Reabrir Canal 9, el laberinto imposible de la Comunidad Valenciana

Hace más de dos años que el gobierno del popular Alberto Fabra apagó Radio Televisión Valenciana (RTVV), un ente público que dejó 1.200 millones de euros en deudas, 1.600 trabajadores en la calle de una plantilla sobredimensionada y episodios de manipulación y control político para aburrir. El Parlamento valenciano está embarcado desde enero en la búsqueda de un nuevo modelo para reabrir Canal 9. Una comisión lleva dos meses escuchando a expertos del sector audiovisual para definir una fórmula que permita recuperar las emisiones y evitar repetir aquel modelo. Los expertos alertan: no se puede construir una nueva televisión pública basándose en el mismo modelo de hace veinte años.

La dimensión del canal, los mecanismos de control interno y externo, el endeudamiento y la selección del personal son los cuatro puntos sobre los que giran las propuestas. Y el presupuesto. El coste anual del nuevo Canal 9 se ha cifrado en entre cien y 150 millones, bastante más de lo que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tiene previsto.

Dimensión, coste y trabajadores

Uno de los primeros informes emitidos fue el de una comisión de expertos en comunicación de las universidades valencianas (CECUV). El catedrático de la Universidad Jaume I de Castellón, José Javier Marzal, recomendó a los diputados que para el nuevo Canal 9 harían falta 800 trabajadores y un presupuesto de entre 104 y 142 millones de euros al año. La dimensión se fijó analizando la media del coste del servicio público de radiotelevisión por habitante en el conjunto del Estado, que está en 28,76 euros. La CECUV fija el límite en 22 euros por habitante para la nueva RTVV. Es lo mismo que en su día fijó el Comité de Empresa de los extrabajadores que apuntan a un 'modelo gallego'.

Un representante de una de las asociaciones de periodistas de la Comunidad Valenciana, la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos, dejó clara su idea: "La plantilla debe superar con creces la de cualquier medio privado en la Comunidad Valenciana porque aspiramos a llegar más que ellos". El número sería de unos 600 trabajadores y un coste de 150 millones (135 de presupuesto público).

Por la comisión parlamentaria ha pasado también Rosa Vidal, la exdirectora general del ente que dimitió cuando Fabra anunció el apagón de Canal 9. Ella defendió que en su época hizo una programación con menos de 500 personas y un presupuesto de 70 millones. En menos de un año, dijo, logró que un déficit de 3,2 millones de euros se pasara a tener beneficios.

Las dimensiones aportadas hasta ahora por los expertos están muy lejos de las pretensiones de Puig. El presidente valenciano ya puso en entredicho los números fijados por la comisión de expertos universitarios. 

El control de las injerencias políticas

Si hay algo en lo que Canal 9 fue referente fue en la manipulación informativa que llevó a decretar durante años un silencio informativo total en torno a las víctimas del accidente de metro de Valencia en el que murieron 43 personas. Una manipulación que provocó el total desapego de la población a la cadena. "Cuando dije de aceptar esto a mí me daba vergüenza ajena", dijo Rosa Vidal. Para ella, la reputación del nuevo ente debe ser prioritaria.

Algunas de las fórmulas planteadas no son novedosas. Los expertos han hablado de un Defensor de Espectador o consejos de redacción con decisiones vinculantes, entre otras. Pero una de las visiones más rupturistas la dio el profesor de Derecho Administrativo, Andrés Boix. "Hay que mirar a referentes más ambiciosos, solo hay que cruzar los Pirineos", les dijo a los diputados para evitar copiar o adaptar modelos de otras televisiones públicas autonómicas.

Boix puso como ejemplos cómo la BBC elige a su director general (mediante concurso) o Alemania, donde el Tribunal Constitucional declaró ilegal el nombramiento por parte de políticos del consejo de administración, aun no copando el 45%. También habló de un consejo de redacción con trabajadores públicos cuyos dictámenes no es que sean vinculantes, sino que serían ellos quienes determinaran el rumbo de la televisión. "Es lo que hacen las universidades, gestionar fondos públicos por parte de trabajadores", añadió. En la misma línea se pronunció el catedrático de la Universidad Complutense Enrique Bustamante.

"Viví las injerencias políticas desde primera línea para intentar decidir incluso la frase exacta a decir", afirmó durante su comparecencia en comisión parlamentaria Fran Llorente, ex director de informativos de RTVE. Llorente también habló del modelo alemán para que no sea una mayoría política la que decida el consejo de administración.

Los grupos políticos no han decidido qué modelo de control impondrán, pero sostienen que una cosa es la ley y otra la realidad. Desde C’s se alerta de un posible sobredimensionamiento de órganos.

El endeudamiento está prohibido

El endeudamiento tiene que estar prohibido por ley y el presupuesto cumplirse a rajatabla. Esto es lo que indicaron la mayoría de los expertos, salvo Alfonso Sánchez, director general de la televisión gallega. "Hay que ser razonable y prudente, utilizado de forma discreta, el endeudamiento puede ser una herramienta tremendamente útil, pero también puede llevar a  situaciones absolutamente indeseables como la que vivieron aquí", dijo.

Todavía hoy, con la tele cerrada, su mantenimiento cuesta una media de un millón de euros al mes.

Más divergencias se han visto a la hora de hablar de cómo el nuevo Canal 9 puede ayudar a revitalizar el sector audiovisual valenciano. Los expertos se debaten entre facilitar externalizaciones de productos a empresas valencianas o, por el contrario, no ejercer como protectores del sector.

¿Y los extrabajadores?

Es una de las grandes incógnitas. Ninguno de los comparecientes ha podido ofrecer una fórmula clara de cómo elegir la futura plantilla ante la enrevesada situación judicial de los 1.600 despedidos. Será este uno de los caballos de batalla más complicados para definir la nueva Canal 9.