La Junta de Andalucía recibió ayer la carta por la que el Ministerio de Hacienda, bajo la amenaza de medidas coercitivas, le advierte de que tiene que abordar en el plazo de quince días un plan de ajuste por importe de 600 millones, lo que se corresponde con el montante que se ha excedido del objetivo de déficit fijado para las comunidades autónomas. La presidenta andaluza, Susana Díaz, lo dijo claro hace un par de días, pero ha vuelto a la carga en el Parlamento andaluz: no va a aplicar más recortes y menos aún en colegios, hospitales o para atender a dependientes.

En este pulso no se puede decir que Andalucía se vaya a convertir en una comunidad insumisa, pero sí rebelde a nuevos tijeretazos, al menos, hasta que reciban las explicaciones oportunas del ministerio que ostenta Cristóbal Montoro. El lugar propicio para que se dieran esas explicaciones, según fuentes de la Consejería de Hacienda, no es otro que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que no se reúne desde hace casi un año y que consideran es donde debería discutirse este asunto, en lugar de enviar cartas.

Entre esas explicaciones que se esperan está que se aclare el juego, o el "eufemismo", utilizado por Montoro para esquivar hablar de nuevos recortes, apelando a que de lo que se trata es de "no disponibilidad de créditos". Tampoco convencen las cuentas ministeriales. Tal y como recoge la misiva enviada por el Ministerio, se asegura que con la "financiación adicional" de los 17.344 millones por los fondos del sistema de financiación autonómica y gracias a los 522,2 millones del ahorro en intereses por el fondo de liquidez autonómica (FLA), Andalucía no debería tener problema con cumplir ese límite del déficit, y la clave está en la reducción del gasto público.

En la Junta sostienen que sí se trata de recortes, porque no es otra cosa que “quitar” o una “retirada” de gasto, como ha descrito la consejera del ramo, María Jesús Montero. De hecho, esos 522,2 millones de ahorro por los intereses por el FLA ya están consignados en los presupuestos de 2016, aprobados el pasado mes de diciembre. En caso de que haya que hacerlos, según estas fuentes, lo que sí quieren es que sea el propio Montoro el que se retrate y diga de dónde. Tendrá que hacerlo porque Susana Díaz tiene claro que hay partidas que no se van a tocar.

El caso de Andalucía, no obstante, no es el peor. Está en el grupo de comunidades más cumplidoras según el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y es una de las seis comunidades que puede que se ciña el objetivo de déficit de 2016. Además, es la tercera comunidad del régimen común con mejor dato (no cuenta el País Vasco, que tiene un régimen propio). Desde la Junta entiende que se va a ajustar a su objetivo presupuestario y que, por tanto, “no sería necesario retirar gasto”, ha subrayado Montero.

¿Ultimátum de Bruselas?

En el Ejecutivo andaluz tienen claro que todo es una estrategia política. Para empezar, porque ha habido otras comunidades como Cataluña y Valencia, que meses atrás estaban en una situación muy delicada e incumpliendo los plazos de pago a proveedores y, sin embargo, en ese momento no se actuó (ya lo han corregido), mientras sí se ha hecho ahora sobre Extremadura y Aragón, que políticamente tienen menos peso, y sí se les ha retenido su financiación.

A esto se suma el factor electoral. Díaz está convencida que se trata de una estrategia de “intimidar” a las comunidades y que el problema puede ser un “ultimátum” que la UE ha dado al Gobierno de Mariano Rajoy, y le ha retado a dar explicaciones, porque los ciudadanos tienen derecho a saberlo y “no tener que enterarse dentro de tres meses”. “Algunos piensan que están en campaña y quieren echar la culpa a las comunidades autónomas, que están infrafinanciadas, cuando lo que queremos es un reparto de déficit justo”, ha dicho Díaz durante la sesión de control en la Cámara andaluza.

“No estamos dispuestos a dejar a enfermos sin hospital, a niños sin aulas, a mujeres maltratadas sin apoyo o a dependientes sin asistencia”, ha apuntado la presidenta andaluza, parafraseando a la consejera de Hacienda de Castilla-León, la popular María del Pilar del Olmo.