Los excesos del alcalde de la Púnica: borracho en los plenos y con puti-club "privado"

El exalcalde de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada -imputado por los delitos de prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y cohecho-, olía a alcohol en los plenos municipales y tenía su puti-club privado en la discoteca 'Fabrik', según una denuncia incluida en el sumario de la trama Púnica.

Carlos Estrada, del Partido Popular, llegó a la alcaldía de Moraleja de Enmedio en 1999, y, tras 16 años ostentando el consistorio, el PSOE venció en las pasadas municipales de mayo de 2015. Tras los comicios, fue concejal en el municipio, pero por poco tiempo: en agosto decidió dimitir y solicitó su baja en el PP.

Con la explosión del 'caso Púnica' en octubre de 2014, un interventor local presentó una denuncia tras conocer la detención del ex consejero madrileño Francisco Granados y varios alcaldes, en la que exponía a la Guardia Civil los excesos del que fuera alcalde de Moraleja de Enmedio y presidente de la Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid, Carlos Alberto Estrada.

En la denuncia, enviada en abril de 2015, narraba cómo el edil, que llegó a la alcaldía con 28 años y sin acabar sus estudios universitarios, tenía una casa, un coche marca Mercedes CLS de aproximadamente 60.000 euros de precio; una moto marca BMW K 1100 o 1200, de un valor de 18.000 euros; o que había hecho cursos de piloto de vuelo.

"Se rumorea que jugaba y que ha estado desintoxicándose en una clínica por consumo de cocaína y que tiene (o tenía) su 'puti-club' privado en la discoteca 'Fabrik', cercana a Moraleja de Enmedio", recoge la denuncia, que consta en el sumario del 'caso Púnica'. En una sesión plenaria que se celebró en la Mancomunidad "tuve que sufrir el desagradable y vomitivo olor a alcohol que desprendía por su boca cada vez que hablaba, después de haber estado toda la noche de 'farra'".

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Detenido tras la denuncia

Tres meses después de esta denuncia, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acordó la detención e imputación de este alcalde y en septiembre del pasado año el magistrado citaba al denunciante en calidad de testigo. "En catorce años de ejercicio profesional bajo su jerarquía he tenido ocasión de conocer todo tipo de irregularidades y tropelías cometidas por esta persona y algunas de quienes la rodean", recogía en la denuncia, ratificada posteriormente ante el juez.

Este funcionario también implicaba en las irregularidades a varios alcaldes y cargos de la Mancomunidad, uno de ellos Gonzalo Cubas Navarro, el alcalde de Torrejón de Velasco y cuñado de David Marjaliza, el socio de Granados y cabecilla de la trama Púnica, que tras su detención e ingreso en prisión ha decidido colaborar con la Justicia e implicar al que fuera la mano derecha de Esperanza Aguirre en la corrupción madrileña.

Confesó financiación irregular

El interventor que decidió denunciar a su superior jerárquico explicó que el alcalde denunciado es de las personas "que hacen de su capa un sayo y pretenden enriquecerse por la vía del ejercicio del poder menospreciando a los ciudadanos". Según los datos que ofrecía, el Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio, con tan sólo 5.000 habitantes, es el cuarto de la Comunidad de Madrid y el vigésimo segundo en España en endeudamiento. Respecto a la Mancomunidad, hay una deuda de en torno los 700.000 euros de los municipios mancomunados, "que jamás se propuso perseguir legalmente mientras yo ejercí allí, dando pábulo a sus amigos alcaldes de otros municipios".

Según le contó el propio Estrada durante los años que coincidió con él en la Alcaldía, habría tenido financiación presuntamente ilegal para las campañas electorales locales; y le confesó tener un arma corta en su poder, con licencia deportiva falsa concedida por la intervención de un policía. Efectivamente, cuando fue detenido se halló en su domicilio una pistola que tenía la licencia caducada desde 2009.

Según le explicó al juez, sufrió una situación de "acoso laboral" por parte de Estrada una vez que se negó a conceder una adjudicación irregular, y a consecuencia de ella el edil le interpuso una denuncia falsa por falsificación de documentos, y que fue archivada por un Juzgado.

"No acceder fue mi perdición"

Respecto de este suceso, narró a Eloy Velasco que la Mancomunidad solicitó en 2010 una subvención a la Comunidad de Madrid para la implantación de nuevas tecnologías. Fue un proyecto que no tenía fecha de entrada, presentado por la vicepresidenta de la Mancomunidad, Olga Fernández y con quien el presidente, según el denunciante, había mantenido una relación personal. La Comunidad les concedió 350.000 euros. "¿Estaba Paco Granados?", le preguntó la fiscal. El interventor sólo conocía que fue la Consejería de Economía quien lo aprobó.

Para la adjudicación del contrato, el presidente le dio un 'pendrive' con el pliego de condiciones que debía presentar pero el interventor denunciante hizo caso omiso porque algunas de las condiciones reflejadas eran incompatibles con la ley. "Deseché esos pliegos y preparé los míos. Cuando se dio cuenta que no lo puse actuó contra mi", explicó al instructor.

"Me pidió colaboración para que yo interviniera en la adjudicación a una empresa concreta", sostuvo. "¿Le ofreció dinero", le preguntó el magistrado. "No, nunca", respondió. Era una orden por su condición de superioridad jerárquica. "Yo por ahí no paso y eso fue mi perdición", atestiguó.

"Absolutamente irregular"

El testigo aportó a la Guardia Civil documentos que acreditarían contrataciones "a dedo", facturas sobre valoradas; empresarios que cobraban IVA a tipos impositivos superiores a los legales; personal enchufado para devolver favores a empresarios amigos; subvenciones para inversiones empleadas en gasto corriente; empleo de certificados falseados de Seguridad Social para poder recibir subvenciones; o falseamientos de asientos de registro de documentos.

Durante su interrogatorio en sede judicial, el instructor y las fiscales de Anticorrupción encargadas del caso le preguntaron por un convenio marco firmado por la Mancomunidad, con Carlos Alberto Estrada como presidente, para la recogida de ropa usada concedido a la empresa Recuperaciones Oasis S.L en 2011, sociedad dada de alta el mismo día que se concedió el contrato, y que está bajo sospecha judicial.

El interventor confirmó que no pasó por la fiscalización previa de la intervención. "Esto significa que alguien lo adjudicó por su propia cuenta y riesgo", añadió. Según explicó, esa concesión fue "absolutamente irregular" porque no pasó por fiscalización.