El abogado de Griñán acusa al Gobierno de provocar su paseíllo para tapar otros casos

La declaración de los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla nada ha aportado. No han respondido una sola pregunta. Los dos no han necesitado más que unos 25 minutos para cumplir el mero trámite de ratificarse en lo que ya declararon hace casi un año ante el Tribunal Supremo, y que les supuso su imputación por un delito de prevaricación administrativa. Sin embargo, tras la declaración de Griñán, su letrado sí ha querido añadir algo más: su teoría de la compensación, por la que el Gobierno central “ha presionado” para que ambos hicieran el “paseíllo” y tapar otros casos de corrupción.

Según el letrado José María Mohedano, la petición del fiscal de que volvieran a declarar no ha tenido como finalidad garantizar el derecho de defensa ni el principio de igualdad, sino que tiene una “finalidad extraprocesal”. Griñán ya había sido sometido a un intenso interrogatorio de más de cuatro horas y en el que respondió hasta 119 preguntas en su comparecencia voluntaria ante el TS el 16 de abril de 2015. Por tanto, sólo hay una explicación. “Después de las elecciones del 20D, el Gobierno ha presionado para que se produzcan estas declaraciones, para que hagan el paseíllo y compensen otra serie de casos de corrupción”, ha denunciado.

En este caso, ha apuntado directamente a Fiscalía Anticorrupción. Mencionó que hace dos semanas estuvo en Sevilla el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas. “se pidieron el 25 de enero por segunda vez, pero como nadie accedía a esto, pues vino aquí y estuvo en este Juzgado y estuvo con los fiscales”, ha detallado.

Para este letrado, esta pieza política del caso de los ERE ya es un asunto “muy antiguo” que debería cerrarse después de cinco años, y se ha opuesto a la ampliación por 18 meses más la instrucción, después de declararla de especial complejidad a petición de la fiscalía. “Es muy sencillo, de lo que se trata es de prolongar este caso a calendas grecas, y llamar aquí cada vez con la disculpa de que se le ha ocurrido al fiscal una nueva pregunta, y esto va en contra del derecho de defensa”, ha insistido, entendiendo que todo responde al afán por continuar con el “show”.

Tanto Griñán como Chaves han esquivado no sólo las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y el letrado del PP, que ejerce la acusación popular, (sí las han escuchado, pero sin responder ni una sola), sino también las de la prensa. Sí han entregado un comunicado. Griñán se ha escudado en que ya respondió ante el TS y por tanto, “nada añadiría una nueva declaración salvo la propia comparecencia y sus efectos mediáticos”. Y Chaves, ha manifestado que “nada ha cambiado” y su posición “no ha variado”. Así vendría a ratificar lo que declaró el 14 de abril de 2015 en el Supremo: “Cualquier decisión política o normativa que he tomado, la he tomado siempre basada en la legalidad y con todos los trámites e informes necesarios”, dijo entonces.

A diferencia de sus declaraciones ante el TS, el paseíllo de entrada y salida de los expresidentes andaluces de los juzgados ha estado protegido por un fuerte dispositivo policial, pero eso no ha impedido que hayan tenido que escuchar los insultos (“corruptos” y “chorizos”) y consignas (“PSOE y PP, la misma mierda es” o “No hay pan para tanto chorizo”) que gritaban un grupo de manifestantes de la plataforma Stop Desahucios.

El último citado en esta jornada era el exconsejero de Empleo, José Antonio Viera. Ha seguido los mismos pasos que los expresidentes andaluces y no ha respondido a nada.

A partir de ahora, irán desfilando otros consejeros y altos cargos de la Junta, así hasta un total de 51 personas, que forman parte de la pieza política del caso de los ERE, que instruye Álvaro Martín, el juez de apoyo a la jueza instructora, María Núñez Bolaños. Esta pieza política es una de las nueve en la que ha sido dividida esta macrocausa, que ya lleva cinco años de instrucción. Se prevé que esta, en la que se investiga el procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas de forma fraudulenta, pueda ser el primer juicio del caso y que sea a finales de este año.

Esta es la pieza más importante del caso de los ERE, no sólo porque es la primera que se pretende enjuiciar, sino porque afectará al resto de la causa, en la que hay 275 imputados y se empezó a instruir hace ya más de cinco años.