La juez investiga el enriquecimiento de Ignacio González en política

La juez investiga el enriquecimiento patrimonial de Ignacio González durante sus años en política. La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona ha convertido la investigación del ático en Marbella del ex presidente de la Comunidad de Madrid en un proceso en el que se van a rastrear todas las propiedades y cuentas bancarias del ex líder del PP y de su esposa Lourdes Cavero.

La magistrada Isabel Conejo ha acordado, además de la imputación de González, Cavero y del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, por cohecho y blanqueo de capitales, la "averiguación patrimonial de los investigados". Y junto a ella, la de los movimientos de todos sus depósitos bancarios vinculados directa o indirectamente con las entidades Caixabank, Barclays, Bankia, Santander y Banco Popular.

La petición del SUP

Llama la atención que estas pesquisas fueron solicitadas formalmente en noviembre de 2014 por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y no han sido acordadas hasta ahora, más de un año después. Entonces, esta entidad, que se personó en el procedimiento bajo la presidencia de José Manuel Sánchez Fornet y tras la marcha de este se ha retirado de la causa, subrayaba "el montante de dinero excesivamente alto" detectado en comparación "con los sueldos de ambos cónyuges, uno de ellos servidor público". 

Así, no sólo se refería el SUP al célebre dúplex ubicado en la urbanización La Alhambra del Golf de Estepona, sino "a su propio chalé en Aravaca, domicilio conyugal, adquirido seis años antes por 1.060.000 euros". Debiendo, añadía el sindicato, "justificar la procedencia para la acumulación de tanto dinero líquido". "Amen existe otro dato llamativo que es el escaso importe de deuda hipotecaria total que tienen y que asciende a 212.500 euros entre Bankinter y La Caixa ante el alto valor real patrimonial en inmuebles conocidos".

La juez ha acordado, además de la imputación de González, Cavero y Cerezo, que se libre una nueva comisión rogatoria internacional a las autoridades de la República de Panamá, donde se encuentra la matriz de la sociedad instrumental que adquirió el ático, denominada Coast Investors, gestionada por el testaferro profesional Rudy Valner.