El histórico líder de Convergencia que retira a diario la 'estelada'

Los eslóganes electorales popularizados por la CUP no dejaban lugar a dudas: “Desobedezcamos”. Y esa es la premisa que siguen los anticapitalistas en el conflicto abierto que mantienen con el presidente de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet (CDC), quien el pasado 2 de Noviembre instó a la formación a retirar una bandera “estelada” que colgaba desde la ventanilla de su despacho.

En una escueta carta –ambas partes jamás han dialogado cara a cara-, el máximo responsable de la diputación tarraconense les recordó que, en cumplimiento del artículo 37.2 del decreto 139/2007 que regula los símbolos, “en los entes locales no puede enarbolarse como propia ninguna bandera que no sea la oficial, debidamente inscrita y publicada por este reglamento”. Por eso, les instó a “retirar lo antes posible” la bandera colgada en el despacho que ocupan en la tercera planta.

El conflicto no quedó ahí. Los cupaires decidieron hacer oídos sordos y el 3 de noviembre siguieron con sus quehaceres con la enseña todavía ondeando. Al mediodía, se marcharon sin cumplir con la advertencia. Poco después, un funcionario de la recepción abrió el despacho y confiscó la bandera. “Pedí explicaciones, y nos dijeron que la bandera estaba abajo”, afirma Xavi Milian, único representante de la CUP en el organismo. Decidieron entrar en el juego: “Cada día nos la quitan, pero nosotros la volvemos a colgar. Hasta que se cansen”, sentencia tajantemente. “Si quieren, que planten dos mossos (policía catalana) y nos lo impidan, pero este es nuestro espacio”, añade.

La estelada en el balcón del despacho de la CUP en la diputación de Tarragona. Alberto Gamazo

La escena se repite a diario como si fuera el día de la marmota. Decenas de miembros de la formación anticapitalista han protagonizado el izado de la bandera independentista en el despacho, y cada uno de ellos reivindicó su acción en breves vídeos subidos a Youtube, en los que cargan contra la actitud de Poblet y la incoherencia de Convergència, que en otros ámbitos si ha desobedecido la ley española vigente.

A pesar del conflicto abierto, la CUP mantiene una relación cordial con el funcionario responsable de la retirada, y han cambiado los férreos nudos usados al principio por unas anillas que facilitan la extracción de la insignia.

EL “DISIDENTE” DE CDC

Mientras que en el Parlament la CUP y Junts pel Sí (JxS) lograron un acuerdo de legislatura in extremis, en el ente tarraconense jamás ha habido acercamiento sobre la cuestión independentista. De hecho, la diputación vetó dos mociones trascendentales: la de apoyo al proceso de ruptura puesto en marcha el 9-N, y la de activar la Agencia Tributaria catalana, aprobada en las diputaciones de Barcelona, Girona y Lleida.

“¿Por qué existe esta contradicción en CDC? ¿Por qué toleran que alguien de su partido actúe así cuando en toda Cataluña impulsan mociones independentistas?”, se preguntan desde la CUP.

Josep Poblet, histórico dirigente convergente de Tarragona, dejó su escaño en el Parlament de Cataluña en 2011, cuando fue imputado por el caso de corrupción sanitaria Innova. El juzgado de Reus le acusó de pagar 68.000 euros a Jorge Batesteza, ex-gerente del organismo CatSaluT, por un encargo de un trabajo que ya estaba completado.

La carta enviada por Poblet a la CUP. Alberto Gamazo

Poblet está alejado de las tesis soberanistas de Puigdemont y CDC: como alcalde de Vila-Seca se abstuvo en la moción de adhesión a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). Además, el frenazo a su proyecto turístico estrella de BCNWorld –paralizado por exigencia de la CUP en el acuerdo para la investidura de Puigdemont-, ha ahondado aún más la distancia con la cúpula de su partido. En la Diputación que preside comentan que su presencia es poco habitual en los pasillos, y en los despachos de su formación no reciben con muy buena cara a los periodistas.

OPACIDAD Y SILENCIO

Milian recibió a EL ESPAÑOL liándose un cigarro a las puertas de la Diputación. Era una mañana ajetreada: había un constante vaivén de diputados entrando y saliendo, porque tocaba jornada de comisión. “Si no, no habría nadie aquí. Vienen cinco minutos, cobran y se largan”, cuenta el joven diputado.

La diputación está gobernada por CiU –que pese al divorcio de la federación aún mantienen la coalición en instituciones locales- con apoyo del PSC y el PP. “Es un pacto para tirar adelante los Juegos Mediterráneos y lograr millones para BCN World”, opina Milian, que describe al presidente del ente como “un unionista que mantiene una estructura caciquil en Tarragona”.

Xavi Milian, diputado de la CUP por Tarragona. Alberto Gamazo

En las entrañas de la Diputación hay constante movimiento de políticos y empleados, pero casi nadie se dispone a hablar. “Ningún partido dice absolutamente nada sobre el tema de la estelada”, advertía el diputado anticapitalista. De hecho, en el equipamiento no hay habilitado un espacio para ruedas de prensa, ni hay un reglamento orgánico que regule su funcionamiento. En los plenos se puede vetar las palabras o mociones de los grupos arbitrariamente.

“Es una institución antidemocrática cerrada a la ciudadanía. No se sabe ni qué hace ni qué competencias tiene”, asevera el representante de la CUP. No obstante, desde aquí se gestionan asuntos trascendentales como el 50% de las carreteras de la provincia, pero el plan estratégico del organismo se resume en cinco escasas páginas de contenido.

En un mismo pasillo se ubican los despachos de todos los grupos presentes en la diputación. En el de Ciudadanos nadie abre la puerta. En el del PP, una risueña secretaria avisa que esta mañana será complicado poder hablar con algún cargo del partido. En el del PSC, tres personas nos reciben amablemente y una mujer contesta que el portavoz anda por la casa. Le transmite la petición de ser entrevistado, pero alega estar ocupado en reuniones. En el despacho de CiU remiten la solicitud directamente al despacho de vicepresidencia, donde sólo apuntan el recado. En la sede de Esquerra (ERC), el presidente del grupo, Jordi Cartanyà, accede a opinar sobre la polémica.

ERC, AL MARGEN

“Es un conflicto que concierne al equipo de gobierno de la diputación y a la CUP. Nosotros no entramos en el tema”, advierte Cartanyà, que exige plasmar estrictamente la literalidad de sus palabras. “Es difícil compaginar la libertad de expresar ciertas ideas con un marco legal que no debería ser el nuestro. Por ello, trabajamos por un estado catalán que defienda mucho más la libertad de expresión”, asegura el diputado republicano.

Esquerra no da la razón ni al equipo de gobierno de CiU ni a la CUP. “Cada uno se expresa y es consecuente con sus actos”, asevera Cartanyà. Advierte de las graves consecuencias que supone incumplir la ley de banderas: “Hay alcaldes imputados por no colgar las banderas en los balcones. Se pueden hacer mil trampas pero es una ley escrita en los tiempos de Martín Villa y debe cumplirse. No hace falta que te explique más”.

Jordi Cartanyà, de ERC. Alberto Gamazo

Aun así, en otras cuestiones vetadas por el Tribunal Constitucional –como la reciente impugnación a la acción exterior de la Generalitat-, los republicanos han apostado por continuar por la senda del desacato a la legalidad española. “No desobedecemos. Es una suspensión cautelar. No hay dictamen que indique qué podemos hacer y qué no”, opina.

LEGITIMIDAD vs LEGALIDAD

“Nos da igual lo que diga la legislación española. La constitución no tiene legitimidad alguna, ya que el 80% de la gente jamás pudo opinar sobre su contenido”, remarca Milian. La CUP defiende que están legitimados para incumplir la legislación española vigente, ya que la “liberación de los países catalanes pasa por una nueva ley que vele por nuestros intereses". "Ya sea para colgar una estelada o para convocar una huelga”, añade con severidad. De hecho, desde la propia formación anticapitalista abogan por eliminar del mapa a las Diputaciones. “Fueron un instrumento del estado español para articular su centralización en el S. XIX”, considera Milian.

Al finalizar la visita y tras haber tomado testimonios e instantáneas por todo el edificio, preguntamos al funcionario al cargo de la retirada diaria de la bandera si se presta a hacer declaraciones. Remite el encargo a la jefa de comunicación de la Diputación, quien amablemente asegura que no está autorizada a hablar del tema, pero toma nota de la petición. Sorprendentemente, el funcionario apunta nuestros DNI y saca sobre el mostrador pases de “Visitante” cuando ya estamos abandonando el edificio.

La diputación de Tarragona. Alberto Gamazo