El empresario catalán Carlos Fernández Gómez, presidente de Fergo Aisa, está en busca y captura. Un juez de Barcelona ha ordenado su detención después de que se haya negado a comparecer en el Juzgado hasta en cuatro ocasiones, donde está siendo investigado por una presunta estafa.

El titular del Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona, Juan Emilio Vila, ha acordado su detención debido a las “reiteradas incomparecencias”. Relata, en un auto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que fue citado a declarar el pasado 3 de febrero. El mismo día de la declaración, envió un escrito alegando que estaba en Málaga hasta marzo. El juez canceló la declaración y le citó para el 19 de febrero. El día antes de la nueva fecha, mandó otro escrito diciendo que no llegaría a Barcelona hasta el 3 de marzo.

El instructor se lo admitió y le citó para el 4 de marzo pero el día antes informó, a través de un escrito, que no llegaría a la ciudad condal hasta el 10 de marzo. El juez se lo volvió a admitir y le citó para el 16, fecha en la que no se presentó ni dio ninguna justificación.

Ante este escenario, Vila ha ordenado su detención y que sea puesto a disposición judicial. Una vez detenido se decidirá la nueva fecha del interrogatorio.

Dos querellas

Fernández Gómez tiene dos querellas por estafa contra él. En una de las querellas presentadas contra él por el abogado Felipe Izquierdo, y admitida a trámite, se explica que Fergo Aisa “presentaba una imagen económica y patrimonial del grupo muy distante a la realidad". Además, recuerda que Fernández anunció contratos como la construcción de 20.000 viviendas en Colombia y 18.000 pisos más en Irak, cuando la empresa ya no tenía ninguna actividad.

La querella fue presentada en la Audiencia Nacional pero, por falta de competencia, se remitió a un juzgado de la capital catalana. En julio, el administrador concursal de Fergo Aisa solicitó en el concurso que se declarara culpable y que se reclamara un total de 133 millones de euros para Carlos Fernández y el resto del consejo. El déficit concursal se sitúa en 221 millones de euros.

En la querella, el abogado afirma que "no nos hallamos ante centenares de accionistas que han sufrido su inversión a causa de la crisis mundial y la caída de los mercados, sino ante una estafa monumental orquestada por el presidente de la sociedad y el resto de querellados, como pone de manifiesto el informe de la administración concursal".

Así, el juez recoge en el auto de admisión a trámite, fechado el 21 de julio, que el querellante adquirió 600.000 acciones el 12 de febrero de 2012 de la sociedad Fergo Aisa, "en un momento en el que la sociedad estaba, según recoge la querella, inactiva y en situación de insolvencia". Por los hechos denunciados, el juez considera que se podría estar hablando de delitos de falsedad de la información económico-financiera y "la incidencia que ellos tuvo en la formación de la base objetiva y subjetiva del negocio jurídico que suscribió el querellante".