A la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se le abre otro frente judicial, en este caso por presunta desobediencia de la ley de Memoria Histórica. La normativa se le atragantó en varias ocasiones a la ahora senadora. El juzgado de Instrucción 16 de Valencia ha dado un paso previo encaminado a una posible imputación de Barberá. Se ha dirigido al Senado para que confirme su situación como aforada. Es la segunda vez que la magistrada ha tenido que dirigirse a la Cámara alta porque, según informaron desde el Tribunal Superior de Justicia valenciano, ya lo hizo en octubre y todavía no había recibido contestación.
El asunto llevaba meses haciendo viajes de ida y vuelta entre distintas instancias judiciales a consecuencia de los cambios en el aforamiento de Barberá. El paso de diputada autonómica a senadora modificó su estatus de aforada ante el TSJ para serlo ahora ante el Tribunal Supremo, lo que derivó en que la causa pasara de una instancia a otra para regresar de nuevo a Instrucción.
Operación Taula
El juzgado de Instrucción 18, que ha asumido la investigación de la Operación Taula, ya dio este paso en la pieza separada sobre presunto blanqueo de dinero en el grupo municipal popular. Ahora, la petición de confirmación de aforamiento se debe a la causa abierta a raíz de una denuncia en mayo de 2015 realizada por el diputado socialista en el Congreso José Luis Ábalos, el portavoz del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica en la Comunidad Valenciana, Matías Alonso y un abogado por un delito de desobediencia y denegación de auxilio por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica al mantener símbolos franquistas en la ciudad durante su mandato. La denuncia se interpuso porque la alcaldesa se negó a retirar de las calles símbolos como escudos, insignias y placas con los símbolos franquistas.
Es esta denuncia sobre los símbolos la que abre un nuevo frente judicial a Barberá, pero a la exalcaldesa se le atragantó en más ocasiones la aplicación de la ley de Memoria Histórica. En 2012 un juzgado le obligó a retirar a Franco el título de alcalde honorario a lo que se había negado en dos plenos. La primera vez que se reclamó fue en 2009 a instancias del grupo socialista. El argumento para negarse: que Franco estaba muerto y el título había caducado. En abril de 2015, la oposición consiguió, tras años de intentos, que el Ayuntamiento retirara la medalla de oro al dictador.
Las reticencias a aplicar lo dictado por la ley de Memoria Histórica fueron particularmente sufridas por la familia de Teófilo Alcorisa, un represaliado del franquismo que fue ahorcado en 1947, tal y como ha venido denunciando el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica en la Comunidad Valenciana. Su hija Pilar Alcorisa llevaba años intentando que el Ayuntamiento que dirigía Barberá permitiera la exhumación de sus restos de una fosa común cementerio general.
Las trabas de la Memoria Histórica
Tras años topándose ante las trabas del consistorio (llegaron a perder la subvención estatal para los trabajos), Barberá otorgó los permisos en abril del pasado año pero obligó a los familiares a pagar los 45.000 euros necesarios para exhumar el cuerpo de Alcorisa.
En junio, y tras el cambio de gobierno, la familia reclamó al nuevo consistorio la anulación de esta resolución al alegar riesgo de embargo si se veían obligados a pagar esa cantidad. La respuesta llegó en agosto. El Ayuntamiento de Joan Ribó (Compromís) anuló la resolución que obligaba a los familiares a pagar. El drama acabó el pasado mes de febrero con la exhumación de los restos y su posterior identificación como Teófilo Alcorisa.
Su hija compareció ante la prensa días después de esta noticia y arremetió contra Barberá por ponerles “zancadillas por todos los lados”. “No tiene vergüenza y no es humana”, dijo.