Tres exaltos cargos de la Sanidad vasca se enfrentan a la imputación judicial de cinco delitos por presuntas irregularidades en la concesión de adjudicaciones públicas por más de 6 millones de euros.
La jueza que instruía el llamado “caso Margüello” ha puesto fin a la instrucción sobre los tres investigados y concluido que el exviceconsejero de Sanidad, Rafael Cerdán; el exdirector territorial de Bizkaia, José Ramón Elorriaga; y el exjefe de Calidad del hospital de Cruces, José Carlos Margüello, pudieron incurrir en los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios.
En un auto emitido a principios de marzo, la magistrada Yolanda Paredes concluye que los tres actuaron en “connivencia” para que una empresa de Margüello, Gestión de Servicios Sanitarios XXI S.L., obtuviera la gestión de las listas de espera de Bizkaia, adjudicada en más de un millón de euros y, posteriormente en UTE con la Clínica Indautxu, un segundo contrato de 212.800, que fue prorrogado de formas sucesivas hasta superar los cinco millones (5.041.000). De esta forma lograron “elevadas cantidades de fondos públicos -más de seis millones- que no debieran haber recibido”.
“INCOMPATIBLE”
La sociedad fue constituida formalmente por María Nieves Fernández, también imputada por la jueza, para eludir la “incompatibilidad” que tenía Margüello por razón de su cargo para estar al frente de la mercantil. Sin embargo, el entonces jefe de Calidad del mayor hospital de la red pública vasca era “el apoderado y auténtico administrador” de la firma.
Gestión de Servicios Sanitarios XXI se constituyó el 6 de febrero de 2006, fue autorizada “ilegalmente” para operar en el ámbito sanitario por la delegación territorial del Departamento de Sanidad, dirigida por Elorriaga, y tanto éste último como Cerdán le adjudicaron contratos públicos saltándose la normativa vigente, según el relato de la jueza.
DENUNCIA EN 2009
El “caso Margüello” fue destapado por EL MUNDO DEL PAÍS VASCO en 2009 y objeto de denuncia por el Gobierno socialista de Patxi López, que trasladó a la Fiscalía las irregularidades observadas en las legislaturas anteriores, bajo el mandato del PNV, cuando era lehendakari Juan José Ibarretexe y Gabriel Inclán estaba al frente de la cartera de Sanidad.
Tanto el Parlamento Vasco como el Tribunal vasco de Cuentas Públicas (TVCP) llevaron a cabo sus propias investigaciones, en el ámbito de sus respectivas competencias y en paralelo al proceso judicial abierto.
La Cámara de Vitoria dictaminó procedimientos anómalos de contratación en beneficio de “unas empresas en las que participaron un grupo de personas que tenían vinculación directa con la Administración sanitaria pública" [en alusión a Margüello y otros colaboradores suyos también facultativos de la Sanidad pública vasca].
Por su parte el TVCP detalló la existencia de al menos 19 contratos otorgados por Sanidad de manera irregular, por un importe global de 33,5 millones de euros.
Las contrataciones analizadas en ambos casos no se circunscribían solo a Gestión de Servicios Sanitarios XXI, como el auto judicial, sino que abarcaban otras empresas controladas por Margüello, como Medical Dom S.L., Rehabilidom S.L. y Recard S.A, y el periodo comprendido entre 1996 y 2009, en el que Inclán fue consejero.
Aunque la jueza menciona que el imputado era también apoderado de Medical Dom y Rehabilidom y que ambas sociedades “venían recibiendo importantes adjudicaciones públicas desde 1996”, los hechos que relata se ciñen a la sociedad creada en 2006.
AUTORIZACIÓN ILEGAL
El “propósito” de Margüello con Gestión de Servicios Sanitarios XXI era obtener adjudicaciones públicas, a las que por razón de su cargo no podía acceder, “aprovechando la connivencia” de los dos responsables públicos, Cerdán y Elorriaga, que “favorecían las resoluciones y adjudicaciones fuera de la legalidad”.
A través de la Dirección Territorial de Sanidad la empresa consiguió la preceptiva autorización para prestar servicios sanitarios, en contra del criterio de los técnicos, que consideraban que no reunía los requisitos necesarios. Elorriaga “presionó de forma reiterada” a varios funcionarios, pero al no conseguir que informaran a favor emitió en junio de 2006 una resolución en el que autorizaba a la empresa a operar en el sector.
La resolución , declarada posteriormente nula, tenía como objetivo el acceso a los fondos públicos derivados de las contrataciones , “para lucro y beneficio económico de los investigados y en perjuicio de los intereses públicos”.
PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA
Menos de 20 días después de obtener dicho permiso, Elorriaga y Cerdán “decidieron adjudicar” a la sociedad de Margüello la gestión de las listas de espera en Bizkaia. Su empresa asumió así tareas de intermediación entre Osakidetza (Servicio vasco de Salud) y la sanidad privada con el fin de aliviar la presión del organismo público, derivando pacientes a otros centros ajenos a la red.
La adjudicación, por más de un millón de euros, firmada por el viceconsejero Rafael Cerdán, se hizo de forma directa y mediante el procedimiento de emergencia, una fórmula reservada para resolver necesidades derivadas de catástrofes o situaciones excepcionales, que contó con el “informe negativo” de la Oficina de Control Económico del Gobierno vasco. [Ésta negó que la razón aducida, corregir el desequilibrio entre la oferta y la demanda sanitaria, pudiera considerarse un “acontecimiento catastrófico o similar].
Con procedimiento tan inusual, Cerdán evitó “la concurrencia de otras empresas” y los “controles” a los que están sometidos los contratos públicos.
No fue la única adjudicación en la que la jueza ve presuntos comportamientos delictivos.
INCREMENTOS “ATÍPICOS” DE TARIFAS
Un año después, el 2 de julio de 2007 el director territorial de Sanidad de Bizkaia sustituyó un proceso de contratación público ya iniciado por otro de contratación negociada para adjudicar a la empresa de Margüello el mismo servicio sobre las listas de espera. El importe inicial del contrato, de 212.800 euros, fue objeto de sucesivas prórrogas “injustificadas “ por parte de Elorriaga , que alcanzaron “incrementos atípicos” y elevaron hasta 5.041.000 el presupuesto de adjudicación final.
La jueza subraya en su auto que la conducta de los investigados vulneró los principios de legalidad , publicidad y concurrencia y causó un “perjuicio económico” a la Administración.
A similar conclusión llegó el Gobierno de Patxi López que cuantificó en su momento en 6,8 millones de euros el daño ocasionado a las arcas vascas con la adjudicación a Gestión de Servicios Sanitarios XXI.
La causa abierta por el “caso Margüello” ha seguido un largo proceso de instrucción, repleto de vericuetos judiciales.
Al principio se desgajó en dos investigaciones y la seguida por prevaricación contra José Ramón Elorriaga fue archivada. La acción de la Fiscalía de Bizkaia, que reunió nuevas pruebas, logró que se reabriera y se unificara con las diligencias en marcha por la comisión de un delito de malversación de fondos públicos.
Ahora la jueza ha dado traslado de sus conclusiones a la Fiscalía y al Gobierno vasco –de nuevo en manos del PNV-, instándoles a que bien formulen acusación para la apertura de juicio oral o pidan el sobreseimiento de lo instruido.
El auto de la magistrada contra los tres exaltos cargos de la Sanidad vasca se conoce apenas una semana después de que el fiscal del “caso de Miguel” hiciera público su escrito de acusación contra tres exdirigentes del PNV de Álava,