La CUP fuerza a JxS a reafirmarse en su desobediencia al Constitucional

Las diferencias entre la CUP y Junts pel Sí (JxS) han estallado en el Parlament el mismo día en que se han iniciado las ponencias para redactar las leyes de la “desconexión”. La Mesa de la cámara, con mayoría de JxS, ha realizado este martes un movimiento inédito para evitar pronunciarse sobre una moción de la CUP que reclama ratificar la declaración rupturista del pasado 9 de noviembre, suspendida por el Tribunal Constitucional.

Los representantes de JxS han acordado una “admisión condicionada” para que, en el caso de que no se modifique el texto, sean los diputados y no la Mesa quienes voten si se admite esa moción a debate. Con este movimiento, calificado de “filibusterismo parlamentario” por parte de la oposición, la Mesa traslada la responsabilidad legal de tramitar una moción suspendida por el Constitucional a los 135 diputados de la cámara catalana. Por otro lado, JxS gana una semana de tiempo para intentar que la CUP modifique el texto de la moción, algo que los anticapitalistas han avisado que no harán. Los miembros de JxS de la Mesa ya acordaron el martes pasado aplazar durante una semana la decisión que se ha tomado este martes.

Dos estilos muy diferentes

“No cambiaremos ni una coma de la moción”, ha asegurado la diputada Anna Gabriel en los pasillos de la cámara. Minutos más tarde, la portavoz de JxS, Marta Rovira, ha calificado la moción de “mejorable” y ha emplazado a los anticapitalistas a dialogar durante esta semana para consensuar su contenido. “¿Es mejor decir que cumpliremos o cumplir?”, se ha preguntado Rovira, que ha asegurado que tanto JxS como el Govern siguen “comprometidos” con la moción del 9-N.

Las divergencias entre ambas formaciones evidencian maneras muy distintas de entender cuál debe ser el camino para gestionar la ruptura. Mientras en JxS y en el Govern tildan la moción de la CUP de una mera “gesticulación”, los anticapitalistas creen que es el momento de reafirmarse en la ruptura ante la “ofensiva judicial” del Estado. El propio expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha cargado este martes contra los que cree que son “discusiones absurdas” y “envidias” entre los partidos independentistas. “Cada uno debe ampliar la base desde su ámbito, más allá de mirarse de reojo”, ha afirmado en una comida con militantes.

Los diputados de la CUP, en cambio, no entienden por qué a JxS les tiembla la mano a la hora de reafirmar su desobediencia a las instituciones españolas y creen que con su acción reivindican “la fortaleza” del independentismo en el Parlament . “Sin desobediencia no conseguiremos la independencia”, ha afirmado horas más tarde el diputado anticapitalista Albert Botran. “Este es el mensaje claro que necesita el independentismo en la coyuntura actual”.

El órdago de la CUP llega en el momento en que el Tribunal Constitucional debate sobre cómo ejecutar la sentencia que suspendió la declaración del 9-N, precisamente la que ahora los anticapitalistas exigen volver a votar. La presentación de esta moción ha abierto una brecha considerable entre los dos partidos independentistas, que se han estado cruzando duros reproches desde la semana pasada a raíz de esta votación. Ninguno de los dos, sin embargo, ha querido aventurarse a explicar qué pasará con el acuerdo de estabilidad parlamentaria entre ambas formaciones si finalmente el próximo miércoles no se aprueba la moción de los anticapitalistas.

Una decisión inédita

Fuentes presentes en la reunión de la Mesa describen un arduo debate durante el encuentro, que se ha alargado más de lo habitual hasta superar las dos horas. Los representantes de JxS han reconocido que esa “admisión condicionada” se debía a que “algunos puntos” de la moción presentada por la CUP podían ser “problemáticos”.

Cuando los representantes de la oposición han preguntado a los de JxS cuales eran esos puntos, el vicepresidente de la Mesa, Lluís Corominas (JxS), se ha negado a responder. Rovira tampoco ha querido especificar qué es lo que no gusta a JxS de la moción, pero en privado los miembros de la coalición reconocen que el punto más problemático es el que insiste en la desobediencia al Constitucional.

La oposición en bloque ha cargado contra esa “admisión condicionada”, una figura que ningún veterano de la cámara recuerda haber usado previamente. La portavoz del PSC, Eva Granados, ha acusado a los partidos soberanistas de “trasladar a las instituciones” sus “discusiones y diferencias”. El portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, se ha expresado en el mismo sentido y ha afirmado que la Mesa ha “abandonado sus funciones” con la decisión de este martes.

La moción que se votará en el próximo pleno, previsto para el 6 de abril, reclama desobedecer al Tribunal Constitucional, desatender los requerimientos de la Audiencia Nacional a los cargos locales investigados por apoyar la moción rupturista del 9-N así como que los Mossos d’Esquadra dejen de realizar funciones de policía judicial. La misma moción reclama que en los presupuestos se destine una partida para la desconexión y que en el plazo de 30 días se presente un plan detallado de la ruptura con España.

A pesar de que la mayoría de investigaciones a cargos locales por este asunto han acabado archivadas, las que afectan a cargos de la CUP siguen abiertas ya que la mayoría de estos ediles no ha querido facilitar la información que se le requirió.

Las ponencias conjuntas empiezan a trabajar

El encontronazo entre JxS y la CUP llega la misma semana en que se ha iniciado la tramitación parlamentaria de las principales normas de la “desconexión”. Este martes se ha reunido en el Parlament la comisión de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda para nombrar a los ponentes que redactarán la propuesta de ley de Régimen jurídico catalán, la norma conocida previamente como “de transitoriedad jurídica” y que debe concretar la transición entre la legalidad española y la catalana en el caso de una hipotética secesión. La semana pasada se formó la comisión que redactará la propuesta de ley para crear una Agencia Tributaria catalana.

La tercera comisión prevista, la de Trabajo, se reunirá el jueves. Esa ponencia redactará una propuesta de ley de protección social catalana, conocida previamente como “ley de Seguridad Social”.

La elección de este método para tramitar las normas de desconexión, desaconsejada por los servicios jurídicos del Parlament, también generó fuertes críticas por parte de todos los grupos de la oposición. Las ponencias conjuntas se suelen emplear cuando la mayoría de los grupos parlamentarios coinciden en que hay que elaborar una nueva norma. En este caso, sin embargo, cuatro de los seis partidos de la cámara ya han avisado de que no participarán en la redacción de estas propuestas de ley.