, declarada nula y dejada sin efecto por el TC en una sentencia dictada el 2 de diciembre.

La creación de la comisión "tiene por objeto la misma voluntad decidida de poner en marcha, en el seno del Parlamento de Cataluña, un proceso constituyente que, como tal, no tiene cabida en la Constitución", sostiene el Gobierno central.

Basa esa afirmación en el objeto de la polémica comisión, cuya finalidad es estudiar "los caracteres y principios marco de un proceso constituyente en Cataluña", "la identificación de las reformas de cambio social, político y nacional que han de configurar un proceso constituyente en Cataluña" y "análisis de las diversas modalidades de estructura de estado y su expresión constitucional: derechos y deberes, principios y garantías constitucionales, formas de participación ciudadana, modelo socioeconómico y ambiental y formas de Estado".

Para la Abogacía del Estado, el objeto de la comisión es el mismo que el de la resolución secesionista del 9-N, que se titulaba "sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015".

El "estudio", un subterfugio

El escrito en el que se plantea el incidente de ejecución afirma que el carácter no legislativo, sino de estudio, de la comisión del proceso constituyente es un "subterfugio", "fraude" o "excusa artificiosa" para "tratar de encubrir la inconstitucionalidad de sus fines" y para "continuar avanzando" hacia la secesión de España, objetivo marcado en la resolución del 9-N.

Según la Abogacía del Estado, "del contexto político y jurídico" en el que se adopta "se deduce con claridad" que la calificación de la comisión como "de estudio" es "una manera de defraudar lo ordenado por la sentencia del Tribunal Constitucional, intentando ocultar, mediante la atribución de ese carácter, su contravención formal".

"Es evidente que el estudio y análisis propuesto no posee una finalidad abstracta, sino que viene ordenado a una clara finalidad y objetivos políticos con consecuencias jurídicas. El verdadero propósito de la comisión", señala, "es dotar de las bases y fundamentos suficientes y oportunos al mismo proceso al que se refería la resolución anulada por el Tribunal Constitucional, uno de cuyos objetivos declarados era también preparar las bases de la futura constitución catalana".

El escrito del defensor de los intereses del Estado atribuye, en todo caso, a los futuros trabajos de la comisión de estudio un "claro efecto jurídico", ya que sus informes y conclusiones "pueden [sic] dar lugar a una nueva declaración política o al inicio de decisiones concretas en orden a la consecución de un proceso constituyente de secesión de España. Ese informe o esas eventuales conclusiones servirán en realidad de fundamento para una subsiguiente elaboración de un texto normativo, o para el inicio de una tramitación legislativa, o bien para la fijación de pautas jurídicas de actuación para el Ejecutivo de la Generalidad", pronostica.

"Frontal desacato"

Por todo ello, la Abogacía del Estado considera que la creación de la comisión de estudio del proceso constituyente "constituye un acto de frontal desacato y de manifiesto incumplimiento de la sentencia" del TC que declaró inconstitucional la resolución secesionista.

El Gobierno insta al Constitucional a aplicar las medidas de ejecución previstas en la ley orgánica del tribunal y que fueron reforzadas el pasado octubre.

Le pide, en concreto, que declare nulas y sin efecto alguno tanto la creación como la constitución de la comisión de estudio del proceso constituyente.

También solicita que el TC requiera a la presidenta del Parlament y a todos los miembros de la citada comisión "para que se abstengan de la realización de cualesquiera actuaciones tendentes a poner en funcionamiento o dar continuidad a los trabajos de la comisión, advirtiéndoles, asimismo, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la sentencia del Tribunal Constitucional, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir".

La comisión de estudio del proceso constituyente está presidida por la diputada de Junts pel Sí Muriel Casals, en estos momentos convaleciente de un accidente que sufrió en Barcelona el pasado sábado cuando fue atropellada por una bicicleta.

Tanto Ciudadanos como el PSV se han negado a formar parte de esa comisión, en la que, en cambio, sí se ha integrado el PP de Cataluña.

El TC dará traslado del incidente de ejecución al fiscal y al propio Parlament para oír su opinión antes de decidir si accede o no a lo que reclama el Gobierno.