El caso de los titiriteros refleja la "desproporción” de la ley, según Amnistía Internacional

Amnistía Internacional ha publicado su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo y en el apartado dedicado a España destaca que “la libertad de reunión se vio restringida por nuevas disposiciones legislativas”, en referencia a la reforma del Código Penal y la nueva Ley de Seguridad Ciudadana aprobadas en 2015. También denuncia “nuevos casos de malos tratos y un uso excesivo de la fuerza” por parte de la policía.

“Se han aprobado medidas legislativas que han limitado de manera desproporcionada la libertad de expresión y manifestación pacífica. Y se ha hecho oídos sordos a la ONU”, ha criticado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional. Multas de hasta 30.000 euros para personas que muestren “falta de respeto” o que graben imágenes de agentes de policía en situaciones como las de los antidisturbios aplicando la fuerza. El informe critica unas competencias que considera excesivas otorgadas a las fuerzas de seguridad.

“Lo que ha pasado con los titiriteros detenidos en Madrid acusados de enaltecimiento del terrorismo por el contenido de su espectáculo [en el que exhibieron una pancarta que rezaba 'Gora ETA'] es un ejemplo de cómo la amplia definición de terrorismo puede suponer un límite desproporcionado al derecho a la libertad de expresión”, ha destacado. “La ley antiterrorista empezó en los años 80 y cada vez está más en vigor y más ambigua en materia de derechos humanos”.

Las conocidas como “expulsiones en caliente” de inmigrantes en Ceuta y Melilla además de la desatención sanitaria de 750.000 migrantes en situación irregular son la otra gran preocupación que denuncia Amnistía en España.

“Lamentablemente, lo mismo que aconseja [España] para el exterior no lo sigue dentro”, ha opinado Beltrán. “Una docena de mecanismos de Naciones Unidas han alertado a España por haber legalizado la expulsión sumaria de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en las fronteras de Ceuta y Melilla; por no haber regulado el delito de tortura ni desaparición forzada; por haber dejado sin asistencia sanitaria a 750.000 personas en situación irregular”, ha enumerado.

Ha subrayado “el poco compromiso de España con los mecanismos de derechos humanos”. Como ejemplo, una cifra: ha acogido a 18 refugiados llegados a través de Italia o Grecia a pesar de haberse comprometido a más de 17.000, si bien es cierto que en toda la Unión Europea tan sólo se ha reubicado a 598 de los 160.000 que acordaron los Veintiocho.