La trama Púnica salpica de lleno al Canal de Isabel II. En un auto, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco apunta que el que fuera consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, habría pagado al conseguidor Alejandro de Pedro “mediante la contratación de sus empresas para realizar estudios reputacionales o de influencia en redes sociales para cargos políticos de la Comunidad madrileña, pagos del Canal de Isabel II, Indra o empresarios como Sergio Ortega sin aparente contraprestación”.
Victoria ordenó estos pagos en función del puesto político que ocupó. Aprobó contratos de publicidad amañados de antemano, así como la consecución de entregas de dinero para personas que presumiblemente han realizado trabajos de rédito político bajo sus instrucciones, como son la empresa Swat, Braveheart, o los realizados a un tal “molécula”, además del propio De Pedro, imputado en la causa al considerarse el 'conseguir' de la organización. Por su parte, Victoria dimitió de su cargo tras ser imputado en el 'caso Púnica”.
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Respecto del Canal de Isabel II, también lo menciona el hermano de De Pedro, Adrian, en una declaración realizada ante el juez. Éste era coordinador-director de proyectos en las empresas Eco y Madiva. Explicó que la facturación ficticia que se estaban pagando estas empresas “se está haciendo a través del Canal de Isabel”.
Además, aseguró que una deuda que tenían las empresas de De Pedro con la Comunidad de Madrid de 140.000 euros le indicaron que la iba a pagar el Canal de Isabel II.
Alejandro de Pedro está investigado porque presuntamente habría recibido dinero de la Comunidad de Madrid y diversos Ayuntamientos a cambio de limpiar la imagen de diversos cargos públicos a través de redes sociales. Según aparece en un interrogatorio del sumario, De Pedro iba recomendado por Génova, donde había llegado de la mano de uno de los cabecillas de la trama, el ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, para llevar a cabo estos trabajos de reputación 'on line'.
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