¿El homenaje de Colau a Puig Antich es enaltecimiento del terrorismo?

Según se informa en la web del Ayuntamiento de Barcelona, el próximo sábado 5 de marzo, a partir de las 11 horas, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la concejal de Nou Barris, Janet Sanz, inaugurarán oficialmente el monumento dedicado a Salvador Puig Antich en la plaza del mismo nombre. Se indica asimismo en la convocatoria oficial que se trata de un sentido homenaje que Barcelona quiere rendir a quien fue ‘el último catalán ejecutado por el fascismo represor de Franco.’

En el debate de investidura, Pablo Iglesias abrió su intervención en el Congreso de los Diputados recordando a Puig Antich. "Me van a permitir que homenajee la memoria de Salvador Puig Antich, asesinado por la dictadura hace 42 años", dijo el líder de Podemos.

La decisión de homenajear a Salvador Puig Antich no es una iniciativa de la actual alcaldesa. Fue en 1999 cuando el ayuntamiento, entonces presidido por el socialista Joan Clos, decidió dedicar una plaza al militante anarquista, a propuesta de los representantes del hoy extinto Partit per la Independència, Angel Colom y Pilar Rahola. Y fue el consistorio presidido por el convergente Xavier Trias el que decidió dotar a dicha plaza de un monumento dedicado a Salvador Puig Antich.

Como es sabido, Salvador Puig Antich fue detenido en el otoño de 1973 y condenado a muerte por un tribunal militar por el homicidio del policía Francisco Anguas Barragán, durante un tiroteo que se produjo durante su detención junto a otros miembros del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL). Su ejecución mediante garrote vil tuvo lugar el 2 de marzo de 1974.

Según puede leerse en el auto de 5 de julio de 2007 de la sala militar del Tribunal Supremo, que desestimó el recurso de revisión interpuesto por los familiares del reo ejecutado, los hechos por los que fue condenado Salvador Puig Antich eran constitutivos de un delito de "terrorismo con resultado de muerte" tipificado en el art. 294 bis b) del entonces vigente Código de Justicia Militar, que había sido modificado en lo referente a este delito por la Ley 42/71, de 15 de noviembre, que incluyó en dicho Código la rúbrica "Terrorismo".

Pese a los diferentes recursos presentados ante el Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los hechos declarados probados por la justicia franquista permanecen inmutables, y en consecuencia Salvador Puig Antich sigue siendo jurídicamente un terrorista. En estas condiciones cabe preguntarse si el ayuntamiento de Barcelona corre un riesgo jurídico al dar cobertura a un acto que podría ser considerado enaltecimiento del terrorismo.

El artículo 578 del Código Penal establece que el enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, se castigará con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que en no pocas ocasiones la Audiencia Nacional ha considerado enaltecimiento del terrorismo dedicar calles o monumentos a terroristas de ETA.

En lo que respecta al actual Código Penal, es irrelevante que los actos de terrorismo objeto de enaltecimiento hayan tenido lugar durante el franquismo o tras la entrada en vigor de la Constitución. El difuso concepto de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas ha propiciado que se siente en el banquillo incluso a quien ha bromeado sobre el atentado contra Carrero Blanco.

Con independencia de que nos pueda parecer un exceso represivo perseguir monumentos relativos a acontecimientos históricos –lo que llevado al extremo puede suponer considerar terroristas a los guerrilleros que combatían a Napoleón en la guerra de la Independencia- lo cierto es que los asesores legales del ayuntamiento de Barcelona quizás deberían haber considerado el riesgo jurídico que afronta la alcaldesa al presidir la inauguración. Es evidente que el clima político y judicial no es el mejor para reflexionar sobre los hechos luctuosos de nuestro pasado, y mucho menos si tenemos en cuenta la facilidad con la que se presentan querellas últimamente.

***Carlos Sánchez Almeida es abogado.