La mano derecha de Rita Barberá: "No ingreséis los billetes en vuestras cuentas"

La secretaria del grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, María del Carmen García Fuster, exigió a medio centenar de asesores y concejales del partido hacer transferencias por un importe de 1.000 euros desde sus cuentas. Ese dinero les sería reingresado. Eso sí, hizo una advertencia clara a los 'pitufos' -personas que participan en operaciones de menudo de blanqueo de dinero- para evitar que la operación dejara rastro: no podían ingresar el dinero revertido, y de procedencia presuntamente ilícita, en ningún banco. Así lo narra una de las ex asesoras del vicealcalde valenciano, Alfonso Grau, que se negaron a participar en el blanqueo en favor del PP valenciano.

García Fuster es la persona de "absoluta confianza" de Rita Barberá, tal y como la define la Fiscalía Anticorrupción y es, entre otros datos, lo que hace sospechar a los investigadores que la senadora tenía conocimiento de lo que ocurría en su tesorería. La ex alcaldesa del PP, Rita Barberá, está ya en un callejón sin salida.

Los investigadores tienen varios indicios de la participación de Barberá. Por un lado, el juez y el fiscal Anticorrupción que investigan el 'caso Taula', junto a la Guardia Civil, han dejado meridianamente claro que hay cincuenta personas, asesores y concejales del PP que pagaron, en un plazo de escasos diez días en marzo de 2015, 1.000 euros cada uno a las cuentas del Grupo Municipal del PP en Valencia. Barberá es una de ese medio centenar de cargos públicos del PP valenciano que pagó, tal y como consta en el cheque a su nombre que consta en el sumario de la causa.

cheque

La alcaldesa lo sabía

Sin embargo, ella ha asegurado públicamente que hizo una aportación y ya está, sin saber para que era. Esta versión la desmonta el concejal Vicente Igual Alandete quien explicó al juez que habló con Barberá sobre las aportaciones de 1.000 euros de los cargos públicos del Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia, aunque no se acuerda si le dijo el motivo por el que estaban recaudando el dinero.

Varios de los concejales que hicieron esa transferencia explicaron al instructor y al fiscal del caso que la explicación que les habían dado era que no había suficiente dinero en la cuenta del partido para hacer frente a la campaña electoral para las elecciones de mayo de 2015.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción ha apuntado en un informe que esa afirmación "queda desvirtuada con el examen de las cuentas del grupo municipal, que contaba con dinero metálico suficiente para afrontar la campaña y por la documentación intervenida en los registros donde aparece comparado el gasto de la campaña electoral de 2015 (116.900 euros), mientras que en la campaña de 2011, en la que el gasto fue de 241.698 euros y no se pidió ninguna aportación cuando el gasto fue muy superior".

Investigados que apuntan a Barberá

Varios de los imputados reconocieron al juez que cuando la secretaria del Grupo les pidió la aportación no dudaron que detrás de la orden estaba Barberá. La concejal Lourdes Bernal aseguró que cree que la orden venía de Barberá; la ex asesora de la alcaldesa explicó que por encima de García Fuster sólo estaba Barberá; y la concejal María Jesús Puchalt explicó que la secretaria, cuando le reclamó el dinero, señaló que esa aportación sería exigida a todos, dando por hecho que también a la alcaldesa.

Las pruebas que se recogen en el sumario evidencian que el entorno de Barberá no sólo presionó a sus cargos para que hicieran ese pago sino que, premeditadamente, les exigían que al devolver el dinero ingresado, y por tanto blanqueado, no podía quedar reflejado en ninguna cuenta bancaria. Sin embargo, alguno de los 'pitufos' parece que hizo caso omiso de esa orden.

La portavoz adjunta del grupo popular de Valencia, María Angel Ramón-Llin, ingresó 500 euros en su cuenta día después de la presunta donación aunque lo justificó en su declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que lleva el caso, diciendo que la cuenta es compartida con su marido y el dinero ingresado era un regalo de su suegra a él por cuestiones particulares.

"Fue una putada"

Que la aportación no era voluntaria sino una exigencia lo demuestran varias declaraciones de imputados. "Pensé que era una putada porque nos íbamos a casar pronto", explicó ante el juez el marido de una miembro del PP valenciano, quien hizo la transferencia desde una cuenta a su nombre. Según explicó, le habían dicho que tenía que hacer una aportación para costear la campaña electoral. En su caso, negó que su mujer le dijera que el dinero se lo iban a devolver. "Si me hubiera comentado algo de eso no se lo hubiera permitido, soy policía local".

Otra cargo público al que se le reclamó el dinero, Silvia Cardenal, señaló tanto a la Guardia Civil como al juez que entendió que "había que arrimar el hombro" porque "es probable que si no lo arrimas no te vuelvan a coger".

La mayoría de los cargos públicos imputados han negado que el partido les devolviera el dinero, precisamente porque de reconocerle estarían asumiendo el delito de blanqueo de capitales. Sólo aquellos que se negaron a hacer la transferencia, a pesar de las presiones, han sido quienes han reconocido que les prometían la devolución del pago. No solo se lo prometían sino que les exigían cobrarlo.

"Me obligaron a llevarme el dinero"

Según explicó la asesora Elena Rodrigo ante la Guardia Civil, García Fuster le obligó a llevarse el dinero. Dos días después de hacer la trasferencia, le llamaron del despacho de la secretaria del Grupo y ésta le dijo que le iban a devolver lo ingresado, dándole en ese momento dos billetes de 500 euros. Rodrigo rechazó el dinero porque había hecho una aportación y ya estaba. "Entonces Mari Carmen me dijo que es obligatorio coger el dinero, que te lo tienes que llevar sí o sí, que no tienes otra opción" explicó. En ese momento, la asesora se sintió "coaccionada" y salió del despacho "muy afectada". Ante la presión, se llevó el dinero.

Y si decidían no pagar, no lo dejaban correr. El ex concejal Juan Vicente Jurado también recibió el mandato. Sin embargo, a pesar de ir al banco y ordenar la transferencia "pasados unos días le llamaron dicéndole que no habían hecho el ingreso, dijo que él lo había intentado al número que le dieron, pero en el banco le dijeron que el número no era correcto", recoge la transcripción de la declaración. Al cabo de dos semanas, y cuando le reclamaron por segunda vez el dinero, volvió a ir al banco con el número correcto. La persona que le insistió fue García Fuster. "No iba a quedar mal con quienes habían sido mis compañeros por no hacer la aportación", añadió.