El ex embajador en Finlandia reconoce que tenía una 'caja b' para alcohol y tabaco

El ex embajador de España en Finlandia, Marcos Vega Gómez, ha reconocido hoy que en la Embajada existía una "cuenta opaca, una cuenta 'B' que servía para otros fines, como alcohol y tabaco". Así lo ha reconocido en su interrogatorio como acusado en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional. La Fiscalía pide para él 10 años de cárcel por haber contratado en 2011 a tres empleadas domésticas de Filipinas y Kenia de manera ilegal y con dinero público, con el que llegó a costear el viaje en avión de dos de ellas desde sus países de origen.

La fiscal le ha preguntado si en esa cuenta 55991 se pasaron los gastos de las empleadas domésticas. Al negar tal extremo, ha reconocido que esa cuenta era opaca a la contabilidad oficial de la Embajada y se utilizaba para otros fines.

Vega ha cargado todas las culpas contra el canciller Ismael Medina, quien llevó a cabo todo el proceso de selección de las trabajadoras. "Es el canciller quien hace todas las gestiones ", ha señalado. También ha asegurado que el Ministerio era conocedor de estas contrataciones y si no fue informado " no fue mi responsabilidad".

Ha insistido que Medina era el encargado de toda la contabilidad. Vega está acusado de delitos de malversación, prevaricación y falsificación de documento oficial, por los que se enfrenta también a una petición fiscal de 21 años de inhabilitación absoluta o para cargo público.

Empleadas ilegales

El fiscal explica en su escrito de acusación que el embajador contactó en junio de 2011 con dos mujeres de Filipinas y Etiopía para que se desplazasen a Finlandia y prestaran servicios de empleadas del hogar en su residencia oficial. Ambas, siguiendo sus indicaciones, viajaron desde sus países a España, donde sus embajadas les proporcionaron un visado, tras lo que entraron en Finlandia como turistas.

Estos viajes los pagó el acusado, sin autorización, con dinero de la caja de la Embajada, para lo que gastó un total de 2.095 euros de dinero público que las mujeres debían luego reintegrar.

Una vez llegaron a Finlandia, el embajador firmó con ellas acuerdos (que no contratos) para emplearlas, sabiendo que no tenían permiso de trabajo ni residencia en el país nórdico, por 800 euros netos al mes, así como manutención y alojamiento en la residencia.

Estos acuerdos de prestación de servicios con las mujeres estuvieron vigentes hasta que se convocaron sus plazas oficialmente, cosa que ocurrió al mismo tiempo.

Según la fiscal, las dos plazas se les adjudicaron arbitrariamente (el embajador era el presidente del órgano de selección) aun cuando no cumplían los requisitos porque no tenían permiso de trabajo.

Una vez se les adjudicaron los puestos, Vega firmó con ellas cuatro contratos irregulares, dos de ellos en español y otros dos en inglés, que fueron rescindidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores en diciembre de 2013 porque no cumplían los requisitos de las bases de la convocatoria.

Además, el acusado realizó gestiones con la Embajada de Filipinas para contratar a una tercera empleada doméstica de forma ilegal, ya que el Ministerio había fijado un límite de dos plazas para ese cometido, y pretendía pagarle con la diferencia entre los sueldos que había declarado abonar a las otras dos limpiadoras y el dinero que realmente les daba, de menor cantidad.

Por estos hechos, la fiscal Carmen Monfort pide para el exembajador 5 años de prisión por el delitos malversación y otros 5 por falsificación de documento oficial. También reclama inhabilitación absoluta por 8 años por malversación y 13 años más de inhabilitación para cargo público por falsificación y prevaricación.