Doce imputados escapan de los ERE por prescripción de los delitos

Tras cinco años de compleja instrucción de la macrocausa de los ERE, dividida en nueve piezas distintas y con unos 270 imputados, era previsible que hubiera prescripción de delitos. Se había advertido ya por parte de la Fiscalía Anticorrupción, y hasta 13 veces en los últimos tres años por la propia Junta de Andalucía, e incluso mostró su preocupación el fiscal general de Andalucía, Jesús García Calderón. La juez instructora del caso, María Núñez Bolaños, ultima ahora un auto en el que constatará los primeros archivos por prescripción de la responsabilidad penal de doce imputados, después de que hayan transcurrido más de 10 años desde que se les concedieran las ayudas supuestamente de manera irregular.

Aunque se archive la causa, los 12 imputados, todos ellos empresarios de la Sierra Norte de Sevilla, puede que no se vayan de rositas. Existe la posibilidad de que la magistrada reclame la responsabilidad civil de las empresas beneficiarias. De acuerdo con el artículo 122 del Código Penal, se podría exigir dado que  "por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación”.

La decisión de Núñez Bolaños tiene su origen en la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2015 y en el reciente auto en el que la Audiencia Provincial de Sevilla declaraba prescritos los delitos de malversación y prevaricación que la anterior juez instructora, Mercedes Alaya, imputó a otros dos beneficiarios de ayudas a entidades de la Sierra Norte. Justo hace un año, la Fiscalía pidió a la juez Alaya que declarase la prescripción de las conductas de aquellos imputados perceptores de ayudas cuyo importe sea claramente inferior a 450.000 euros siempre que hubieran transcurrido pasado más de 10 años, ya que por debajo de esa cantidad no pueden ser de especial gravedad.

La responsabilidad de que todo esto haya sucedido recae, al parecer, en la jueza Alaya, a la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía apartó del caso el pasado octubre por demostrar escasa o nula voluntad de colaboración con la nueva juez instructora. La razón está en que Alaya habría dejado correr los plazos y tardó en imputar a estos empresarios, a pesar de que había sido alertada desde la Fiscalía Anticorrupción y la Junta.Al no haber respondido a estos requerimientos, los plazos seguían avanzando.

Trece avisos

La Junta, a través de su gabinete jurídico, solicitó desde octubre de 2011 la práctica de diligencias judiciales sobre personas y empresas de la Sierra Norte de Sevilla beneficiarios de ayudas “indiciariamente ilícitas” y alertó en varias ocasiones desde 2013 (la última fue el pasado mes de junio) del riesgo de prescripción de los delitos imputados y de la posibilidad, por tanto, de que la administración autonómica no pudiera recuperar el dinero presuntamente defraudado.

Por esta razón, el archivo de esta causa no ha sentado nada bien en la Junta. La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha considerado que “no son buenas noticias” porque evidencia la lentitud de la Justicia. “La Justicia para ser justa, tiene que ser rápida siempre”, ha dicho, tras recordar que el Gobierno andaluz ha demandando hasta en trece ocasiones “celeridad”.

Desde el Gobierno central, su delegado en Andalucía, Antonio Sanz, ha considerado que la actitud de la Junta de Andalucía con la administración de justicia “ha sido perjudicial” por falta de voluntad de colaborar. “En este caso habrá que pedir que no puede haber más dilación en la presentación de la información que se solicita, ni más parálisis”, ha asegurado.