La familia Pujol utilizó el proceso independentista en Cataluña como argumento para que Andorra no revelara pruebas sobre sus delitos fiscales. El objetivo del ex presidente Pujol y sus hijos era que los tribunales andorranos se negaran a colaborar con la Audiencia Nacional y frenaran la llegada de información sobre los 200 millones de euros que ingresaron en la Banca Privada d'Andorra (BPA).
En un recurso enviado al tribunal que debía decidir sobre la comisión rogatoria, los abogados del clan mantienen que la investigación abierta contra ellos es una persecución política contra Jordi Pujol y su familia, una respuesta del Estado español por favorecer el proceso soberanista.
El escrito, firmado el 19 de agosto de 2014 por el abogado Joan Miguel Rascagrenes, asegura que las investigaciones contra el clan Pujol "tiene un trasfondo político evidente que no se puede dejar de lado", ya que las investigaciones abiertas por la Audiencia Nacional coinciden en fecha "con el momento en el que se perfilaba en Cataluña la posibilidad de una consulta popular sobre la independencia".
Para los abogados de Jordi Pujol, "es un hecho notorio que el padre de mi defendido [en referencia al ex presidente Pujol] se ha pronunciado en este sentido en los medios catalanes, y su pronunciamiento tenía un valor innegable, dada la personalidad de Jordi Pujol Soley, persona de un inestimable recorrido político". "No merece especial esfuerzo de argumentación acreditar que las investigaciones penales de referencia tienen, por tanto, un trasfondo político", concluyen los abogados de la familia Pujol.
Fragmento del escrito presentado por los Pujol en Andorra.
Reconocimiento público del delito
La familia Pujol intentó por todos los medios legales que la Justicia andorrana se negara a colaborar con la Audiencia Nacional y su patrimonio en el principado permaneciera oculto. Además de presentarse como mártires políticos, los miembros del clan intentaron frenar la comisión rogatoria con otros dos argumentos: la información detonante había sido obtenida por la Audiencia Nacional de forma ilegal y además, el fraude fiscal no es delito en Andorra.
Para acreditar el primer supuesto, aseguraron que la información sobre sus cuentas ocultas en Andorra -publicada por El Mundo el 7 de julio de 2014- había sido obtenida violando el secreto bancario del principado.
Sin embargo, el argumento no fue compartido por la justicia andorrana y la información sobre el dinero escondido allí ya está en manos del juez Pablo Ruz. El 28 de agosto de 2014 la jueza Maria Angels Moreno Aguirre reconoce que cualquier investigación relacionada con la familia Pujol tiene "trascendencia política" al ser el ex presidente "una figura histórica". Sin embargo, eso no es óbice para que no pueda ser investigado. Y más cuando él mismo "reconoce en público haber cometido voluntariamente una irregularidad fiscal [en referencia al comunicado público donde Pujol reconocía la existencia de fondos ocultos en Andorra]. Eso genera un debate sobre su persona y su credibilidad", explica la jueza andorrana.
Sin razones para una persecución
La magistrada les recuerda a los Pujol que "la jurisdicción andorrana puede apreciar que todo este proceso tiene una trascendencia política en España porque forma parte de un debate sobre un personaje público", pero rechaza que sea un procedimiento "sin base legal, orquestado para esconder una persecución política al señor Jordi Pujol Soley en perjuicio del proceso soberanista que actualmente se debate en Cataluña".
Según la jueza Moreno, con el argumento esgrimido por el clan Pujol, "sería imposible investigar la corrupción", ya que es un delito que afecta siempre a personajes políticos, "que son conocidos y parte del debate social".
A juicio de la jueza andorrana, la petición de la Audiencia Nacional estaba "suficientemente sustentada con elementos objetivos", por lo que "no hay razones para creer que la investigación sobre el patrimonio y actividades de Jordi Pujol Ferrusola sea una persecución política contra él o contra su padre , aunque la investigación de los hechos pueda formar parte del debate público político".