Arranca el juicio por el caso Nóos una vez resueltas las cuestiones previas planteadas en la primera sesión. Va a ser una vista histórica. Por primera vez, un miembro de la familia del rey se sienta en el banquillo de los acusados. A partir del martes, la infanta Cristina de Borbón tendrá que defenderse si quiere evitar ser condenada como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales de su marido. Su estrategia de defensa va a ser negar cualquier responsabilidad ni implicación con los hechos. Sin embargo, no todos los acusados van a optar por negar las acusaciones. El fiscal ha cerrado pactos con cinco encausados, quienes van a reconocer los hechos de los que se le acusan a cambio de una rebaja de la condena.
Además, la Fiscalía Anticorrupción está a punto de cerrar un pacto con el ex presidente balear, Jaume Matas. Este lunes, el ex dirigente popular debe anunciar si reconoce los hechos, o parte de ellos, a cambio de conseguir reducir la condena. Según fuentes próximas a las negociaciones, Matas estaría dispuesto a reconocer que hubo prevaricación y fraude, lo que dejaría a Iñaki Urdangarin al pie de los caballos.
Si finalmente Matas admite firmar el reconocimiento de hechos, admitiría que se puso de acuerdo con Urdangarin y su socio Diego Torres para concederles de forma ilícita convenios de colaboración con el Instituto Nóos por un total de 2,3 millones de euros.
Matas estaría dispuesto a admitir el delito de prevaricación, que no conlleva pena de prisión sino de inhabilitación, y el fraude a la administración, que lleva aparejado de uno a tres años de cárcel. Si reconoce los hechos, se le aplicaría un atenuante y, por consiguiente, se le impondría la pena mínima: un año de cárcel.
Se complica la defensa de Urdangarin
Si se firma este reconocimiento de hechos, Urdangarin y Torres tendrían complicado negar que el Gobierno balear les concedió convenios de colaboración saltándose los trámites obligatorios y por una cantidad muy superior al trabajo real que supuso los preparativos y la realización de los foros organizados por el Instituto Nóos.
Aunque los pactos se hayan cerrado únicamente con la Fiscalía sin el apoyo de las acusaciones, con el simple hecho de que reconozcan las acusaciones y devuelvan el dinero obtenido ilícitamente, el tribunal debe aplicar una atenuante en la condena.
El fiscal no ha conseguido por el momento que Urdangarin y Torres finalmente devuelvan el dinero y reconozcan que utilizaron el Instituto Nóos para recibir contratos públicos amañados para desviar parte de ese dinero a sociedades suyas, simulando trabajos para el Instituto que nunca se realizaron, y después utilizar ese dinero tanto para sus gastos personales como para ocultarlo en el extranjero.
Los ex altos cargos del Gobierno balear ceden
Sin embargo, se augura un juicio complicado para ellos una vez que ya cinco acusados han pactado reconocer la trama llevada a cabo por ambos socios. Se trata del ex asesor legal de la empresa pública Ibatur, que depende de la consejería de Turismo de las islas Baleares, Miguel Angel Bonet, quien se enfrenta a cinco años y medio de prisión por los delitos de falsedad documental por funcionario público y el delito de fraude a la administración; y el ex director de la Fundación Illesport de Baleares, Gonzalo Bernal, con una petición de pena de ocho años de prisión. Al reconocer los hechos se le rebajarás la pena aunque todavía está por decidir cuánto.
Los otros tres son el cuñado de Torres y administrador de Noos, Marco Antonio Tejeiro; el ex director del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Joaquín Alia Pina; y el ex director general de Deportes del Gobierno balear, José Luis Ballester.
La declaración de estas cinco personas reforzará la acusación contra los dos principales implicados, que hasta ahora se han negado a reconocer que recibieron contratos públicos amañados y que utilizaron el dinero entregado para su beneficio personal. A estos se añade que hace unos días, la acusación popular representada por Manos Limpias retiró la acusación para Miguel Tejeiro, hermano de Marco Antonio. El tribunal tiene que anunciar su retirada como acusado una vez que sobre él sólo pesaba la acusación del sindicato.
Su asesor fiscal, como testigo
Sin embargo, Manos Limpias ha reclamado que se le cite en calidad de testigo y declare, como asesor fiscal que fue de Nóos, si Urdangarin y Torres le pidieron que creara empresas pantalla para desviar el dinero público de Nóos, así como el mecanismo utilizado para mover parte de ese dinero al extranjero, y cómo el yerno de Juan Carlos I creó junto a su mujer, la infanta Cristina, la sociedad Aizoon, como una sociedad meramente instrumental para desviar de manera ilícita fondos públicos.
Ante este escenario, fuentes del caso explican que los dos socios podrían cambiar de opinión una vez que les toque declarar como acusados y decidir reconocer por lo menos parte de los hechos. Aún así, el fiscal no va a ser benevolente con ellos en cuanto a una posible reducción de la pena de cárcel -eso sí, nunca por debajo de los seis años de prisión- si no devuelven primero los seis millones de euros que habrían obtenido ilegalmente de las arcas públicas.
Si reconocen, implican a sus mujeres
Los dos socios de Nóos han tenido encima de mesa un pacto de la Fiscalía Anticorrupción para conseguir esa rebaja de la pena si reconocen sus delitos y devuelven esos seis millones de euros de manera solidaria. Sin embargo, la decisión del tribunal de mantener a sus mujeres las acusaciones por delito fiscal, a pesar del criterio en contra del Ministerio Público y la Abogacía del Estado ha complicado esas negociaciones.
Reconocer los delitos de los que se le acusa sería señalar de manera automática a sus mujeres. Por eso, se baraja la posibilidad que reconozcan la parte de los contratos con las administraciones públicas pero en ningún caso los delitos fiscales, dado que tanto Cristina de Borbón como Ana María Tejeiro, están acusadas como cooperadoras necesarias de los delitos fiscales cometidos por sus maridos. En el caso de la mujer de Torres, sobre ella también pesa un delito de blanqueo de capitales por ocultar dinero en paraísos fiscales y moverlo tras conocer que su marido había sido imputado para evitar que la Justicia localizara sus fondos.