El marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, llamaba al Govern balear para reclamar el pago de facturas presentadas por el Instituto Nóos por trabajos que, a criterio del ejecutivo autonómico, no se habían realizado, ha declarado este martes en el juicio el excontable Marco Antonio Tejeiro.
El acusado, que en la sexta jornada de la vista oral sigue respondiendo a preguntas de la Fiscalía, ha señalado que Diego Torres, socio de Urdangarin, pidió al entonces duque de Palma que interviniera para que el Govern completara el pago de 1,1 millones de euros pactado por la organización del foro sobre deporte y turismo celebrado en 2006.
Según relató el 9 de febrero el también acusado José Luis "Pepote" Ballester, él mismo decidió no completar el pago al Instituto Nóos porque no había hecho el trabajo acordado en cuanto a la elaboración de un plan estratégico sobre turismo deportivo, aunque finalmente se transfirió el dinero por orden del entonces presidente del autonómico, Jaume Matas.
"Cobramos normal las dos o tres primeras facturas", pero después le "iban dando largas" con argumentos como "que no había dinero, que no estaba aprobada la partida para pagar", ha manifestado Tejeiro.
Ante este bloqueo del pago, según sabe "de oídas, Torres pidió la intervención del entonces yerno del Rey, que se puso en contacto con el Govern balear para reclamar los pagos pendientes.
Al inicio de la declaración del martes, el fiscal Horrach ha preguntado sobre diferentes facturas y gestiones al excontable, con el que tiene un acuerdo para que confiese los delitos a cambio de limitar las penas que pide para él a 2 años de prisión.
En sus comparecencias del jueves y el viernes de la semana pasada, Tejeiro atribuyó a su cuñado, Diego Torres, y a Iñaki Urdangarin la comisión de fraudes a la Seguridad Social y Hacienda.
Además, les acusó de crear un entramado empresarial para vaciar de beneficios el Instituto Nóos, que habían creado como asociación sin ánimo de lucro y emplearon para prestar servicios a administraciones de Baleares, la Comunidad Valenciana y Madrid por los que ingresó 6 millones de euros.
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