El juez: "Banco Madrid tenía una solvencia muy superior a la media del sector"

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu acaba de dar carpetazo al delito de insolvencia punible por el que se perseguía al Banco Madrid y sus máximos responsables después de que Estados Unidos alertara que su matriz, Banca Privada de Andorra, colaboraba en el blanqueo de capitales de dirigentes venezolanos y miembros de las mafias, como la china o la rusa. El magistrado, no obstante, les mantiene la imputación por el delito de blanqueo pero sostiene que ya no es competente de la Audiencia Nacional y debe investigarlo un juzgado ordinario de Madrid, tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción.

Los imputados a los que se les quita el delito de insolvencia punible pero se les mantiene el de blanqueo de capitales son el propio banco, los dueños, Higini y Ramon Cierco, el presidente, José Pérez, y los miembros del consejo de administración, Joan Pau Miquel, Soledad Núñez, Ricard Climent y Rodrigo Achirica.

El auto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, es muy tajante en lo que se refiere a la insolvencia punible. "Tras la práctica de la totalidad de las diligencias de investigación acordadas y solicitadas por las partes, es un hecho constatado y aceptado por todas las partes, ya sean acusadoras o investigadas, que el Banco de Madrid disponía de unos ratios de solvencia muy superiores a la media del sector, disponiendo de sobrada capacidad para atender a sus compromisos económicos y sin que quepa hablar de la existencia de un delito de insolvencia punible, al que se refiere el Ministerio Fiscal en su informe", recoge la resolución.

Esta afirmación es la que mantuvo desde el principio la entidad bancaria, cuando aseguró que había suficiente dinero en la entidad para pagar a todos los acreedores, una vez que el Banco de España intervino la entidad, provocando el final del banco. Estos datos demuestran que la filial de la BPA era un negocio solvente, hasta que Estados Unidos comunicó la alerta sobre esa posible colaboración en el blanqueo de capitales.

Intervenido y a concurso

Banco Madrid, propiedad 100% de la Banca Privada de Andorra (BPA), fue intervenido el 10 de marzo de 2015 por el Banco de España después de que el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas interviniera, a su vez, a BPA debido al anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de que la entidad andorrana había colaborado en el blanqueo de capitales procedentes del crimen.

Seis días después, Banco Madrid entró en concurso de acreedores debido al "fuerte deterioro de la situación financiera como consecuencia de las importantes retiradas de fondos de clientes que se han producido", señaló el Banco de España en un comunicado.

Inicialmente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional informó a favor de admitir a trámite una querella interpuesta por una sociedad, cliente del banco, y sostuvo que era competencia de este órgano judicial precisamente por encontrarse ante un delito de defraudación, en concreto un delito de insolvencia punible con una generalidad de perjudicados.

Precisamante, este delito era el que hacía que la Audiencia Nacional fuera la competente para investigar a Banco Madrid. Una vez que Andreu ha confirmado que ese delito no se cometió, el resto de la investigación debe quedar fuera de este tribunal. Se trata de las operativas sospechosas de blanqueo que recogió el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capital (SEPBLAC) en un informe tras la alerta de Estados Unidos. Concretamente, señala a ciertos clientes como la sociedad Development Diagnostic Company -del mafioso rusa Andrei Petrov-, Era Trading, Grupo Pere Oriol, Alquería Dolores S.L., Convergence Capital Partners, así como los venezolanos Nervis Villalobos, Javier Alvarado, Francisco Jiménez Villaroel o el Grupo Omar Jesús Farías, entre otros.

La causa queda limitada

"Habiendo quedado la presente causa limitada a la investigación de las citadas operativas, así como la posible responsabilidad que, en su caso, pudieran derivarse para con los responsables de Banco de Madrid y de la propia entidad bancaria, y no contando en las actuaciones ningún hecho delictivo capaz de subsumirse en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, procede la inhibición en el conocimiento de la causa a favor de los Juzgados de Instrucción de Madrid, al ser este el partido judicial en que radica la sede de la entidad bancaria a través de la cual se realizaron las operativas sospechosas de constituir delito de blanqueo de capitales", recoge en el auto.

Tras saltar la denuncia norteamericana, el Sepblac emitió un duro informe en el que aseguraba que el Banco Madrid no había alertado de movimientos sospechosos de ciertos clientes suyos. Sin embargo, de la documentación que obra en la causa, y que ya publicó este diario, la entidad había remitido información sospechosa sobre Nervis Gerardo Villalobos, ex viceministro de Energía del Gobierno venezolano de Hugo Chávez, en 2011, cuatro años antes de que saltara el escándalo que llevó a la entidad a su intervención.

Según las actas del banco, desde diciembre de 2011 el servicio de inteligencia financiera, dependiente del Ministerio de Economía, sabía que el ex dirigente chavista Nervis Gerardo Villalobos tenía en España cuentas en las que recibió transferencias de paraísos fiscales e incluso disponía a su nombre de sociedades radicadas en zonas fiscalmente poco controladas, como las Islas Vírgenes Británicas o Madeira.

Banco Madrid sí alertó de sospechosos

Fue el propio Sepblac el que requirió al banco madrileño datos que se aportaron al cabo de un mes. Sin embargo, hasta que Estados Unidos no soltó la voz de alarma de que la entidad andorrana estaba colaborando con el régimen chavista en el presunto blanqueo de capitales, España no actuó.

Los documentos incorporados al procedimiento judicial ponen de manifiesto que el Sepblac conocía, mucho antes de marzo de 2015, que al menos un dirigente chavista movía dinero en España, lo que contradice la versión que se dio en el momento de la intervención de la entidad de que ésta no había alertado de ciertas personas vinculadas al régimen bolivariano.

Anticorrupción investiga a Duro Felguera

Precisamente respecto de Villalobos, la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación independiente, por unos presuntos pagos irregulares a la compañía española Duro Felguera, que se conocieron por los papeles de Banco Madrid. El Ministerio Público tiene investigados tanto al ex dirigente chavista como al presidente de la compañía española, Ángel Antonio del Valle, así como a su ex presidente, Juan Carlos Torres Inclán, por un presunto delito de cohecho internacional. Los indicios apuntan a que el grupo empresarial energético habría pagado al que fuera viceministro de Energía con el Gobierno de Hugo Chávez a cambio de mediar en la adjudicación de una central termoeléctrica de ciclo combinado de 1.080 MW (Termocentro).

Los tres investigados ya han sido citados a declarar en la sede de la Fiscalía Anticorrupción y ahora están pendientes de que se presente una querella contra ellos para que se judicialice el asunto.

Anticorrupción tuvo conocimiento de pagos de Duro Felguera al ex dirigente chavista tras el informe del Sepblac, que analizaba varias cuentas del Banco Madrid. En el caso de Villalobos, disponía de varias cuentas en Banco Madrid, a través de las cuales recibió transferencias de paraísos fiscales e incluso disponía a su nombre de sociedades radicadas en zonas fiscalmente poco controladas, como las Islas Vírgenes Británicas o Madeira.

El ex dirigente chavista poseía varias sociedades radicadas en paraísos fiscales además de otra en Venezuela, Ingeniería Gestión Proyectos Energía (Ingrespre), a través de la cual se firmó el contrato con Duro Felguera. El informe del SEPBLAC a Anticorrupción de 2015 ponía en duda este contrato de asesoramiento para la "posible consecución de una Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado de 1080 W".