La denuncia llegó el pasado 21 de diciembre al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas. Y refleja cómo un grupo de policías corruptos mexicanos colocaron una pistola en el coche del abogado Paulo Díez para defender presuntamente los intereses de la constructora OHL. El letrado, que mantiene un pleito millonario con la constructora española, fue detenido en plena calle y entretenido por los funcionarios mientras uno de ellos colocaba una pistola en el asiento de atrás de su vehículo. Momentos después, Díez fue detenido y acusado de tenencia ilícita de armas, con la suerte de que la escena quedó grabada por completo en la cámara de seguridad de un comercio cercano.
Seis meses después, los diez agentes implicados en el suceso se encuentran acusados y a la espera de juicio, mientras Díez señala directamente a OHL como instigador del montaje. Desde la constructora española niegan cualquier relación con el hecho y recuerdan que el Juzgado negó al comparecencia de Juan Miguel Villar Mir en el procedimiento. Es por eso, y ante las posibles relaciones que la constructora española mantiene con el gobierno de Peña Nieto, que el abogado ha recurrido a diversas comisiones internacionales sobre Derechos Humanos para denunciar su caso. Por su parte, desde OHL especulan con el hecho de que fuera el propio abogado quien organizara la colocación del arma a modo de montaje y se desligan absolutamente del suceso.
Grabaciones sobre jueces y funcionarios
El desacuerdo frontal entre OHL e Infraiber comenzó a fraguarse en 2011, cuando la empresa mexicana fue elegida para auditar la contrata que la división mexicana de OHL tiene sobre una autopista local, identificada como Círculo Exterior Mexiquense. Al contrario que en España, las concesiones públicas en México no vencen en un plazo determinado, sino cuando la empresa concesionaria ha recuperado su inversión y el beneficio pactado con el Estado. La labor de Infraiber era comprobar si OHL había cubierto ya esa cifra y por lo tanto, debía entregar la carretera al Estado. En esa fecha, la empresa estima ya un desfase en las cifras de OHL de 20.000 millones de pesos (1.016 millones de euros).
El 9 de mayo de 2013, el personal de Infraiber abandonaba las instalaciones de OHL y arrancaba así el litigio entre ambos, ya que la empresa se niega a ser auditada por la firma, pese al contrato que la misma tiene con el Estado mexicano. La negativa de OHL a trabajar con Infraiber hizo que la empresa perdiera su contrato con el Estado. Dos años después, aparecen los primeros indicios de guerra sucia con audios y grabaciones telefónicas donde varios responsables de OHL en México hablan de presuntos sobornos a jueces y magistrados del país.
Poco después, la empresa OHL presentó una denuncia penal contra los responsables de Infraiber por interceptar sus comunicaciones y difundirlas de forma manipulada. Los magistrados afectados en estas grabaciones hicieron también una nota pública negando la recepción de cualquier dádiva por parte de la constructora. Puestos en contacto con EL ESPAÑOL, los responsables de OHL han declinado concretar las pruebas concretas en las que se basa su denuncia y las supuestas manipulaciones que han sufrido las conversaciones con sus responsables. Además, los portavoces de la constructora aseguran que Paulo Díez no ha presentado ni una sola denuncia penal en su contra en México.
La lista negra de Peña Nieto
En agosto de 2015 y según el escrito presentado en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el abogado Paulo Díez se reunió en Miami con el secretario de Gobierno del Estado de México, que intentó mediar en el conflicto. "Me informó de que el presidente de la República estaba muy molesto", refleja en su escrito. "También me dijo que algunos en la administración del presidente Peña Nieto tenían cierto aprecio por mí, lo que había ayudado a que yo "no estuviera todavía en la lista (dando a entender que se trataba de una lista de enemigos del gobierno federal) pero que a partir de ese momento, ya estaba incluido en la misma".
El lunes 7 de septiembre -quince días después de esa reunión- el coche del abogado es detenido en plena calle por un dispositivo de siete agentes. La Procuraduría General de la República (PGR) había cursado una orden de localización contra él para que declarara como testigo en la denuncia presentada por OHL. Sin embargo, en ese dispositivo, uno de los agentes -captado por una cámara de vigilancia- coloca un arma en el coche que sirve después para detener al abogado. Unas horas antes, Juan Miguel Villar Mir anunciaba en una junta de accionistas de OHL que sobre el litigio con Infraiber "estaba todo dicho", ya que el responsable de la firma mexicana había "huido del país" dado que cometió "un delito de escuchas telefónicas".
Así colocó la Policía mexicana el arma en el vehículo de un abogado rival de OHL
Lejos de escapar de la Justicia, el abogado sufrió la colocación de un arma en sus coche y estuvo 48 horas arrestado, en una operación que no cumplió los cánones reglamentarios. En su declaración judicial del pasado 17 de septiembre -a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL- José Trinidad, director general de Investigación Policial, reconoce que la citación del abogado para declarar como testigo se hizo con un "documento reservado, por lo que no se le dio un trámite ordinario". Los subalternos participantes en el operativo recibieron orden expresa de que "no se elaborara ningún informe por escrito o tarjeta informativa, ni informes pos escrito de los avances del cumplimiento de los mandamientos ministeriales de esa naturaleza". Tras ser detenido, el abogado fue custodiado también fuera del sistema habitual, y denuncia el volcado ilegal de su teléfono móvil.
Registro en las oficinas
El nueve de septiembre, Paulo Díez fue puesto finalmente en libertad, y un día después denunció que una copia de sus mensajes telefónicos había sido descargada sin su consentimiento y enviada a una dirección de correo de Gmail. Un día después, la policía mexicana se presentó de nuevo en sus oficinas. En teoría tenían como objetivo localizar a un empresario, máximo responsable de Infraiber y llamado Pedro Topete. Sin embargo y según la versión denunciada, los agentes -algunos de ellos participantes en la anterior detención de Paulo Díez- se llevaron precintados los ordenadores de la compañía.
El 12 de septiembre, cinco días después de la detención, el caso dio un giro con la aparición del citado vídeo, captado por la cámara de seguridad de una vieja tapicería. Los acusadores se convirtieron entonces en acusados, y los diez agentes quedaron en libertad bajo fianza mientras se termina de instruir el procedimiento. Los abogados de Paulo Díez han citado a declarar tanto a Juan Miguel Villar Mir, máximo responsable de la compañía, como a Juan Luis Osuna, consejero delegado. Sin embargo,el juez ha negado que comparezcan. Los responsables de Infraiber, además de acudir a instancias internacionales, han presentado un juicio de amparo que debe decidirse en breve. La pelota, está ahora de nuevo en el tejado de los jueces.