Carmena todavía no ha cobrado el 'chollo' que regaló a Varoufakis
El contrato firmado por el Ayuntamiento exigía que el pago se abonase el mismo día de su firma -19 de febrero-.
9 abril, 2016 02:03Noticias relacionadas
Enfundado en una cazadora de cuero negra con varias cremalleras de adorno, Yanis Varoufakis encandiló al público que asistió al Matadero de Madrid -utilizado como espacio de eventos-. Habló de derrotar al régimen de la Troika y aconsejó no seguir sus recetas. Todo ello tirado de precio y hasta ahora gratis.
Plan B -organizadora de unas jornadas de la izquierda unitaria europea que tuvieron lugar entre el 19 y el 21 de febrero- todavía no ha pagado el dinero que debe al Ayuntamiento por la celebración del acto, a pesar de que el contrato exigía que el importe se abonara el mismo día de su firma.
El exministro de Finanzas griego llegó a Madrid como una estrella del rock. Su nombre era el primero y el más grande en el cartel de la concentración “contra la austeridad”. Los apellidos de sus teloneros correspondían a políticos de Podemos o Ecologistas en Acción. El menú de los talleres lo completaban caras visibles de formaciones como Equo, Bildu, Barcelona en Común y Ahora Madrid. Las jornadas llegaron a Madrid gracias a la suculenta oferta del Ayuntamiento, que las consideró de "utilidad pública" para poder facilitar a Plan B un descuento del 70%.
Un descuento del 70%
Plan B consiguió una oferta de 6.900 euros, frente a los cerca de 23.000 que se cobran habitualmente. Un portavoz del Consistorio asegura a este periódico que se está siguiendo “el proceso de facturación habitual”, pero el abono todavía no se ha producido, cuando el contrato lo exige el mismo día de su firma. Ciudadanos, en vía parlamentaria, ha requerido los justificantes de pago y tampoco se le han remitido.
Esta asociación logró una rebaja del 70% respecto al precio formal. La jugosa oferta es fruto de un dictamen de Ahora Madrid, que calificó el evento de “utilidad pública” para así proporcionarle este descuento, propio de las actuaciones consideradas de interés general.
En concreto, fue Rommy Arce -concejala presidenta del distrito de Arganzuela- quien tomó esta decisión. La edil forma parte de Anticapitalistas -una de las corrientes que nutre Plan B- y participó en el acto, aunque no como ponente. En las jornadas sí que intervino Carlos Sánchez Mato, concejal y responsable de Economía del Ayuntamiento.
Un acto de "utilidad pública"
En el documento que lo acredita, el equipo de Carmena justifica así la decisión de declarar de utilidad pública este acto en el que participaban, en su mayoría, movimientos afines a su Ejecutivo: “Desde la junta se consideraron las jornadas de interés público por la amplia oferta de actividades, talleres y foros que abordaban temas de actualidad como la crisis, el problema energético y la situación de la mujer”.
Cuando a Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento, le preguntaron en rueda de prensa si sólo era política de interés social la de su Gobierno, respondió: “Los partidos tienen derecho a participar en la vida pública. No sólo el mío, sino todos. Es una acción que contribuye a la discusión y que no tiene nada de malo. Si consideran que se ha producido una ilegalidad -dijo en relación a Ciudadanos-, que acudan a los tribunales. Estamos muy tranquilos”.
El contrato arroja algunas dudas más. Plan B inició el montaje de la logística el 18 de febrero, cuando ni siquiera se había firmado el acuerdo. El precio por jornada de montaje, casi 2.000 euros, por tanto, no se cobró, denuncia Ciudadanos. Si a esto se suma la utilización de las salas adyacentes, la organización tendría que haber pagado más de 40.000 euros -ateniéndonos a la tarifa normal-. Aunque en el contrato no hay rastro de ello.
Plan B no estaba en el registro de asociaciones
Plan B no existía como asociación, por lo que no podía firmar el acuerdo. Según ha revelado la formación de Rivera, se constituyeron como tal ante notario el 16 de febrero, tan sólo tres días antes de rubricar el contrato. La organización adujo como domicilio la calle Embajadores 35, donde también aparece registrado el despacho de Miguel Urbán -eurodiputado de Podemos-. La “Asociación Plan B para Europa” firmó el contrato recién salida del horno del notario, pero sin figurar todavía en el registro de asociaciones.
Más allá del montaje y la reserva del espacio, Plan B disfrutó de otros servicios como interpretación simultánea, sonido audiovisual, material informativo y streaming. Al no entrar estos puntos en la oferta arrancada al Ayuntamiento, dio la opción a sus seguidores de contribuir con microdonaciones a su financiación.
Pero a día de hoy, tan sólo uno de estos servicios ha sido sostenido mediante este método: el streaming. La interpretación simultánea fue cifrada en 10.000 euros, de los cuales se han recaudado 1.820. El sonido audiovisual costó 5.500; se lograron 960. El material informativo fue previsto en 3.500 y se consiguieron 535. Todavía no se ha concretado cómo se pagaron estas prestaciones.