El ex secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa, y el ex vicepresidente de la Generalitat valenciana, Vicente Ramba, se sentarán en el banquillo de los acusados para responder de posibles delitos electorales y de falsedad documental relacionados con la financiación irregular del PP valenciano en las elecciones de 2007 y 2008.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado esta mañana la resolución por la que abre el juicio oral contra Costa, Rambla y otros 18 acusados, además de 13 empresas privadas contra las que también se dirige la acusación.
3,4 millones de dinero negro
El fiscal pide para los dos ex dirigentes del PP de Valencia 7 años y nueve meses de prisión para cada uno por haber empleado un total de 3,4 millones de fondos opacos para financiar actos electorales en las campañas celebradas en 2007 y 2008, dirigidas por Costa y Rambla. La mayoría de esos actos fueron contratados con la empresa Orange Market, vinculada a la trama Gürtel.
Según el auto judicial, "el sistema de financiación y pago por el Partido Popular [de Valencia] de los gastos en que incurría por los servicios y organización de actos que realizaba Orange Market se abonó presuntamente de forma dual, es decir, que al menos en una parte relevante se abonó con cantidades económicas ajenas al circuito económico legal, mientras otra parte se abonaba de modo legal, mediante emisión de factura".
El sistema que supuestamente utilizaron consistía en que una parte del gasto comprometido por el PPCV fue financiado por empresas radicadas en la Comunidad Valenciana que, en connivencia con los dirigentes regionales del partido y con Orange Market, "asumieron el pago de los servicios adeudados por dicha formación política a aquella sociedad, haciéndolos aparecer como pago de servicios prestados por Orange Market".
"Se trata", dice el juez, "de sociedades integradas en grupos empresariales beneficiarios de contratos con la Administración pública valenciana". Los pagos se hicieron por dichas empresas directamente a Orange Market y ésta les facilitó facturas correspondientes a supuestos servicios que, en realidad, no habían prestado.
Las empresas que, supuestamente, actuaron así son Piaf, Facsa, Grupo Vallalba, CHM Obras e Infraestructuras, Padelsa Ingraestructuras, Lubasa, Enrique Ortíz e hijos, Ezentis Infraestructuras, Sedesa Inversiones y Fundación Pontia. Junto a ellas irán a juicio Orange Market y Diseño Asimétrico, vinculadas a la trama de Francisco Correa, y RBlanco Asesores, de Ramón Blanco Balín, que habría realizado las declaraciones tributarias de Orange Market ocultando los ingresos y gastos reales.
Cinco acusados vinculados al PPCV
Además de Costa y Rambla, otras tres personas vinculadas al PPCV irán al juicio. Se trata de David Serra, ex vicesecretario general, y de las ex gerentes regionales Cristina Ibáñez y Yolanda García.
Los demás acusados son Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez Alonso y Cándido Herrero, de la trama Correa; Ramón Blanco, y los empresarios Enrique Gimeno, Antonio Pons, Alejandro Pons, Gabriel Batalla, Tomás Martínez, Rafael Martínez, Enrique Ortíz, José Francisco Bevia, Vicente Cotino y Enrique Fresquet. Se enfrenta a peticiones de pena de prisión.