"El Gobierno del Estado no hizo el menor esfuerzo impeditivo del proceso de participación del 9 de noviembre" tras su suspensión por el Tribunal Constitucional cinco días antes, afirma la defensa del ex presidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas en un escrito en el que defiende que no ha incurrido en desobediencia al TC ni en prevaricación ni en malversación de fondos públicos. Por ello, insta el archivo de la causa que se sigue contra él en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y cuyo instructor, Joan Manel Abril, ha acordado remitir al Tribunal Supremo ante la aparición de indicios contra un aforado, el diputado Francesc Homs.

El escrito de la defensa de Mas transforma lo que el fiscal considera un delito de desobediencia en una mera "cesión" de medios de la Generalitat "para el ejercicio del derecho ciudadano" a participar en los asuntos públicos y expresar su opinión sobre una cuestión "de la mayor trascendencia". "¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? ¿Quiere que este Estado sea independiente?", se preguntó a los catalanes.

Para la Fiscalía, sin la infraestructura y sin los medios proporcionados por el Govern (la web oficial para informar de la consulta, los programas informáticos, ordenadores, urnas, papeletas), sin la implicación de organismos dependientes de la Generalitat como el Centro de Tecnologías y sin la dirección e impulso de la iniciativa por Mas "la votación no hubiera podido tener lugar en los términos pretendidos".

Una "responsable acción de gobierno"

La defensa del ex president catalán sostiene, sin embargo, que tras la suspensión de la votación por el Tribunal Constitucional el 4 de noviembre "el proceso participativo quedó por completo en manos de miembros voluntarios de la sociedad civil" y lo único que pasó es que, "en una correcta y responsable acción de gobierno", la Generalitat "puso a disposición del proceso voluntario" ("cedió", señala en otro momento) los elementos materiales y servicios contratados con anterioridad a la suspensión del TC.

No era cuestión de tirar a la basura los medios ya contratados para la consulta: "El gasto ya se había producido y las alternativas eran o que el mismo deviniera por completo estéril, o que se le diera la utilidad y destino de soportar la iniciativa civil del proceso de participación ciudadana del 9N", alega.

"Lo contrario", añade, "supone tanto como decir (por ejemplo) que si las urnas se hubieran llevado a un vertedero el mismo día 4 de noviembre nos hallaríamos ante un supuesto de fiel cumplimiento de lo resuelto por el TC, con una correcta aplicación de gasto, mientras que cederlas al voluntariado para un acto que suponía un ejercicio de la libre expresión de sus derechos civiles constituye un intolerable dispendio, merecedor de la más severa calificación jurídica".

Entre las alegaciones que la defensa utiliza a su favor está la conducta del Gobierno central, de la Fiscalía y del propio TC.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ordenó a la Abogacía del Estado impugnar la consulta, lo que hizo el 31 de octubre de 2014. Pero, una vez admitida a trámite la impugnación y suspendida la votación mediante una providencia dictada por el TC el 4 de noviembre, el "proceso participativo" continuó desarrollándose "ante la pasiva conformidad de todos los poderes del Estado, sin que a nadie -por muchas denuncias 

de asociaciones y particulares que constaran en aquel momento- se le pasa 

por la cabeza el menor movimiento impeditivo", destaca la defensa de Artur Mas.

"No es de extrañar: ya en días posteriores al 4N y anteriores y simultáneos al mismo 9N, destacados miembros del Gobierno del Estado (su presidente, su vicepresidenta y su ministro de Justicia, sin ir más lejos) habían utilizado masivamente la tribuna de los medios de comunicación -es de suponer que con el correspondiente dispendio- para informar al conjunto de ciudadanos del Estado de que el proceso participativo no tenía el menor valor, era una payasada o (ministro de Justicia) que el Gobierno no iba a obstaculizar una consulta que no pasaba de ser -efectivamente- algo parecido a una encuesta", señala el escrito.

Para el defensor del ex president Mas, "no sólo fue el Gobierno del Estado quien no realizó el menor esfuerzo impeditivo del proceso de participación del día 9 de noviembre: tampoco lo estimó preciso el Ministerio Fiscal, que salvo error de esta defensa no instó medida cautelar alguna" ante los Juzgados de Guardia competentes.

"No se vislumbra", añade, ninguna desobediencia cuando "ni el TC acudió a la jurisdicción ordinaria para instar la ejecutividad de su resolución" del 4 de noviembre.

Ignorando al Constitucional

"El proceso participativo del 9N se llevó a cabo de manera completamente legal", concluye la defensa de Artur Mas, obviando por completo no sólo que el TC ordenó el 4 de noviembre paralizar (con retroacción al 31 de octubre) todas las actuaciones relacionadas con el proceso participativo, sino que en una sentencia dictada el 11 de junio de 2015 declaró inconstitucional todo ese proceso “por no corresponder a la Comunidad Autónoma la convocatoria de consultas que versan sobre cuestiones que afectan al orden constituido y al fundamento del orden constitucional”.

Pese a ello, la defensa de Mas afirma en su escrito al TSJC que la Generalitat "tiene competencia exclusiva en materia de procesos participativos" y que su actuación tuvo soporte legal en la facultad de los poderes públicos de promover la participación de los ciudadanos en la vida política.