Rajoy: las Cortes podían haber intervenido en lugar del Rey

Las Cortes Generales y no el Rey. Por primera vez desde que declinó la oferta de Felipe VI el pasado 22 de enero, Mariano Rajoy ha explicado este martes abiertamente cuál hubiera sido la fórmula preferida por el PP para desatascar la situación política que él contribuyó a crear al declinar presentarse a la investidura como candidato a la presidencia del Gobierno.

Según Rajoy, las Cortes Generales -“que representan a la soberanía popular”- podían haber puesto en marcha el reloj procesal sin necesidad de pasar por una investidura fallida como fue el caso con la de Pedro Sánchez. ¿Cómo? Simplemente, el Parlamento podía haber “tomado nota” de las ausencia de candidatos rellenando así un “vacío legal” que según Rajoy existe en la Constitución española de 1978. Todo, sin mencionar la existencia del monarca y el hecho de que una de las funciones principales del rey, según lo establecido en el artículo 99 de la Carta Magna, es la proponer a un candidato a la presidencia del Gobierno.

"Vacío constitucional"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se había referido a ese supuesto “vacío constitucional” en rueda de prensa a finales de enero pero no había elaborado sobre la fórmula que se podía haber utilizado para puentear al monarca. Este martes, Rajoy lo ha hecho con detalle. “Aquí ya hay un precedente, algo que ocurrió en la Comunidad de Madrid”, ha dicho en referencia a la repetición de elecciones en 2003 tras el llamado tamayazo (caso de transfuguismo del PSOE que impidió al socialista Rafael Simancas ser presidente).

Entonces, el Consejo de Estado elaboró un informe bien claro: se establecía que si no había candidato en un plazo de 15 días después de constituirse la Asamblea, el artículo 182.1 del Reglamento de la misma daba por iniciado el periodo de dos meses establecido en el Estatuto de autonomía para, una vez finalizado sin haber logrado una investidura, volver a convocar las elecciones.

Mucho se había especulado hasta ahora sobre los deseos encontrados del Gobierno y de Zarzuela para enfrentarse a una situación nueva en España. Rajoy ha hablado de ello este martes con Carlos Alsina sin nombrar en ningún momento al Rey: “El 23 de diciembre Pedro Sánchez me dijo que no y a partir de ahí yo no fui a la sesión de investidura [sic]. El señor Sánchez fue, no buscó el acuerdo con nosotros, él buscó el acuerdo con Ciudadanos, eso no servía para nada, como al final quedó acreditado. En este momento estamos como hace tres meses”.

“La aritmética es la aritmética y no conviene discutirla”, ha concluido Rajoy, que ha insistido en que desde el año 1977 en España ha gobernado “el primero, el que ganó las elecciones”. Ante la insistencia de Alsina, Rajoy le ha quitado mérito al hecho de que Pedro Sánchez hizo correr “el reloj de la democracia” presentándose a una investidura fallida.

El presidente ha insistido en que “el reloj procesal” se podía haber puesto en marcha de la manera en la que se hizo en Madrid en 2003: “Francamente yo no veo que la sesión de investidura sea para establecer cosas procesales, sino para cosas importantes como es la elección de un presidente del Gobierno. Por lo menos no le hice perder el tiempo a los españoles como ocurrió”.

La negativa del PSOE

Según Rajoy, el motivo de su desistimiento no fue que el 22 de enero por la mañana Pablo Iglesias dio una rueda de prensa para presentar un hipotético Gobierno con el PSOE: “La razón fundamental es que el líder del partido socialista me había transmitido a mi el 23 de diciembre que en ningún caso iba a propiciar un gobierno del partido popular. Yo sabía que si me presentaba tendría a más de la mitad de la Cámara en contra y por lo tanto no tenía ningún sentido que yo me presentase salvo para hacer correr ese plazo de dos meses”.

Según fuentes gubernamentales, Rajoy ha desvelado en Onda Cero la “hipótesis de trabajo” que utilizó el Gobierno a finales de enero ante una situación inédita en España: que no hubiera candidato a la presidencia del Gobierno. “Nunca se pidió un informe al Consejo de Estado porque el proceso de investidura no le corresponde al Gobierno [en funciones] sino a la Jefatura del Estado o a las Cortes Generales”, explican estas fuentes oficiales, que insisten en que sólo se utilizaron los “servicios jurídicos del Estado”.