La Fundación Francisco Franco se ha querellado contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, por el derribo del monolito al alférez provisional. Este monumento de piedra que reza "Por Dios y por España" fue levantado en 1960 para honrar una categoría militar creada por el bando franquista en plena guerra con el objetivo de paliar la escasez de mandos medios ocasionada por la crudeza del conflicto.
Además de la alcaldesa, son objeto de la querella Celia Mayer, delegada de Cultura del Ayuntamiento, y los administradores solidarios de la empresa contratada para derribar el monumento como "presuntos autores de un delito sobre patrimonio histórico y colaboradores del delito de prevaricación".
La fundación acusa a Manuela Carmena de haber vulnerado el artículo 321 del Código Penal, según el cual "los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su interés histórico (...) serán castigados con las penas de prisión de 6 meses a 3 años (...) e inhabilitados para profesión u oficio por tiempo de uno a cinco años". Además, a tenor de este artículo los jueces podrían ordenar "la reconstrucción o restauración de la obra a cargo del autor del hecho".
El otro presunto delito que se atribuye a la alcaldesa de Madrid es el de prevaricación administrativa, o lo que es lo mismo: haber dictado una resolución arbitraria y a sabiendas de la injusticia que supone.
La versión del Ayuntamiento
Preguntada por el derribo de este monolito, la delegada de Cultura, Celia Mayer, aseguró que se trataba de una pieza de titularidad municipal por lo que no era necesaria ninguna autorización.
Además de esta querella, la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid también ha abierto diligencias para investigar este asunto. Paloma Sobrini, directora de Patrimonio, explicó a este periódico que, a pesar de la titularidad municipal, el monolito estaba enclavado en un entorno Bien de Interés Cultural (BIC), por lo que era "absolutamente necesario" haber solicitado un permiso.
El monolito ya derribado
Así trato de evitar el derribo la fundación Francisco Franco
Es lunes 1 de febrero. Una y media de la tarde. Un vecino alarmado llama a la Fundación Francisco Franco y avisa de que dos personas "con apariencia de jardineros" están derribando el monolito al alférez provisional, levantado en 1960 y ubicado desde ese mismo año en la plaza Felipe IV, junto a la iglesia de los Jerónimos y frente al Casón del Buen Retiro.
El vicepresidente de la fundación, Jaime Alonso, se traslada al lugar de los hechos y, al comprobar lo que sucede, llama a un notario para que recoja y dé constancia del derribo. Además, inician un reportaje fotográfico que resultará "ciertamente elocuente".
El señor Alonso pregunta a quienes han tirado abajo el monolito por la persona que les ha dado la orden. Le responden que trabajan subcontratados y que tienen prohibido facilitar esa información. Pero finalmente terminan reconociendo que "es un tema del Ayuntamiento".
Alonso exige a los operarios algún tipo de justificación documental, una orden de demolición, pero no cuentan con ella -por lo menos allí presente-, lo que llevará a la fundación a describir el suceso en la querella como "extraño y torticero".
Tras más de dos horas sin actividad -con la base del monolito en el camión y la pirámide tirada en el suelo- los operarios descargan el vehículo, dejan la piedra en el césped y abandonan el lugar de los hechos.
A las siete de la madrugada del día siguiente, cuenta la fundación, los mismos operarios, "protegidos por la oscuridad", arrastran el monolito entero al camión y se lo llevan "con destino desconocido".
"Odio ideológico y estilo talibán"
Mientras el juzgado de instrucción de Madrid decide si admite a trámite la querella, el Ayuntamiento ha paralizado tanto la demolición como la reposición de monumentos. Desde la recolocación de la placa en homenaje a los carmelitas fusilados en agosto de 1936 retirada "por error" -según explicó el Consistorio- no ha habido más movimientos en este sentido.
El Consistorio ya ha anunciado que trabaja en la elaboración de un marco normativo para seguir aplicando la Ley de la Memoria Histórica, que presentará probablemente en abril.
La Fundación Francisco Franco acusa a Carmena en su querella de haber actuado en base a "razones de odio ideológico, al más puro estilo talibán, olvidando que el monolito forma parte de una etapa de la Historia de España imposible de borrar parcial o totalmente".