Una diputada del PP niega en el Supremo que amañara un contrato para la Gürtel

La diputada del PP María José García-Pelayo, ex alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), ha negado esta mañana en el Tribunal Supremo haber intervenido en la adjudicación a la trama Gürtel de tres contratos relacionados con la participación de esa localidad en la Feria de Turismo (Fitur) de 2004.

El caso Gürtel ha vuelto al Supremo casi seis años después de que el alto Tribunal devolviera al Tribunal Superior de Justicia de Madrid las diligencias instruidas contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y el ex diputado Jesús Merino cuando dejaron de ser aforados, en mayo de 2010.

Garcia-Pelayo ha declarado durante una hora y media ante el magistrado Antonio del Moral, instructor de la causa abierta contra ella el pasado 9 de septiembre por supuestos delitos de prevaricación y falsedad en documentos oficiales.

La diputada, que ha abandonado el tribunal sin querer contestar a las preguntas de los periodistas, ha asegurado que "no participé en la tramitación de los expedientes" por los que se adjudicó a dos empresas de Francisco Correa, Special Events y Donwtown, el pabellón de Jerez de la Frontera en Fitur. García-Pelayo ha sostenido que, aunque tenía competencia para firmar los contratos, no fue ella la que lo hizo.

El asunto ha llegado al Supremo por una exposición razonada elevada a la Sala Penal por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que apreció indicios de que García-Pelayo aprobó los pliegos de condiciones de los concursos para la adjudicación de los contratos, ordenó que la adjudicación se produjera por un procedimiento negociado sin publicidad que excluía la posibilidad de competencia, permitió la incorporación de documentación en fecha posterior a la que se hizo constar en los expedientes y ordenó la composición de los expedientes con posteridad a la ejecución de los servicios por las empresas de Correa, al que se habría hecho el encargo sin condición alguna.

Una vez construida esa "aparente realidad contractual administrativa", la ex alcaldesa habría dictado las resoluciones necesarias para que se llevarán a cabo los pagos a la trama Gürtel.

La diputada ha declarado por voluntad propia, sin que se haya cursado aún al Congreso el suplicatorio necesario para proceder contra ella.